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PRM pide llevar a la Justicia a responsables de compra de equipos en la JCE
A través de un documento entregado en la Secretaría General de la JCE, el PRM consideró «indispensable que el país supere la desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema electoral, base fundamental de la institucionalidad democrática».
Santo Domingo, 16 nov (EFE).- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reclamó hoy a la Junta Central Electoral (JCE) denunciar ante la Justicia a los responsables de la compra de los equipos tecnológicos utilizados por ese órgano en el escrutinio y transmisión de los resultados de las elecciones generales de 2016.
A través de un documento entregado en la Secretaría General de la JCE, el PRM consideró “indispensable que el país supere la desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema electoral, base fundamental de la institucionalidad democrática”.
“Les solicitamos formalmente cumplir con su responsabilidad de ley de poner en marcha la acción judicial contra los responsables de las señaladas violaciones, tantas veces denunciadas por la oposición y entidades de la sociedad civil, y ahora documentadas por la propia Dirección de Informática de la JCE”, señaló el PRM en el documento.
El partido opositor hizo su solicitud dos días después de que la empresa española Indra Sistemas reclamara a la JCE una deuda por 13,9 millones de dólares por la instalación y operación de los escáneres utilizados en las pasadas elecciones.
El pleno de la JCE conoció el martes una comunicación enviada por la empresa el 17 de octubre y recibida por el órgano electoral el 2 de noviembre pasado.
La JCE informó, sin embargo, que esperará un informe especial que realiza la Cámara de Cuentas sobre la compra de dichos equipos para decidir en torno a la deuda que le reclama la empresa española, según un comunicado emitido por el órgano electoral.
Varias entidades han reclamado estos días la apertura de una investigación penal sobre el proceso de compra y uso de los equipos tecnológicos utilizados por la JCE en el escrutinio y transmisión de los resultados de las elecciones de 2016 en la República Dominicana. Esto, después, de que un informe de la actual JCE revelara que la solución de equipos y servicios adquiridos a la española Indra “se definió como una caja negra en la cual no se permitió la participación de los técnicos calificados” de la Dirección de Informática del órgano electoral.
“Debido a lo anterior, se produjo el primer proceso electoral de la República Dominicana desde la fundación de la Junta Central Electoral, en el cual la JCE otorga el control del proceso a un tercero”, agregó el informe de la entidad.EFE
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.