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PRM pide llevar a la Justicia a responsables de compra de equipos en la JCE
A través de un documento entregado en la Secretaría General de la JCE, el PRM consideró «indispensable que el país supere la desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema electoral, base fundamental de la institucionalidad democrática».
Santo Domingo, 16 nov (EFE).- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reclamó hoy a la Junta Central Electoral (JCE) denunciar ante la Justicia a los responsables de la compra de los equipos tecnológicos utilizados por ese órgano en el escrutinio y transmisión de los resultados de las elecciones generales de 2016.
A través de un documento entregado en la Secretaría General de la JCE, el PRM consideró “indispensable que el país supere la desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema electoral, base fundamental de la institucionalidad democrática”.
“Les solicitamos formalmente cumplir con su responsabilidad de ley de poner en marcha la acción judicial contra los responsables de las señaladas violaciones, tantas veces denunciadas por la oposición y entidades de la sociedad civil, y ahora documentadas por la propia Dirección de Informática de la JCE”, señaló el PRM en el documento.
El partido opositor hizo su solicitud dos días después de que la empresa española Indra Sistemas reclamara a la JCE una deuda por 13,9 millones de dólares por la instalación y operación de los escáneres utilizados en las pasadas elecciones.
El pleno de la JCE conoció el martes una comunicación enviada por la empresa el 17 de octubre y recibida por el órgano electoral el 2 de noviembre pasado.
La JCE informó, sin embargo, que esperará un informe especial que realiza la Cámara de Cuentas sobre la compra de dichos equipos para decidir en torno a la deuda que le reclama la empresa española, según un comunicado emitido por el órgano electoral.
Varias entidades han reclamado estos días la apertura de una investigación penal sobre el proceso de compra y uso de los equipos tecnológicos utilizados por la JCE en el escrutinio y transmisión de los resultados de las elecciones de 2016 en la República Dominicana. Esto, después, de que un informe de la actual JCE revelara que la solución de equipos y servicios adquiridos a la española Indra “se definió como una caja negra en la cual no se permitió la participación de los técnicos calificados” de la Dirección de Informática del órgano electoral.
“Debido a lo anterior, se produjo el primer proceso electoral de la República Dominicana desde la fundación de la Junta Central Electoral, en el cual la JCE otorga el control del proceso a un tercero”, agregó el informe de la entidad.EFE
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.