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Dos de los tres que echaron a Pedro en el pozo, se retan a someterse a investigación patrimonial ante la ONU.
Como irresponsables y falsos calificó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) los señalamientos del PLD sobre la declaración jurada de patrimonio del Presidente de la República, Luis Abinader Corona.
Mediante un comunicado de prensa, el partido de gobierno establece que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) disfrazó la corrupción con el secuestro de los organismos de control y por la falta de transparencia.
Además ha realizado un ejercicio irresponsable de la política por décadas y cuya credibilidad ante la Nación ha estado mermada precisamente por la falta de transparencia, la pobre rendición de cuentas y los evidentes casos de corrupción que salpican a su alta dirigencia.
A continuación las diez razones por las que el PRM y el presidente Abinader siguen enarbolando la bandera de la transparencia, el apego a la leyes y a la constitución dominicana.
1. El presidente Luis Abinader cumplió con el mandato de la Ley 314-11 sobre Declaración Jurada de Patrimonio al depositar en la Cámara de Cuentas todos los documentos relativos al patrimonio personal y al compartido con su familia, señal inequívoca de transparencia.
2. Para lograr la desvinculación total de la gestión de los bienes familiares, al momento de ser electo para su actual función, el Presidente Abinader, junto con su familia, optó por constituir un fideicomiso de administración conforme a la Ley No. 189-11 para del Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana y su normativa complementaria.
3. Desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia y ya no forma parte de ninguno de los órganos de gestión de las entidades referidas, ya sean compañías dominicanas o constituidas en el extranjero.
4. Con respecto al señalamiento de las sociedades Padreso S.A y Littlecot Inc están incluidas en la Declaración Jurada del presidente Abinader a través de Estella y los documentos anexos depositados en la Cámara de Cuentas. Estas compañías, que sólo poseen inmuebles en la República Dominicana, tienen RNC y pagan el IPI desde su fundación.
5. El Washington Post y el periódico El País hacen referencia de la transparencia del presidente Abinader cuando indican que incluyó su patrimonio y todas sus empresas en su Declaración Jurada.
6. El PLD ni ninguno de sus dirigentes dieron importancia a la transparencia. En los años que fueron gobierno se ocuparon de secuestrar a todos los organismos de control para no tener que rendir cuentas ante los ciudadanos.
8. Ante esta declaración visiblemente politiquera y promoviendo el ejercicio de una política diferente como nos ha caracterizado, el Partido Revolucionario Moderno rechaza las declaraciones de un partido que ha realizado un ejercicio irresponsable de la política por décadas y cuya credibilidad ante la Nación ha estado mermada precisamente por la falta de transparencia, la pobre rendición de cuentas y los evidentes casos de corrupción que salpican a su alta dirigencia.
9. El presidente Luis Abinader, ha sido un aliado de la transparencia y la ha predicado con su ejemplo en todo momento.
10. Realizando el ejercicio de una política diferente como nos ha caracterizado, el Partido Revolucionario Moderno propone que todos los dirigentes de los partidos políticos del país sean sometidos a una investigación patrimonial internacional realizada por una Comisión especializada de la Organización de Naciones Unidas y Transparencia Internacional y en consecuencia retamos al Partido de la Liberación Dominicana a aceptarlo.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.