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Dos de los tres que echaron a Pedro en el pozo, se retan a someterse a investigación patrimonial ante la ONU.
Como irresponsables y falsos calificó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) los señalamientos del PLD sobre la declaración jurada de patrimonio del Presidente de la República, Luis Abinader Corona.
Mediante un comunicado de prensa, el partido de gobierno establece que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) disfrazó la corrupción con el secuestro de los organismos de control y por la falta de transparencia.
Además ha realizado un ejercicio irresponsable de la política por décadas y cuya credibilidad ante la Nación ha estado mermada precisamente por la falta de transparencia, la pobre rendición de cuentas y los evidentes casos de corrupción que salpican a su alta dirigencia.
A continuación las diez razones por las que el PRM y el presidente Abinader siguen enarbolando la bandera de la transparencia, el apego a la leyes y a la constitución dominicana.
1. El presidente Luis Abinader cumplió con el mandato de la Ley 314-11 sobre Declaración Jurada de Patrimonio al depositar en la Cámara de Cuentas todos los documentos relativos al patrimonio personal y al compartido con su familia, señal inequívoca de transparencia.
2. Para lograr la desvinculación total de la gestión de los bienes familiares, al momento de ser electo para su actual función, el Presidente Abinader, junto con su familia, optó por constituir un fideicomiso de administración conforme a la Ley No. 189-11 para del Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana y su normativa complementaria.
3. Desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia y ya no forma parte de ninguno de los órganos de gestión de las entidades referidas, ya sean compañías dominicanas o constituidas en el extranjero.
4. Con respecto al señalamiento de las sociedades Padreso S.A y Littlecot Inc están incluidas en la Declaración Jurada del presidente Abinader a través de Estella y los documentos anexos depositados en la Cámara de Cuentas. Estas compañías, que sólo poseen inmuebles en la República Dominicana, tienen RNC y pagan el IPI desde su fundación.
5. El Washington Post y el periódico El País hacen referencia de la transparencia del presidente Abinader cuando indican que incluyó su patrimonio y todas sus empresas en su Declaración Jurada.
6. El PLD ni ninguno de sus dirigentes dieron importancia a la transparencia. En los años que fueron gobierno se ocuparon de secuestrar a todos los organismos de control para no tener que rendir cuentas ante los ciudadanos.
8. Ante esta declaración visiblemente politiquera y promoviendo el ejercicio de una política diferente como nos ha caracterizado, el Partido Revolucionario Moderno rechaza las declaraciones de un partido que ha realizado un ejercicio irresponsable de la política por décadas y cuya credibilidad ante la Nación ha estado mermada precisamente por la falta de transparencia, la pobre rendición de cuentas y los evidentes casos de corrupción que salpican a su alta dirigencia.
9. El presidente Luis Abinader, ha sido un aliado de la transparencia y la ha predicado con su ejemplo en todo momento.
10. Realizando el ejercicio de una política diferente como nos ha caracterizado, el Partido Revolucionario Moderno propone que todos los dirigentes de los partidos políticos del país sean sometidos a una investigación patrimonial internacional realizada por una Comisión especializada de la Organización de Naciones Unidas y Transparencia Internacional y en consecuencia retamos al Partido de la Liberación Dominicana a aceptarlo.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.