Consideró que, duélale a quien le duela y caiga quien caiga, la Procuraduría seguirá trabajando, profundizando y ampliando la investigación local que inició el pasado 26 de diciembre, utilizando todos los recursos que tiene a su alcance.

Expresó que, a través de esas pesquisas ampliadas, en el país y en el extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará evidencias adicionales a las que ya posee, hasta el momento, en contra de los imputados, las cuales hará valer cuando llegue la ocasión de presentar formal acusación en contra de estos. Señaló que, para esos fines, tiene un plazo de ocho meses. Sobre el pronunciamiento de Germán Brito, dijo que corresponde más bien para cuando se efectúe el juicio preliminar o el juicio de fondo, no así para el actual momento procesal de investigación en desarrollo.

Destacó que mediante la ampliación y profundización de la investigación se persigue establecer, con precisión, si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en el país.

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Alain Rodríguez garantizó que quienes sean resulten involucrados, tal y como se ha hecho y corresponde, también serán puestos a disposición de la justicia.

Para la magistrada Germán Brito, en el estado actual del proceso y con lo aportado para la medida de coerción, “se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada en el curso de la investigación”, no augura un futuro esperanzador, por el momento, del juicio a fondo.

Reconoció que su decisión les puede echar “un montón” de descalificaciones, rumores, insultos y tuitear alevoso, “por iniciativa propia o por encargo”.

Sin embargo, la magistrada Germán Brito expresó que mal juez sería ella si dejara de actuar conforme a la Constitución y las leyes y, lo que es más grave, conforme a su conciencia frente a una sentencia que considera “vulnera derechos fundamentales”.

“En mi ejercicio como juez tengo mi prenda más preciosa: un pequeño espacio en el cual soy mi propia dueña que no se lo cedo a nadie”, indicó.

Justificó la variación de la medida de coerción a los imputados por considerar que los procesados no intentaron sustraerse a las actuaciones judiciales y comparecieron, incluso, cuando fueron requeridos.

Decisión del tribunal
El tribunal, presidido por la magistrada Miriam Germán Brito, ordenó la libertad de Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y César Sánchez, y le impuso el pago de garantía economía, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Público, como medida de coerción.

Asimismo, el tribunal integrado por Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Hiroíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas, revocó la prisión preventiva que pesaba en contra del abogado Conrado Pittaluga por la de arresto domiciliario, por un período de nueve meses.

Igualmente el tribunal, dispuso el mantenimiento en prisión del empresario Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa, tras rechazar los recursos de apelación presentados a través de sus abogados Juan Antonio Delgado, Pedro Balbuena y Miguel Valerio.

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