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Procurador dice obstaculizaría investigación del caso Odebrecht dejar en libertad a imputados
«A partir de importantes hallazgos primarios obtenidos durante las pesquisas locales, la Procuraduría se ha enfocado en profundizar y ampliar más las investigaciones en el plano internacional».
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, advirtió que sería un obstáculo para la continuación y profundización de las investigaciones, dejar en libertad o sin ninguna medida de coerción a los 10 imputados del caso Odebrecht que apelaron.
Rodríguez destacó que este riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la sentencia de medidas de coerción que dictó el pasado 7 de junio.
Recalcó que fue entendido hasta el punto de que a los 13 imputados presentes, sin excepción, le impuso algún tipo de medida coercitiva incluida la prisión preventiva para 8, el arresto domiciliario para 2, y garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados.
Enfatizó además que esa sentencia de medidas coerción dictada por el juez Ortega Polanco “es una prueba irrefutable del buen trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso de los sobornos pagados por Odebrecht, indicando que ahora está en manos de los jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra el grave riesgo de verse afectada por maniobras que puedan realizar los imputados”.
Aseveró que a partir de importantes hallazgos primarios obtenidos durante las pesquisas locales, la Procuraduría se ha enfocado en profundizar y ampliar más las investigaciones en el plano internacional.
Asimismo, indicó que para ello cuentan con apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público Federal de Brasil, y autoridades de otras naciones europeas y latinoamericanas.
Explicó también que a través de estas diligencias investigativas ampliadas, en el país y en el extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará pruebas adicionales a las que ya posee en contra de los 14 imputados hasta el momento, evidencias estas que hará valer al momento de presentar formal acusación en contra de los mismos, recordando que para esto fue autorizado judicialmente un plazo de 8 meses.
Manifestó que mediante la ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló del país.
Reiteró que espera que los honorables jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, entiendan que para proteger las pesquisas del caso Odebrecht resulta indispensable mantener en prisión a los imputados que han apelado la sentencia judicial mediante la cual se les impuso medidas de coerción.
Agregó que es respetuoso de la independencia de los poderes del Estado, por lo que debe respetar cualquier decisión que en este sentido sea adoptada y que en caso de considerarlo necesario, por no compartir el criterio, la recurriría a través de los canales legales correspondientes.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.