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Procurador dice “trabajan para acercar el Ministerio Público a la sociedad”
«Los jueces, en su función constitucional de administradores de la justicia, son los árbitros que deciden finalmente los expedientes, de naturaleza penal en nuestro caso».
Jean Alain Rodríguez, procurador General de la República.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que el plan de trabajo que desarrollan está enfocado en el fortalecimiento institucional y que procuran acercar el Ministerio Público cada vez más a todos los ciudadanos.
El magistrado Rodríguez habló del tema al encabezar el conversatorio “Rol del Ministerio Público” junto al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños.
“Esta actividad forma parte del plan institucional, definido y pensado cuidadosamente para acercar al Ministerio Público a la comunidad, en especial a aquellos usuarios no especializados en derecho penal”, manifestó al pronunciar las palabras de bienvenida.
Al referirse al plan que llevan a cabo para tener mejores servicios y mayor atención especializada al ciudadano, dijo que el fortalecimiento institucional se ha convertido en el norte a seguir con un intenso enfoque en los recursos humanos, por lo que procuran completar el déficit de fiscales que tienen muchas jurisdicciones a través de una convocatoria reciente de ingreso a la carrera del Ministerio Público.
Dijo que a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), que a finales del año 2016 se convirtió en Instituto de Educación Superior, continúan fortaleciendo la capacitación de los miembros de la institución.
“Con fiscales experimentados y más capacitados, no solo contaremos con mejores mentores para los nuevos integrantes, sino con un acervo de experiencias que favorecen tanto al ciudadano al momento de recibir los servicios, como al mismo Ministerio Público”, manifestó Rodríguez.
Asimismo, agregó que están trabajando para mejorar todos los servicios y garantizar que cada fiscalía cuente con las herramientas básicas para realizar efectivamente su trabajo, desde procesar las denuncias y querellas, llevar las estadísticas pertinentes, y realizar los descensos necesarios para las investigaciones.
El procurador añadió que están realizando diagnósticos provinciales de criminalidad, utilizando las estadísticas de las diferentes dependencias para diseñar planes de prevención efectivos.
También, se refirió a las labores de prevención de la violencia de género, destacando que próximamente pondrán en marcha el programa nacional de prevención de la violencia de género en el país.
Rol instituciones del sistema de justicia
Tras destacar la importancia de dar a conocer el funcionamiento del sistema de justicia, explicó que es vital que la sociedad identifique y distinga cada uno de los órganos que componen dicho sistema, de modo que las responsabilidades de cada institución queden claramente definidas y que los ciudadanos sepan qué esperar y exigir de sus servidores públicos.
Resaltó las facultades que le otorga la Constitución al Ministerio Público para la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, seguido de la dirección de la investigación penal con la colaboración de la Policía Nacional y de otras agencias investigativas, así como el ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad.
“Mientras el Ministerio Público se encarga de las diligencias investigativas para la recolección de evidencias y presentar las acusaciones ante los tribunales. Los jueces, en su función constitucional de administradores de la justicia, son los árbitros que deciden finalmente los expedientes, de naturaleza penal en nuestro caso”, detalló.
El procurador dijo que el Ministerio Público está dispuesto a darle la cara a esos retos y que trabaja con ahínco, dedicación y vocación de servicio a favor de la ciudadanía, siempre dentro del marco de las normas constitucionales y legales.
Conversatorio “El Rol del Ministerio Público”
El conversatorio estuvo bajo el auspicio de la Procuraduría y la Finjus en el marco de las acciones para acercar el Ministerio Público a la población.
Este contó con la participación de miembros del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia y otros actores del sistema de justicia, así como de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de diversas instituciones nacionales e internacionales.
Durante el desarrollo del conversatorio, el público que asistió a la actividad pudo conocer aspectos importantes sobre los temas “El Rol del Ministerio Público en el Proceso Penal”, “Protección y Acompañamiento a Víctimas”, “Políticas Públicas de Prevención de la Criminalidad, “Ministerio Público y la Sociedad”, “La Escuela Nacional del Ministerio Público como Instituto de Educación Superior”, “Servicios a la Ciudadanía de la Procuraduría General de la República”, y sobre “El Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público”.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.