Nacionales
Procurador dice “trabajan para acercar el Ministerio Público a la sociedad”
«Los jueces, en su función constitucional de administradores de la justicia, son los árbitros que deciden finalmente los expedientes, de naturaleza penal en nuestro caso».
Jean Alain Rodríguez, procurador General de la República.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que el plan de trabajo que desarrollan está enfocado en el fortalecimiento institucional y que procuran acercar el Ministerio Público cada vez más a todos los ciudadanos.
El magistrado Rodríguez habló del tema al encabezar el conversatorio “Rol del Ministerio Público” junto al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños.
“Esta actividad forma parte del plan institucional, definido y pensado cuidadosamente para acercar al Ministerio Público a la comunidad, en especial a aquellos usuarios no especializados en derecho penal”, manifestó al pronunciar las palabras de bienvenida.
Al referirse al plan que llevan a cabo para tener mejores servicios y mayor atención especializada al ciudadano, dijo que el fortalecimiento institucional se ha convertido en el norte a seguir con un intenso enfoque en los recursos humanos, por lo que procuran completar el déficit de fiscales que tienen muchas jurisdicciones a través de una convocatoria reciente de ingreso a la carrera del Ministerio Público.
Dijo que a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), que a finales del año 2016 se convirtió en Instituto de Educación Superior, continúan fortaleciendo la capacitación de los miembros de la institución.
“Con fiscales experimentados y más capacitados, no solo contaremos con mejores mentores para los nuevos integrantes, sino con un acervo de experiencias que favorecen tanto al ciudadano al momento de recibir los servicios, como al mismo Ministerio Público”, manifestó Rodríguez.
Asimismo, agregó que están trabajando para mejorar todos los servicios y garantizar que cada fiscalía cuente con las herramientas básicas para realizar efectivamente su trabajo, desde procesar las denuncias y querellas, llevar las estadísticas pertinentes, y realizar los descensos necesarios para las investigaciones.
El procurador añadió que están realizando diagnósticos provinciales de criminalidad, utilizando las estadísticas de las diferentes dependencias para diseñar planes de prevención efectivos.
También, se refirió a las labores de prevención de la violencia de género, destacando que próximamente pondrán en marcha el programa nacional de prevención de la violencia de género en el país.
Rol instituciones del sistema de justicia
Tras destacar la importancia de dar a conocer el funcionamiento del sistema de justicia, explicó que es vital que la sociedad identifique y distinga cada uno de los órganos que componen dicho sistema, de modo que las responsabilidades de cada institución queden claramente definidas y que los ciudadanos sepan qué esperar y exigir de sus servidores públicos.
Resaltó las facultades que le otorga la Constitución al Ministerio Público para la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, seguido de la dirección de la investigación penal con la colaboración de la Policía Nacional y de otras agencias investigativas, así como el ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad.
“Mientras el Ministerio Público se encarga de las diligencias investigativas para la recolección de evidencias y presentar las acusaciones ante los tribunales. Los jueces, en su función constitucional de administradores de la justicia, son los árbitros que deciden finalmente los expedientes, de naturaleza penal en nuestro caso”, detalló.
El procurador dijo que el Ministerio Público está dispuesto a darle la cara a esos retos y que trabaja con ahínco, dedicación y vocación de servicio a favor de la ciudadanía, siempre dentro del marco de las normas constitucionales y legales.
Conversatorio “El Rol del Ministerio Público”
El conversatorio estuvo bajo el auspicio de la Procuraduría y la Finjus en el marco de las acciones para acercar el Ministerio Público a la población.
Este contó con la participación de miembros del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia y otros actores del sistema de justicia, así como de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de diversas instituciones nacionales e internacionales.
Durante el desarrollo del conversatorio, el público que asistió a la actividad pudo conocer aspectos importantes sobre los temas “El Rol del Ministerio Público en el Proceso Penal”, “Protección y Acompañamiento a Víctimas”, “Políticas Públicas de Prevención de la Criminalidad, “Ministerio Público y la Sociedad”, “La Escuela Nacional del Ministerio Público como Instituto de Educación Superior”, “Servicios a la Ciudadanía de la Procuraduría General de la República”, y sobre “El Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público”.
acento.com.do
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.