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Procuraduría afirma promulgación Ley contra Lavado de Activos fortalecerá combate del flagelo
Resalta que la nueva normativa contiene once propuestas hechas por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, que harán más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República valoró como un gran avance y aporte a lucha efectiva contra el lavado de activos, la promulgación de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Considera que esta nueva normativa, que contiene once propuestas hechas por la Procuraduría General, permitirá al Estado dominicano contar con las herramientas necesarias para atacar y erradicar de manera eficaz el lavado de activos, conforme a los lineamientos internacionales más recientes.
La nueva Ley 155-17, promulgada por el presidente de la República, Danilo Medina, sustituye la Ley 72-02 sobre el Lavado de Activos proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, quien forma parte del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, participó de manera activa junto a miembros de la recién creada área de Desarrollo Legislativo y Regulatorio del Ministerio Público en la conformación de la recién promulgada ley.
Como parte de los aportes a la conformación de esta ley, el procurador Rodríguez presentó propuestas de modificación al proyecto y realizó observaciones de forma y fondo que fueron acogidas en su totalidad, las cuales tienen la finalidad de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Las propuestas fueron hechas en torno a diferentes aspectos, incluyendo el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como delito precedente del lavado de activos.
En un comunicado de prensa, la institución expresa que con la implementación de esta nueva ley se podrá combatir con mayor firmeza y eficacia todas las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.
Destaca que con este instrumento de avanzada, la República Dominicana, en cuanto a la visión internacional, cumple con estándares que garantizan la disponibilidad de información de los agentes económicos, de sus actividades y de los beneficiarios finales de las mismas, tal como lo asumió en el año 2013 al adherirse al Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales.
Indica que la normativa es un instrumento legal de vanguardia en materia de persecución de este tipo de crimen organizado, que establece los actos y sanciones que tipifican el lavado de activos, agregando novedades de técnicas de investigación, prevención y detección de las operaciones.
También, establece el uso eficiente de la colaboración interinstitucional, el análisis previo financiero y la colaboración directa del sector privado como sujeto obligado, además de tomar en cuenta el flagelo internacional de financiación del terrorismo, entre otros aspectos importantes.
Sanciones
La nueva Ley contra el Lavado de Activos contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una mínima de 10 años, y además establece el decomiso de los bienes y duplica la penalidad económica.
Asimismo, en el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2 años.
acento.com.do
Nacionales
El problema de R.D. no es sólo del gobernante, sino tambien del gobernado, porque unos y otros propician la violacion de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Desde hace mucho tiempo que en el pais se advierte que el problema no es sólo de los gobernantes, sino tambien de los goernados, cuya expresion de esa realidad es la decisión de los representantes legales de las familias Reyes y Mota, quienes formalizaron un desistimiento de la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel Lockward, implicados en el caso Calamar, lo cual se convierte en una causal para que la justicia no cumpla con su papel frente a grandes estafas en contra del Estado.
Los representantes legales de los querellantes explicaron que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas y la documentación del expediente, determinaron que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley y que no existen fundamentos que comprometan la responsabilidad penal de los imputados.
Durante la fase de réplica, los abogados de ambas familias explicaron al tribunal que los compromisos financieros vinculados al expediente fueron cumplidos de manera correcta y transparente.
Según sus declaraciones, las operaciones bajo análisis no constituyeron irregularidades, lo que motivó el retiro inmediato de la querella.
Cabe destacar que este nuevo desistimiento se suma a una tendencia creciente en el proceso, donde decenas de querellantes originales han optado por retirar sus acciones tras validar la legitimidad de las transacciones.
Al respecto, la abogada María del Pilar Zuleta, parte de la defensa técnica de Donald Guerrero, señaló que estas decisiones de las familias evidencian “profundas debilidades” en la acusación presentada por el órgano persecutor.
La audiencia continuó con la participación de las demás partes procesales, mientras el tribunal sigue conociendo las réplicas y argumentos presentados por los distintos actores involucrados en esta etapa preliminar del proceso judicial.
El ministerio público le imputa en el presunto entramado de corrupción, desmantelado a través de la operación Calamar. El proceso involucra también a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
SANTO DOMINGO.- Este lunes continúa el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento colapsado, la cual parece no avanzar por razones que se desconocen, pero que se sospechan.
El caso está a cargo del juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fijó esta fecha para iniciar la etapa preliminar del proceso tras aplazar la audiencia anterior para garantizar los plazos procesales y notificar a las partes involucradas.
Durante la audiencia, se evaluarán las pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público contra los hermanos Espaillat, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio involuntario.
Según el Ministerio Público, el caso cuenta con 346 víctimas y querellantes.
La tragedia del Jet Set fue uno de los peores desastres no naturales en la historia de la República Dominicana. Ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 cuando se desplomó el techo de esta discoteca, ubicada en el barrio El Portal, de Santo Domingo, durante un concierto de merengue.
El establecimiento estaba lleno, con más de 500 personas. En ese momento se presentaba el cantante Rubby Pérez. Alrededor de las 12:44 a. m. el techo colapsó de forma repentina y cayeron concreto y estructuras metálicas sobre la pista de baile y el escenario. 236 personas murieron. y más de 180 resultaron heridas.
Entre los fallecidos estuvieron figuras conocidas como el propio Rubby Pérez y el pelotero Octavio Dotel.
La causa exacta estuvo bajo investigación, pero se mencionaron factores como: Problemas estructurales del techo, Peso de equipos pesados instalados arriba, Reparaciones recientes y filtraciones de agua.
Después del desastre, el dueño del club Antonio Espaillat y otras personas enfrentaron investigaciones y procesos judiciales por presunta negligencia. Ha habido emandas y debates sobre seguridad de edificios y regulación de locales públicos.
El país declaró días de duelo nacional.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, destacó el sábado que el Ministerio Público avanza en la tecnificación de todos sus procesos, con el objetivo de estandarizar la calidad de los servicios y facilitar la respuesta oportuna a la ciudadanía y en ese sentido iniciará un Nuevo Modelo de Procesamiento de Escena de Crimen en coordinación con la Policía Nacional.
“Nosotros no queremos plan piloto; nosotros queremos entrar al cien por ciento en todos los distritos judiciales a operar. No es ni siquiera para parecer más modernos, es para facilitarles a los ciudadanos la posibilidad de obtener una decisión de manera oportuna y de calidad”, dijo.
En la capacitación, impartida a través del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), participan integrantes del Ministerio Público a nivel nacional. Durante su exposición, la procuradora general reiteró que del trabajo de los fiscales depende la vida y la calidad de las personas, sus derechos y sus bienes.
En la actividad educativa, realizada en la sede de la Procuraduría General de la República, participó el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional, y Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Además, la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard; el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Isaura Suárez, responsable de la Dirección Carrera del Ministerio Público.
Asimismo, el director de la Policía Científica de la Policía Nacional, coronel Fulvio Emilio Grullón Penso, y la directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Sonia Lebrón.
Al referirse a las acciones impulsadas para garantizar un servicio de calidad a la población, la procuradora general pidió a los miembros del Ministerio Público trabajar siempre para una mayor eficiencia. “Les pido a cada uno de ustedes que cuando se levanten le pongan toda la pasión, toda la energía, toda la dedicación a lo que ustedes hacen; porque ese trabajo, lo vale, por mucho lo vale, y piensen que de cada acción nuestra puede depender la vida y la calidad de vida de una persona”.
Valoró la disposición de la Policía Nacional a garantizar que sus actas de inspección de la escena del crimen puedan ser entregadas a los fiscales por la vía digital, así como al Poder Judicial por su plataforma para tramitar todas las órdenes e instancias que se puedan depositar.
Yeni Berenice explicó que el Ministerio Público ha establecido la necesidad de un nuevo modelo de procesamiento de la escena el crimen. En ese orden, enfatizó en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene que tecnificarse y tiene que transformarse. “Hemos dicho y reiterado que vamos a tener el Instituto de Ciencias Forenses más moderno de Iberoamérica, el más tecnificado”, reiteró.
Destacó que el Ministerio Público se encuentra desarrollando la planificación para las edificaciones de la construcción del Inacif central en Santo Domingo Este y en Santiago, en la avenida 27 de Febrero.
Recordó que a partir de abril los miembros del Ministerio Público comenzarán a utilizar los chalecos antibalas y las cámaras digitales por instrucción general.
“Las cámaras corporales que ustedes van a conocer hoy sus propiedades y que ya están en manos del Ministerio Público, son cámaras de última generación, lo mejor que hay en el mercado y que tiene que ver con la necesidad de aquellas actuaciones con inspecciones en el lugar del hecho”, detalló.
En la apertura del programa participaron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y del Consejo Académico del IES-ENMP, procuradores generales de Corte de Apelación, fiscales titulares, directores de las procuradurías especializadas y miembros de los cuerpos castrenses.