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Procuraduría afirma promulgación Ley contra Lavado de Activos fortalecerá combate del flagelo
Resalta que la nueva normativa contiene once propuestas hechas por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, que harán más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República valoró como un gran avance y aporte a lucha efectiva contra el lavado de activos, la promulgación de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Considera que esta nueva normativa, que contiene once propuestas hechas por la Procuraduría General, permitirá al Estado dominicano contar con las herramientas necesarias para atacar y erradicar de manera eficaz el lavado de activos, conforme a los lineamientos internacionales más recientes.
La nueva Ley 155-17, promulgada por el presidente de la República, Danilo Medina, sustituye la Ley 72-02 sobre el Lavado de Activos proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, quien forma parte del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, participó de manera activa junto a miembros de la recién creada área de Desarrollo Legislativo y Regulatorio del Ministerio Público en la conformación de la recién promulgada ley.
Como parte de los aportes a la conformación de esta ley, el procurador Rodríguez presentó propuestas de modificación al proyecto y realizó observaciones de forma y fondo que fueron acogidas en su totalidad, las cuales tienen la finalidad de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Las propuestas fueron hechas en torno a diferentes aspectos, incluyendo el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como delito precedente del lavado de activos.
En un comunicado de prensa, la institución expresa que con la implementación de esta nueva ley se podrá combatir con mayor firmeza y eficacia todas las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.
Destaca que con este instrumento de avanzada, la República Dominicana, en cuanto a la visión internacional, cumple con estándares que garantizan la disponibilidad de información de los agentes económicos, de sus actividades y de los beneficiarios finales de las mismas, tal como lo asumió en el año 2013 al adherirse al Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales.
Indica que la normativa es un instrumento legal de vanguardia en materia de persecución de este tipo de crimen organizado, que establece los actos y sanciones que tipifican el lavado de activos, agregando novedades de técnicas de investigación, prevención y detección de las operaciones.
También, establece el uso eficiente de la colaboración interinstitucional, el análisis previo financiero y la colaboración directa del sector privado como sujeto obligado, además de tomar en cuenta el flagelo internacional de financiación del terrorismo, entre otros aspectos importantes.
Sanciones
La nueva Ley contra el Lavado de Activos contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una mínima de 10 años, y además establece el decomiso de los bienes y duplica la penalidad económica.
Asimismo, en el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2 años.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.