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Arroceros esperan gobierno los defienda ante amenazas del DR-Cafta
Santiago.- El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcelo Reyes Jorge, dijo que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), constituye una amenaza para la seguridad alimentaria nacional porque llevaría a la quiebra a los productores locales.
Consultado por Diario Libre, sobre el tema de la solicitud de renegociación de los aranceles del arroz para importación desde los Estados Unidos bajo el convenio citado, señaló que espera que el gobierno busque una solución en beneficio de los miles de productores nacionales del cereal.
«Estamos esperanzados en que el gobierno tome las medidas de lugar para defendernos en este sector de tanta importancia para la economía agrícola de nuestro país», indicó Marcelo.
Reveló que el martes, representantes del comité conformado a solicitud del presidente Luis Abinader, para buscar soluciones al problema, sostendrán una reunión en la sede del Ministerio de Industria Comercio y Mipymes, (MICM).
«El presidente se pronunció y ratificó su opinión, y creó un comité que ya está trabajando; nos invitaron para el martes a una reunión a Santo Domingo vamos a participar en ella, como parte del comité, por la Fenarroz, estaré yo, pero no se quien estará por la parte industrial», dijo Reyes Jorge.
El empresario arrocero dijo que todavía no hay propuestas y se espera obtener una tan pronto el martes se reúnan los productores y el gobierno.
Marcelo señaló que actualmente la fanega de arroz (120 kilos de arroz en cáscara verde), se está comprando a RD$2,875 más 100 pesos de incentivos que subsidia el gobierno para evitar aumentos del precio al consumidor.
Mientras, indicó que por cada tarea el costo de producción se encuentra en RD$8,270.
Dichos valores reiterados como el de costos de producción no compensan una rentabilidad mínima para que el productor pueda sobrevivir, señaló el cosechero agrícola.
El precio del arroz dominicano es inferior al de muchos países de la región incluyendo Estados Unidos, agregó.
«Se evaluaron 81 países sobre el precio del arroz blanco y hoy en día, República Dominicana está comiendo arroz mucho más barato que muchos países, incluyendo Estados Unidos, gracias a que los productores de República Dominicana están garantizando la soberanía alimentaria nacional», dijo.
Asimismo, sostuvo que el 75 % de las áreas productivas del arroz están en la zona conocida como el Delta del Yuna, esta abarca desde La Vega y hacia la provincia Duarte, Sánchez Ramírez, y María Trinidad Sánchez, según datos estadísticos
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.