Latinoamericanas
Profesores chilenos protestan contra cierre y fusión de escuelas municipales
Seis comunas pretenden cerrar y fusionar los colegios públicos de sus distritos, lo que afectaría el empleo de unos 30 mil educadores.
En los últimos 30 años se han cerrado 250 establecimientos de este tipo (Foto:Archivo).
Profesores de Chile realizarán una protesta este miércoles en Santiago (capital del país) contra la intención de cerrar y fusionar las escuelas de seis municipios, lo que pone en peligro el empleo de 30 mil personas del sector.
La protesta se llevará a cabo frente a la municipalidad de La Florida, que junto a las comunas Quillota, Valparaíso, Copiapó, San Fernando y Estación Central pretenden cerrar y fusionar los colegios de sus distritos por la disminución de las matrículas, lo que impacta en los ingresos que las hacen funcionar, según lo que remarcaron los alcaldes.
Por su lado, el presidente del colegio de Profesores, Jaime Gajardo, subrayó que el panorama podría empeorar porque esta es la primera fase de un plan que en esta semana duplicará el cierre y fusión, y en enero de 2013 lo acrecentará.
Además expresó que la iniciativa afecta a 30 mil profesores, que hoy no saben lo que va a ocurrir, y resaltó que la medida impacta en las condiciones de enseñanza del sistema educativo.
Gajardo consideró que la situación demuestra la crisis sistémica que vive la educación municipalizada. Afirmación que también fue respaldada por el presidente Metropolitano del Colegio de Profesores, Jorge Abedrapo, quien sostuvo que los cierres de colegios nacen de la legislación por la subvención por asistencia y la mala gestión de los municipios.
En tanto, que el dirigente estudiantil Cristofer Sarabia remarcó que “las escuelas municipales son considerados como la última opción en calidad de educación, lo que crea las condiciones para que la gente siga en la pobreza”.
Según Sarabia, el financiamiento de la eduación pública se basa en la asistencia de los alumnos a clases, algo que baja en los colegios municipales donde muchos jóvenes tienen que viajar una hora o más por vivir en zonas rurales, como Valdivía, lo que hace que se pierdan los 88 dólares por alumno.
Otra de las causas es que los municipios no se preocupan por captar una mayor matrícula de alumnos, según lo que señala Verónica Aliaga, exconcejal y dirigente del Colegio de Profesores en La Florida.
Estos factores han derivado en que en los últimos 30 años se hayan cerrado 250 colegios de este tipo y se crearan más de dos mil 500 establecimientos particulares subvencionados o privados, de acuerdo con Sarabia.
De esta manera se vuelve a poner de relieve el lucro en la eduación pública, el principal factor que ha generado multitudinarias marchas en Chile por parte de estudiantes universitarios y de enseñanza media, quienes exigen que se restablezca la educación pública y gratuita, estatus quitado por la constitución sancionada durante la última dictadura militar de Augusto Pinochet, que convirtió al Estado en un mero regulador y delegó la enseñanza al sector privado.
En la actualidad, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE) estima que en la educación universitaria la inversión privada es del 85 por ciento y que el 70 por ciento de los estudiantes recurre a un crédito para pagar sus estudios.
Además, la OCDE considera a la educación chilena como la segunda más cara y la más desigualdad del mundo ya que el Estado solo destina dos mil 500 dólares per cápita en la enseñanza básica y media, una cifra que representa entre el 37 y 28 por ciento de lo que invierten los países de la organización en el área.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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