Editorial
Prolongación y Complicación de la crisis Dominico-haitiana.
El gobierno de la República Dominicana ha escogido el camino de adoptar medidas de fuerzas ante la negativa de Haití de parar la construcción del Canal que se construye en Juana Méndez, cuya salida parece ser otra torpeza que podría repercutir negativamente para el país en la comunidad internacional.
No se sabe todavía con exactitud si se trata de una toma o de un desvío de las aguas del Masacre que entran por Juana Méndez en Haití, ya que si se trata de lo primero entonces no parece que el asunto sea tan grave como se ha planteado.
Naturalmente, si se trata de un desvío, entonces se estaría frente a una violación del Tratado del 1929 y parece que ello no vaya a ser tolerado por un arbitraje internacional.
Sin embargo, la pretendida solución dada al conflicto por la República Dominicana, la cual por demás es precipitada, no parece la ideal, ya que se trata de un recurso hídrico que deben compartir ambos países por encontrarse en la línea fronteriza.
Pero no parece idóneo que el Gobierno de Luis Abinader haya dispuesto rehabilitar el canal de La Vigía como una forma de obstaculizar la llegada de agua al canal que se construye en Juana Méndez sin antes haberse llegado a la conclusión de si se está frente a una toma o un desvío.
Ello, como ya se ha explicado en el reportaje que aparece en la sección de Portada de este periódico, representa la posibilidad de que los haitianos también utilicen algunas malas artes para que el agua no llegue al canal de La Vigía.
Es decir, que el país entraría en una disputa al margen de los procedimientos civilizados que demanda el caso y cuyos mecanismos están claramente establecidos en el Tratado de 1929 y en todos los mandatos al respecto de organismos internacionales, como la ONU y la OEA.
La realidad es que la irracionalidad no es la mejor consejera en caso como el conflicto entre Haití y República Dominicana, sobre todo porque se trata de un diferendo por un líquido tan vital como el agua, la cual sirve en este caso para irrigar las tierras y tener algún tipo de garantía alimentaria en un país con tantas carencias como la vecina nación.
El asunto toma ribetes preocupantes y las consecuencias podrían ser muy perjudiciales para ambas naciones, pero principalmente para la República Dominicana que antes de que haya un veredicto sobre el tema toma medidas de fuerza que podrían recibir un rechazo general.
Este periódico vuelve a inclinarse por el diálogo a través de un árbitro imparcial y que si el canal que se levanta en Haití implica un desvío del rio Masacre que la vecina nación reciba la sanción correspondiente, pero que si en cambio se trata de una toma que la República Dominicana deponga su medida de fuerza para que todo retorne a la normalidad las relaciones de dos países que no hay forma de geográficamente separarlo y uno imponerse frente al otro mediante métodos inaceptables.
El nuevo Procurador General de la República a ser escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una especie de tiro fallido, porque por serio y eficiente que sea ese funcionario en este órgano se va encontrar con una realidad que difícilmente pueda recomponer.
Es que el problema del Ministerio Público es general y difícil de adecentar, porque la gran mayoría de los fiscales tienen compromisos con sectores que promueven lo mal hecho.
El asunto es mucho más grave de lo cualquiera se puede imaginar y parece que hay mucha resignación o los que tienen el mando en el Ministerio Público se han cansado, porque la verdad es que ahí no funciona nada.
El Ministerio Público sólo existe para combatir algunos asuntos y cumplir con vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La frustración de la gente con los fiscales adjuntos en todo el territorio nacional raya en lo desesperanzador, porque es que ahí se podrían producir una situación de total descredito de un Estado como el dominicano en el que las cosas van de mal en peor.
Tal vez de la única manera que ese cuadro puede cambiar es si se produce una total erradicación de la mayoría de los fiscales nacionales, aunque esa solución puede que no sea la panacea.
Es que se trata de un problema integral, sistémico, donde la podredumbre va de mayor a menor y lo contrario, es decir, que no parece que la solución esté a simple vista, que sea tan fácil.
El asunto toma mayor dimensión porque los que tendrían que trabajar para enderezar el Ministerio Público lucen cansados y resignados.
De manera, que es muy poco lo que se puede esperar, porque ojos que no ven, corazón que no siente.
Si por una cosa se caracteriza el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es por la falta de sensatez, de prudencia y por mucha ignorancia en lo respecta a qué es un Estado.
La falta de visión de qué es un Estado ha llevado a Luis Abinader a arruinar la que pudo haber sido una salida diferente a la crisis dominico-haitiana, ya que ha pretendido convertirse en presidente de las dos naciones que ocupan la isla.
Abinader ha llegado tan lejos que ha viajado hasta a Africa para solicitar la intervención armada en Haití, lo cual demuestra un desconocimiento total de cuál debe ser el protocolo entre dos naciones que están condenadas convivir juntas para toda la vida, como dos hermanas siamesas, naturalmente sobre la base del respeto de la soberanía de ambas.
Este manejo torpe de Abinader no sólo se ha podido observar en contexto de la política exterior de su Gobierno, sino también con los errores o tal vez mejor llamarles “meteduras de patas” frente ya no sólo al problema haitiano, sino que ahora se convierte en juez y parte en la confrontación entre la oposición y las actuales autoridades venezolanas.
La primera desagradable intromisión de Abinader fue con su pedido e insistencia de la invasión en Haití y ahora ratifica esa conducta de mal manejo de sus relaciones con otros países al proclamar en el Palacio Nacional a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela e incluso utilizar los recursos del Estado para que este autoproclamado jefe de Estado de la nación sudamericana se mantenga hospedado en un hotel de la capital desde donde ha anunciado que entrará en cualquier momento a territorio de la hermana nación.
Es como si el presidente Abinader tuviera pretensiones hegemónicas y de convertir a la República Dominicana en una potencia latinoamericana, pese a que su trabajo debía estar focalizado en resolver todo el tollo que ha creado en el entorno nacional.
Es bueno que se entienda que el país está sumergido en problemas tan graves como el endeudamiento externo y el preocupante déficit fiscal que arrastra la economía nacional, el cual es atribuible a la poca calidad del gasto público y a la corrupción que está presente en todo el escenario nacional.
De manera, que un país con tantos problemas sociales y económicos no debe focalizar sus esfuerzos a intervenir en asuntos internos de otros países, sino a diseñar políticas públicas para contrarrestar los males que podrían llevar al país al abismo.
El problema es que ya Abinader, que no para de caer en grandes torpezas y falta de razonabilidad, ha comprometido al país con causas que los ciudadanos dominicanos no necesariamente avalan, lo cual a futuro no deja de ser un camino equivocado muy consolidado, el cual daña más que beneficiar.
Lo preocupante de esa torpeza que caracteriza a Luis Abinader es que su segundo Gobierno apenas se ha iniciado y si continúa por ese derrotero se puede asegurar que nada bueno se augura para el país que necesita renovar la forma de gobernador de la llamada partidocracia, entre cuyos miembros principales está el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha pronunciado un discurso con motivo del “Día de Poder Judicial” sobre un tema en el que ha sido recurrente, en el sentido del daño que causa la mora judicial.
Y ciertamente es así, porque este periódico ya lo ha planteado de que justicia tardía no es otra cosa que denegación de justicia, lo cual lesiona peligrosamente el Estado de Derecho.
Sin embargo, independientemente de la importancia de este tema, este periódico entiende que el magistrado Molina debió también referirse a otros aspectos que también han erosionado todo el sistema de justicia.
Nos referimos a las sentencias manipuladas de los tribunales ordinarios, las cuales muchas veces obedecen a razones de negligencia, ineptitud e incluso de complicidad de muchos juzgadores que todavía desempeñan su función con un trujillito dentro, lo cual no es casual, sino normal por tratarse de una nación que han sido muy marcada por las dictaduras.
Sería bueno preguntarle al magistrado Molina si tiene o no conocimiento de que en lo que respecta a la región del Cibao el Estado de Derecho en el sistema de justicia se muere a partir del kilómetro 9 de la autopista Duarte, lo que hace presumir que lo mismo ocurre en otras zonas del país.
Pero desconoce el magistrado Molina que las violaciones del Estado de Derecho por parte de los tribunales del interior, principalmente del distrito judicial de Santiago, implican hasta la negación de derechos fundamentales que no respetan el derecho constitucional y convencional.
Sabía usted, magistrado, que en Santiago hay tribunales penales y civiles que les niegan a muchos justiciables hasta el derecho a recurrir y los cuales son víctimas de un comportamiento, que no sólo debe examinarse a través de los recursos jurisdiccionales como la casación, sino también mediante de una labor de seguimiento del Consejo del Poder Judicial.
Esta preocupación no le quita legitimidad al tema de la mora judicial, pero este periódico entiende que hay otras aristas que deben ser incluidas por el Consejo del Poder Judicial si de verdad se quieren combatir los motivos que erosionan la credibilidad de todo el sistema de justicia.
Tanto la moral judicial como la ineficiencia y el abuso de poder de muchos jueces son temas que deben ir de las manos para que simultáneamente estas debilidades sean expulsadas de un sector tan vital para la democracia nacional.