La CDEEE convocó una rueda de prensa para hoy viernes, en la que participará Rubén Bichara, y otros directivos.
Turismo. El presidente Danilo Medina inauguró ayer el complejo turístico Jarabacoa Country Club.
Jarabacoa.-“Gracias, gracias, más luego hablamos”, fue la respuesta breve que dio ayer el presidente Danilo Medina al ser preguntado aquí sobre Punta Catalina, específicamente sobre el reclamo de pago de 700 millones de dolares, por concepto de “costos extras” que ha formulado el consorcio Odebrecht a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El presidente se limitó a responder con cinco palabras al requerimiento de prensa, tras participar ayer en la inauguración del complejo turístico Jarabacoa Country Club, en este municipio, que preside el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Jiménez (Felucho), con una inversión superior a los 200 millones de pesos.
La CDEEE convocó una rueda de prensa para hoy viernes, en la que participará el vicepresidente administrativo de esa entidad, Ruben Jiménez Bichara, junto a los miembros de Consejo de Administración de la empresa.
LISTÍN DIARIO reveló ayer que la constructora brasileña reclamó el pago a la CDEEE, pero que esta se niega a asumir tales sobre-costos, lo que ha desatado un inesperado conflicto que podría implicar retrasos en la entrega final de la obra.
La corporación estatal alega que tales sobre-costos debe asumirlos el propio contratista, según fuentes del Listín.
Al hacer este reclamo hace aproximadamente un mes, el consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella, contratista de Punta Catalina, planteó una nueva fecha para entregar las dos unidades generadoras en febrero y mayo del 2019, lo que implicaría un retraso de casi dos años en el tiempo originalmente previsto para su entrada en operación, añadieron las fuentes al Decano de la Prensa. Frente a tal posibilidad, la CDEEE la consideró “inaceptable”, ya que supondría una alteración del calendario de trabajo fijado en la firma del contrato de licitación. De paso, dijeron las fuentes, la CDEEE le hizo saber al consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella que si hay atraso en el plazo de entrega “el contratista deberá pagar una penalidad por cada día de retraso”.
Reclamo
En medio de las tensiones entre la empresa y la corporación se han cruzado comunicaciones de uno y otro lado haciendo valer sus argumentos.
Entre las partidas que el consorcio reclama a la CDEEE figura una de 49.2 millones de dólares por concepto de seguros, garantías, gastos legales y costos financieros como consecuencia, según alega, de un déficit en el flujo de caja y facturas pendientes de pago.
Pero la CDEEE respondió que estas facturas fueron presentadas “mucho tiempo antes de que los trabajos fuesen completados”. Se dijo que el hecho de que la corporación haya aceptado la realización de pagos parciales por hitos en el proceso, no completados, no le otorga derechos al contratista a registrar como deuda pendiente el monto de estos “hitos”.
La CDEEE, dijeron las fuentes a este diario, hizo saber al consorcio constructor que las dificultades que se han presentado en Punta Catalina han sido provocadas por Odebrecht, y que en todo momento la corporación ha sabido buscar fuentes de financiación alternativas (con el apoyo del Gobierno), para mantener la disponibilidad de recursos y atender los pagos de los diferentes “hitos” del proyecto.
Otro monto reclamado asciende a 165.8 millones de dólares por el aumento de la altura del nivel del muelle en el puerto de Punta Catalina, la modificación del puente de acceso y la plataforma de descarga, que habrían ocasionado sobre-costos generados por “condiciones oceanográficas imprevistas encontradas durante la fase de ejecución”. La corporación alega que la actividad de preparación de suelos fue realizada manteniéndose la fecha contractual del cierre de proyecto y culpa al consorcio de no haber realizado los estudios definitivos sobre batimetría, dirección del viento, corriente marina y oleaje.
El consorcio brasileño ha planteado el pago, alegando una serie de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo.
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DIFICULTADES CON EL PROYECTO ENERGÉTICO
El consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella ha planteado, según las fuentes, que a causa de una serie de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo, aumentaron los costos de mano de obra directa e indirecta por 308 millones 600 mil dólares junto con gastos adicionales a proveedores y subcontratistas de más de 43.8 millones de dólares y otros 73.8 millones en concepto de “costo de obra”.
La empresa privada pidió una extensión del plazo para la entrega de la obra, a fin de cumplir con la primera unidad el 28 de febrero del 2019 y la segunda unidad para el 19 de mayo de ese mismo año. Pero la CDEEE rechazó esa propuesta y dijo que mantendrá el actual calendario, lo que implica que el consorcio está “en mora”.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
