La CDEEE convocó una rueda de prensa para hoy viernes, en la que participará Rubén Bichara, y otros directivos.
Turismo. El presidente Danilo Medina inauguró ayer el complejo turístico Jarabacoa Country Club.
Jarabacoa.-“Gracias, gracias, más luego hablamos”, fue la respuesta breve que dio ayer el presidente Danilo Medina al ser preguntado aquí sobre Punta Catalina, específicamente sobre el reclamo de pago de 700 millones de dolares, por concepto de “costos extras” que ha formulado el consorcio Odebrecht a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El presidente se limitó a responder con cinco palabras al requerimiento de prensa, tras participar ayer en la inauguración del complejo turístico Jarabacoa Country Club, en este municipio, que preside el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Jiménez (Felucho), con una inversión superior a los 200 millones de pesos.
La CDEEE convocó una rueda de prensa para hoy viernes, en la que participará el vicepresidente administrativo de esa entidad, Ruben Jiménez Bichara, junto a los miembros de Consejo de Administración de la empresa.
LISTÍN DIARIO reveló ayer que la constructora brasileña reclamó el pago a la CDEEE, pero que esta se niega a asumir tales sobre-costos, lo que ha desatado un inesperado conflicto que podría implicar retrasos en la entrega final de la obra.
La corporación estatal alega que tales sobre-costos debe asumirlos el propio contratista, según fuentes del Listín.
Al hacer este reclamo hace aproximadamente un mes, el consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella, contratista de Punta Catalina, planteó una nueva fecha para entregar las dos unidades generadoras en febrero y mayo del 2019, lo que implicaría un retraso de casi dos años en el tiempo originalmente previsto para su entrada en operación, añadieron las fuentes al Decano de la Prensa. Frente a tal posibilidad, la CDEEE la consideró “inaceptable”, ya que supondría una alteración del calendario de trabajo fijado en la firma del contrato de licitación. De paso, dijeron las fuentes, la CDEEE le hizo saber al consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella que si hay atraso en el plazo de entrega “el contratista deberá pagar una penalidad por cada día de retraso”.
Reclamo
En medio de las tensiones entre la empresa y la corporación se han cruzado comunicaciones de uno y otro lado haciendo valer sus argumentos.
Entre las partidas que el consorcio reclama a la CDEEE figura una de 49.2 millones de dólares por concepto de seguros, garantías, gastos legales y costos financieros como consecuencia, según alega, de un déficit en el flujo de caja y facturas pendientes de pago.
Pero la CDEEE respondió que estas facturas fueron presentadas “mucho tiempo antes de que los trabajos fuesen completados”. Se dijo que el hecho de que la corporación haya aceptado la realización de pagos parciales por hitos en el proceso, no completados, no le otorga derechos al contratista a registrar como deuda pendiente el monto de estos “hitos”.
La CDEEE, dijeron las fuentes a este diario, hizo saber al consorcio constructor que las dificultades que se han presentado en Punta Catalina han sido provocadas por Odebrecht, y que en todo momento la corporación ha sabido buscar fuentes de financiación alternativas (con el apoyo del Gobierno), para mantener la disponibilidad de recursos y atender los pagos de los diferentes “hitos” del proyecto.
Otro monto reclamado asciende a 165.8 millones de dólares por el aumento de la altura del nivel del muelle en el puerto de Punta Catalina, la modificación del puente de acceso y la plataforma de descarga, que habrían ocasionado sobre-costos generados por “condiciones oceanográficas imprevistas encontradas durante la fase de ejecución”. La corporación alega que la actividad de preparación de suelos fue realizada manteniéndose la fecha contractual del cierre de proyecto y culpa al consorcio de no haber realizado los estudios definitivos sobre batimetría, dirección del viento, corriente marina y oleaje.
El consorcio brasileño ha planteado el pago, alegando una serie de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo.
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DIFICULTADES CON EL PROYECTO ENERGÉTICO
El consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella ha planteado, según las fuentes, que a causa de una serie de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo, aumentaron los costos de mano de obra directa e indirecta por 308 millones 600 mil dólares junto con gastos adicionales a proveedores y subcontratistas de más de 43.8 millones de dólares y otros 73.8 millones en concepto de “costo de obra”.
La empresa privada pidió una extensión del plazo para la entrega de la obra, a fin de cumplir con la primera unidad el 28 de febrero del 2019 y la segunda unidad para el 19 de mayo de ese mismo año. Pero la CDEEE rechazó esa propuesta y dijo que mantendrá el actual calendario, lo que implica que el consorcio está “en mora”.
listindiario.com
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.
