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JCE No otorga fondos públicos a independientes y limita cantidad de postulantes.
Santo Domingo, R.D.-La propuesta de proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados por la Junta Central Electoral para regular las candidaturas independientes en función del mandato del Tribunal Constitucional, excluye a los aspirantes a través de esta figura jurídica del financiamiento que otorga el Estado a través del órgano rector de las elecciones.
La pieza entregada al Poder Legislativo contempla ciertas limitaciones y regulaciones para el funcionamiento de esta figura electoral que deberá ser postulada a través de una asociación civil, dejando en el pasado la necesidad de utilizar a las entidades políticas. Esto, si es aprobada por los legisladores.
Los candidatos independientes recibirán “únicamente” financiamiento de fuentes privadas, el cual contendrá las mismas restricciones aplicadas a las agrupaciones políticas, contenidas en la Ley 3-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 20-23.
De acuerdo a lo dictado por la JCE en el documento legislativo, en cada demarcación solo podrán ser postulados hasta un máximo de tres candidaturas independientes por cada nivel de elección, de todas las asociaciones cívicas que hayan sido debidamente registradas para el proceso “de que se trate”.
En caso de que el número de aspirantes por nivel de elección sea mayor al previsto en el presente artículo, dicha situación se resolverá conforme al procedimiento previsto en el artículo 299 del Régimen Electoral, que coloca a “la suerte” el método de escogencia.
Se inscribirán en tarjetas diferentes los nombres de los candidatos empatados y serán extraídos de un sobre por el órgano electoral, el nombre que aparezca será el cual podrá participar en la contienda electoral.
Para la postulación de candidaturas plurinominales, las asociaciones cívicas solo podrán postular una única candidatura independiente por cada nivel de elección en los cargos de diputaciones, regidurías y vocalías.
En caso de recibir una cantidad de votos suficiente para acceder a más de un escaño, la asociación cívica obtendrá la adjudicación de únicamente un escaño, “dado que su propuesta no cuenta con otras candidaturas para su distribución”.
“En estos casos, los escaños adicionales serán adjudicados a otras asociaciones cívicas, siguiendo el orden de asignación correspondiente”, indica el proyecto.
Exclusión de candidaturas
Las candidaturas independientes en los niveles de diputaciones y senadurías no podrán ser consideradas para la asignación de escaños de diputaciones nacionales por acumulación de votos ni para la representación ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), respectivamente. Estos escaños están reservados exclusivamente para los partidos políticos, conforme a los criterios de distribución y asignación establecidos en la Ley 20-23.
En consecuencia, ninguna asociación cívica que postule candidaturas independientes para diputaciones o senadurías podrá, de manera simultánea, aliarse a un partido político para las candidaturas a diputaciones nacionales por acumulación de votos, senadurías o representantes ante el Parlacen, ni presentar una lista individual para estos niveles de elección.
Alianzas y coaliciones
Las candidaturas independientes no podrán aliarse, formar coaliciones o establecer acuerdos de cualquier índole con partidos, agrupaciones o movimientos políticos ni entre ellas. “La postulación de candidaturas independientes debe ser exclusivamente individual, no pudiendo ser respaldada por un partido, agrupación, movimiento político”.
Transfuguismo
Una persona no podrá participar como aspirante a una precandidatura o candidatura a través de una organización política y, posteriormente, postularse como candidato independiente en un mismo proceso electoral para los distintos niveles de elección correspondientes a ese cuatrienio.
De igual forma, una candidatura independiente, luego de haberse presentado como candidato o candidata en cualquier nivel de elección, no podrá postularse ni como precandidato ni como candidato en la boleta de una organización política para el mismo proceso electoral en los distintos niveles de elección correspondientes a ese cuatrienio.
El aspirante a una candidatura independiente deberá acreditar que no tiene militancia partidaria. En caso de haber sido militante o afiliado a alguna organización política, deberá acreditar que no ha ocupado ningún cargo directivo ni ha sido miembro activo al menos un año antes del proceso electoral al cual se postule. “So pena de que la administración electoral rechace a la inscripción de la candidatura”.
¿Cuántas firmas necesitan para postularse?
Presidencia de la República: El respaldo debe representar al menos el 2% del padrón electoral nacional de las últimas elecciones ordinarias generales. Este 2% de firmas del padrón electoral nacional debe contener al menos el 2% del padrón electoral en cada una de las provincias existentes.
Senadurías: Al menos el 2% del padrón electoral de la provincia, correspondiente a las últimas elecciones nacionales ordinarias. Diputaciones: Al menos el 2% del padrón electoral de la circunscripción correspondiente a las últimas elecciones nacionales ordinarias. En el caso de las diputaciones en las circunscripciones del exterior, se podrá registrar una asociación cívica con asiento en el Distrito Nacional o en la ciudad de Santo Domingo.
Alcaldías: Al menos el 2% del padrón electoral del municipio correspondiente a las últimas elecciones ordinarias municipales. Regidurías: Al menos el 2% del padrón electoral del municipio correspondiente a las últimas elecciones ordinarias municipales.
Direcciones distritales y vocalías: Al menos el 2% del padrón electoral del distrito electoral correspondiente a las últimas elecciones ordinarias municipales.
Los aspirantes a candidatos independientes deberán cumplir con los requisitos plasmados en las leyes electorales y presentar su propuesto de gestión ante la Junta Municipal o Central Electoral.
Aplicación Móvil
La Junta Central Electoral pondrá a disposición de los aspirantes una aplicación móvil (App de la Junta Central Electoral) para la recolección de firmas de los ciudadanos de manera digital. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos para utilizar la aplicación móvil:
Dispositivos móviles (teléfonos o tabletas) con conexión a internet y la capacitación obligatoria sobre el uso de la aplicación, la cual será proporcionada por la Junta Central Electoral.
Pero, ¿qué es una organización cívica?
Estas son asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, legalmente constituidas y que fungen como la única vía para postular las candidaturas independientes. Están diseñadas para fines electorales; su creación, duración y permanencia estarán limitadas al proceso electoral correspondiente.
Mientras que las candidaturas independientes son las nominaciones que realizan una asociación cívica para ocupar un cargo electivo, sin que tal oferta política se realice con el concurso, ni principal ni complementario, de un partido, agrupación o movimiento político.
Aunque la asociación cívica o social conserve su personalidad jurídica al concluir el proceso electoral, no podrá postular un candidato para otro torneo electoral, debido a que su vigencia electoral es de carácter exclusivamente espontáneo y está vinculada únicamente al proceso en el que se presenta la candidatura. “Por lo tanto, su objeto electoral se limita a dicho proceso y no puede extenderse a futuras convocatorias electorales sin la constitución de una nueva entidad o estructura con el mismo propósito”.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.