Modificación de sistema electoral mejoraría democracia con fiscalización más eficiente.

Por Elba García

La propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) de introducir al Congreso Nacional la modificación de las leyes 15-19 del régimen electoral y la 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas podría constituirse en un paso de un gran valor para la democracia dominicana.

El Pleno de la JCE luego de analizar una serie de aspectos que tienen que ver con el sistema electoral dominicano, ha estimado que los mismos requieren de un proceso de actualización y adecuación a las nuevas realidades.

Esta preocupación del órgano comicial fue planteado a través de su presidente, Román Jáquez Liranzo, quien considera que la modificación de ambas leyes permitirá que el país cuente con un proceso más democrático en el que los actores de la vida política nacional participen en las mismas condiciones de equidad e igualdad, cuya propuesta prometió entregar  la JCE en versión digital para que sea analizada por todos los interesados para entonces depositarla en el Congreso Nacional.

La propuesta de la JCE impacta a más de cien artículos de ambas leyes, los cuales  incluyen y excluyen algunos a partir de las fortalezas y las debilidades del sistema electoral dominicano, lo cual permitirá que el país cuenta con una mejor democracia.

Para las modificaciones planteadas por la JCE se tomaron en cuenta los informes emitidos por organismos internacionales sobre los procesos electorales en el país, como por ejemplo la OEA, IFES y Uniore, los cuales han permitido establecer un consenso sobre aquellas cosas que han de cambiar de las legislaciones electorales de la República Dominicana.

Los cambios que busca introducir la JCE son trece, mediante los cuales se crea una mayor garantía y dotación de garras del sistema, como muy bien lo define el órgano comicial, además de hacer mucho más viable y armónica la legislación electoral, adecuándola al contexto político electoral para el fortalecimiento institucional de todos los procesos.

La JCE dice textualmente que persigue dar la garantía de que principios constitucionales no suenen a silencio muerto, sino que su sonido, naturalmente vivo, permita una legislación actualizada, moderna e incluyente.

“Es un compromiso de este órgano, dotar de garras y hacer mucho más viable y armónica la legislación electoral, adecuada a su contexto político electoral; por ello, el Pleno ha apostado por el fortalecimiento institucional a nivel de todos los procesos”, sostuvo la JCE.

Los trece aspectos que se buscan  ser modificados de las leyes 15-19 y 33-18 son garantizar la equidad e igualdad formal y material entre los ciudadanos y ciudadanas dominicanas, fortalecer el pluralismo político, someter las actuaciones de la administración al control de la legalidad y la juridicidad, contribuir al fortalecimiento del principio de democracia interna, propiciar certeza y seguridad jurídica a los actores del sistema, delinear el marco de atribuciones del órgano arbitral en los cuestiones de su competencia, hacer efectivo el principio constitucional de equidad en la contienda electoral, garantizar  el ejercicio de un voto informado, así como variación de la cuota de proporción de género por el principio de paridad.

De igual modo, propone la JCE el fortalecimiento de la logística administrativa electoral de cara a la jornada electoral, evaluación y análisis de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional  en esta materia y crear  un nuevo esquema conceptual de alianza o coalición y fortalecimiento del régimen sancionatorio, tanto administrativo como jurisdiccional.

El órgano comicial explica que en sus sugerencias abordadas en la propuesta de modificación a las leyes 15-19 y 33-18, hay propuestas de modificación que dada su relevancia y su impacto transforma la génesis de la norma vigente o se incorporan nuevas que varían sustancialmente aspectos que mejoran la funcionalidad del sistema electoral.

Las sugerencias se centran en los principios, género, topes de gasto, supresión de la obligación a cargo de la JCE de organizar, las listas cerradas y bloqueadas a nivel municipal, debates electorales, financiamiento político público, plazos electorales y la calendarización, mecanismos para suplir la vacancia en el Congreso, las reservas, alianzas o coaliciones, régimen sancionatorio de ambas leyes, entre otros.

En la propuesta se plantea la inclusión de un capítulo dedicado única y exclusivamente a normar el funcionamiento del órgano encargado de la persecución de los delitos y crímenes que se desprendan de las conductas penales tipificadas en la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral.

Las modificaciones a ambas leyes tienen sus motivaciones en versión digital, cuyo texto impreso de más de 300 páginas contiene las propuestas y la argumentación de cada artículo impactado.

La reforma, como refiere la doctrina, no es —no debe ser— un asunto visceral, sino una apuesta de gran alcance, resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados y de una discusión seria e incluyente, limitada, condicionada y/o inherente al contexto histórico de cada país, la cual es una apuesta a la transformación del sistema electoral dominicano que garantice elecciones libres, transparentes, equitativas y objetivas”.

La Constitución de la República dominicana le reserva facultades especiales a ciertos poderes y órganos del Estado para incidir de forma activa en la formación de las leyes y uno de ellos es la Junta Central Electoral, tal y como lo establece el artículo 96 del Pacto Fundamental.