Propuesta de modificación constitucional se encuentra con la demagogia y doble moral de los partidos políticos.

Por Elba García

Son numerosas las opiniones surgidas sobre la propuesta de modificación constitucional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre las cuales se encuentra la de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, en el sentido de que la misma no es oportuna en este momento porque el tema que se impone es el de la inflación.

La posición de Leonel Fernández y su partido como que carece hasta de sentido común, porque procede preguntarse si se debe trabajar en la gestión pública con un solo tema.

Pero lo peor de todo es que este expresidente sostiene que la Constitución no merece ninguna reforma en lo que respecta a que se produzca un cambio institucional para hacer definitiva la independencia del Ministerio Público, lo cual resulta contraproducente.

Aunque todavía no se han visto los frutos en términos de condenas en contra de los depredadores del patrimonio público, pero lo cierto es que la llegada de la magistrada Miriam German Brito a la Procuraduría General de la República por lo menos ha creado temor entre los que van al Estado a apropiarse de lo que no es suyo.

Con los grandes robos en contra del erario es de vital importancia la modificación de la Constitución para corregir lo que en cualquier momento podría retornar con la designación de un jefe del Ministerio Público que responda a los intereses del partido en el poder, lo cual ha sido traumatizante para la sociedad dominicana.

Naturalmente, este periódico siempre ha dejado sentado que ese no es un logro del PRM, cuyos dirigentes no tienen ningún compromiso con el adecentamiento de la vida pública nacional, sino de empeorarla, porque son la mayor expresión de la improvisación y del no cumplimiento con la palabra empeñada y desde esa perspectiva se hace prácticamente imposible mejorar el país.

Sin embargo, hay que reconocer que la reforma constitucional con ese propósito debe estar en primer orden, ya que la gran cantidad de dinero del pueblo dominicano que ha ido a parar a los bolsillos de la cúpula de los partidos políticos recomienda establecer institucionalmente la independencia del órgano persecutor del crimen y el delito, como lo es el Ministerio Público.

Lo propio debe ocurrir con la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, a fin de disminuir el dispendio de recursos económicos en tantas campañas proselitistas.

La República Dominicana también está urgida de cambios importantes en el sistema de justicia nacional en lo referente a la prescripción de una serie de leyes que constituyen una especie de legitimación de las ilegalidades y los robos que ya se han hecho una cultura en el país.

Un ejemplo a tomar en cuenta en este sentido es lo consignado en la Ley 108-05 que dispone que si una persona es victima de un fraude que lo despoja de una propiedad inmobiliaria solo tiene un año para accionar en justicia, porque de lo contrario pierde su derecho.

Ese es solo un ejemplo, pero qué se puede decir del hecho de que el ciudadano no puede someter un recurso de amparo en contra de los jueces de los diferentes tribunales del país cuando en los mismos es donde se producen los más graves atropellos en contra del estado de derecho.

En los actuales momentos es prácticamente imposible una recusación en contra de un juez porque sus colegas casi siempre o siempre lo liberan de la acusación de parcialidad en su contra, por lo que debía pensarse en que las mismas sean conocidas por tribunales de otra jurisdicción o de algunas especializadas que se creen en el país.

Son muchas las modificaciones que hay que introducir en la Constitución de la República, pero los partidos políticos sólo se identifican con las mismas cuando se trata de reinstaurar la reelección presidencial o para aumentar los niveles de impunidad que prevalecen en la sociedad dominicana.

La realidad es que  a los partidos políticos dominicanos, sobre todo los tradicionales y sus aliados, sólo les interesa que prevalezca la partidocracia como una forma de arruinar para siempre el país, ya que son los responsables de la gran tragedia nacional que significa el robo del patrimonio público, el cual es una cultura nacional.