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Pacto propuesto en el sistema penitenciario genera posiciones a favor y en contra

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Santo Domingo, R.D.-La propuesta de la procuradora general de la República, Miriam German Brito, ha generado posiciones encontradas a favor y en contra, la cual consiste en hacer  un Pacto de Estado para poder solucionar el problema penitenciario que existe en el país.

A favor se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y en contra la Oficina Nacional de Defensa Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A favor se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y en contra la Oficina Nacional de Defensa Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, doctor Servio Tulio Castaño Guzmán dijo estar de acuerdo con el Pacto de Nacional, y que en esta ocasión no solo deben participar todas las instituciones del sistema de justicia, sino también el Poder Ejecutivo, la academia e instituciones que vienen tratando el tema del sistema penitenciario desde hace décadas.

Dijo que la propuesta de la procuradora no solo se debe evaluar las condiciones de la cárcel de Las Parras, sino ver cómo solucionar el sistema penitenciario en sentido general, entre ellos formar los agentes penitenciarios que sean necesarios.

Manifestó igualmente segregar los presos preventivos de los que son condenados, evaluar la población carcelaria en sentido general, ver cómo los jueces de la ejecución de las penas pueden descargar el sistema, tomando en cuenta los que hayan cumplidos las penas o los que no hayan presentado acusación.

Consideró que la Reforma trae consigo múltiples inversiones y que la propuesta de la a procuradora tiene que evaluarse para saber el costo, para ser puesto en el presupuesto complementario en el del año que tiene.

Propuesta del Presidente es más factible

Manifestó que el equipo designado trabajará por el seguimiento de la reforma penitenciaria, tanto estructural como un programa responsable y efectivo de reeducación y reinserción para los privados de libertad.

“Jamás una sentencia ha establecido que los internos estén en un infierno en las cárceles dominicanas, ya está bueno dé discursos vacíos, es hora de decirle a la sociedad dominicana que vivimos en en un estado social y derecho, esto se debe manifestar en cómo un país trata a sus presos”, adujo Valentín Santos.

Manifestó que poco interés ha mostrado en la solución de los problemas que envuelven ese sector de la sociedad y que es muy lamentable que todavía haya personas durmiendo al lado de letrinas, “ha habido muy poca sensibilidad y compasión respecto a las condiciones carcelarias en el país”.

Valentín Santos dijo que no solo es voluntad que hace falta, es determinación, y que a su esperanza, es que el equipo que ha formado el Presidente tenga el respaldo necesario para de una vez y por toda esas pocilgas de cárceles que hay ya sea historia patria.

Para el doctor Manuel María Mercedes Medina, la propuesta planteada por la Procuradora, la misma no tiene razón de ser para resolver una crisis que se le había advertido y que ellos mismo provocaron haberla profundizado.

“Porque la Comisión de los Derechos Humanos entiende que es necesario un pacto para solucionar un problema que solamente hay que aplicar lo que establece la ley 113-20, para que un Pacto de Nación cuando lo que se tiene que hacer para resolver la crisis penitenciaria es aplicar la ley “, se preguntó el jurista.

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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