Santo Domingo, R.D.-La propuesta de la procuradora general de la República, Miriam German Brito, ha generado posiciones encontradas a favor y en contra, la cual consiste en hacer un Pacto de Estado para poder solucionar el problema penitenciario que existe en el país.
A favor se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y en contra la Oficina Nacional de Defensa Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A favor se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y en contra la Oficina Nacional de Defensa Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, doctor Servio Tulio Castaño Guzmán dijo estar de acuerdo con el Pacto de Nacional, y que en esta ocasión no solo deben participar todas las instituciones del sistema de justicia, sino también el Poder Ejecutivo, la academia e instituciones que vienen tratando el tema del sistema penitenciario desde hace décadas.
“Lo que propone la procuradora no solo es oportuno, sino que de una u otra forma la magistrada está tratando de tomar en cuenta otras instituciones que pueden aportar en esta ocasión a la solución del problema”, adujo el jurista.
Dijo que la propuesta de la procuradora no solo se debe evaluar las condiciones de la cárcel de Las Parras, sino ver cómo solucionar el sistema penitenciario en sentido general, entre ellos formar los agentes penitenciarios que sean necesarios.
Manifestó igualmente segregar los presos preventivos de los que son condenados, evaluar la población carcelaria en sentido general, ver cómo los jueces de la ejecución de las penas pueden descargar el sistema, tomando en cuenta los que hayan cumplidos las penas o los que no hayan presentado acusación.
Castaño Guzmán dijo que llegó la hora de que se pueda dar el salto al nuevo modelo penitenciario y que se comience a implementar la ley que se aprobó en el 2001, que reformula el sistema penitenciario en el país, aunque ya se tiene la norma, se tiene que promulgar los reglamentos, y desmontar lo que no sirve como es el modelo tradicional.
Consideró que la Reforma trae consigo múltiples inversiones y que la propuesta de la a procuradora tiene que evaluarse para saber el costo, para ser puesto en el presupuesto complementario en el del año que tiene.
Propuesta del Presidente es más factible
Mientras que Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, consideró que se han hecho demasiadas comisiones, pactos y gabinetes y que lo surte es lo que ha propuesto el presidente Luis Abinader.
Manifestó que el equipo designado trabajará por el seguimiento de la reforma penitenciaria, tanto estructural como un programa responsable y efectivo de reeducación y reinserción para los privados de libertad.
“Jamás una sentencia ha establecido que los internos estén en un infierno en las cárceles dominicanas, ya está bueno dé discursos vacíos, es hora de decirle a la sociedad dominicana que vivimos en en un estado social y derecho, esto se debe manifestar en cómo un país trata a sus presos”, adujo Valentín Santos.
Señaló que la constitución no es de ahora, ya que tiene constitución desde el año 1844, y todas han hablado sobre el respeto a la dignidad de las personas y es lo que menos se aplica en la cárceles del país, al tiempo de agregar que el fracaso que se ha tenido en tema prisiones ha sido responsabilidad de sus incumbentes.
Manifestó que poco interés ha mostrado en la solución de los problemas que envuelven ese sector de la sociedad y que es muy lamentable que todavía haya personas durmiendo al lado de letrinas, “ha habido muy poca sensibilidad y compasión respecto a las condiciones carcelarias en el país”.
Valentín Santos dijo que no solo es voluntad que hace falta, es determinación, y que a su esperanza, es que el equipo que ha formado el Presidente tenga el respaldo necesario para de una vez y por toda esas pocilgas de cárceles que hay ya sea historia patria.
Para el doctor Manuel María Mercedes Medina, la propuesta planteada por la Procuradora, la misma no tiene razón de ser para resolver una crisis que se le había advertido y que ellos mismo provocaron haberla profundizado.
“Porque la Comisión de los Derechos Humanos entiende que es necesario un pacto para solucionar un problema que solamente hay que aplicar lo que establece la ley 113-20, para que un Pacto de Nación cuando lo que se tiene que hacer para resolver la crisis penitenciaria es aplicar la ley “, se preguntó el jurista.