Varios de los uniformados que han sido acusados de tráfico de armas. (Foto: DIARIO LIBRE-Nehemías Albino).

SANTO DOMINGO.- Ha provocado una oleada de comentarios en los cuerpos armados de la República Dominicana el caso de  seis militares y un miembro de la Policía Nacional que acaban de ser acusados por el Ministerio Público  de ingresar al país de manera ilegal 220 armas de fuego.

Son ellos el general de brigada paracaidista Bienvenido Cordero Batista, el teniente coronel del Ejército Félix Francisco Pérez Artilez, el mayor del Ejército Esteban Marrero Ruiz, el capitán del Ejército Francisco Mercedes Medrano, el primer teniente del Ejército Edwin Rafael Almonte Camacho y  el primer teniente de la Policía Nacional José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, algunos de ellos con más de veinte años en este departamento. Además, el  coronel del Ejército Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de una armería que supuestamente vendía las armas traficadas.

Tras meses de investigación conjunta, el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía así como la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde 2012 “se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de 300 mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante Decreto número 309-06”.

Luego de varios allanamientos, Procuraduría General de la República dice haber descubierto que esos siete uniformados eran los supuestos responsables de dicha irregularidad.  Dijo que ellos “aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, conformaron una red que ingresó al país de manera irregular dichas armas, en operaciones a las que daban apariencia lícita”.

El general Cordero Batista se desempeñaba como director General del Material Bélico del Ministerio de Defensa, y según la Procuraduría era el “encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlos con su firma”.

Informa que el teniente coronel Félix Francisco Pérez Artliez, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico, “se ocupada de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines”.

El mayor Marrero Ruiz “era el  enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía” y tramitaba “las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia”, conforme a la Procuraduría.

Señala que Francisco Mercedes Medrano, capitán, era el encargado de archivo y confeccionar las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico en tanto que Edwin Rafael Almonte Camacho, primer teniente del Ejército, asistente del director General de la Intendencia del Material Bélico, “era quien supervisaba al personal de trabajo y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación”.

Asimismo,  el primer teniente José Miguel Torres Rodríguez fungía como encargado de las Armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico.  “Concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas”, dice la Procuraduría.

Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel, es el propietario de Armería Inversiones Heptágono, compañía que “se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados”, agrega.

Ayer el juez de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, Julio Aybar,  aplazó para el próximo lunes el conocimiento de una solicitud de medida de coerción en contra de esos uniformados, al percatarse de que tres de ellos no tenían abogados que los representaran

Los abogados Salvador Potentini y Pedro López, abogados del general Bienvenido Cordero Batista, calificaron de “populismo” del procurador General, Francisco Domínguez Brito, las acciones en contra de su defendido. Este último fue cancelado como director general de Material Bélico del Ministerio de Defensa a finales del año pasado, supuestamente por negligencia.

También Víctor Féliz y Virgilio Martínez, abogados del primer teniente Edwin Almonte Camacho, y de José Miguel Torres, empleados de Material Bélico, reiteraron que todas las armas entraron al país de manera legal.