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Proyecto contempla sanciones e inhabilitación para los abogados
SANTO DOMINGO. El proyecto sometido por la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara de Diputados, para regular el ejercicio de la abogacía en el país contempla sanciones para los que incurran en faltas en el ejercicio de la profesión.
Según la gravedad de las faltas, el Consejo del Poder Judicial podrá imponer a los abogados sanciones, pero no se considerarán tales las observaciones, las advertencias y los consejos en interés del servicio.
Establece que sin perjuicio de imponer la amonestación escrita y amonestación verbal, será inhabilitado para ejercer la profesión, por un período mayor de seis meses y hasta dos años, el abogado que descuidare el manejo de documentos y expedientes puestos a su cargo por parte del cliente, sin consecuencias apreciables, en razón de la naturaleza de los mismos.
También el que cometiere algún hecho, que sin mayores consecuencias, violenten la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad que debe reinar en todo profesional; incurriere en mala conducta notoria; descuidare la calidad del trabajo frente a su cliente causando perjuicio a éste; dejare de asistir a una audiencia a la cual fue debidamente citado, sin justificación alguna, entre otras faltas.
Dispone que podría ser inhabilitado por dos hasta cinco años, el abogado que incumpliere los deberes, ejerciere en forma indebida los derechos o no observare las prohibiciones o incompatibilidades legales, cuando el hecho o la omisión tenga consecuencias graves para los ciudadanos o para el Estado.
Además, si llevara a los medios de comunicación, personalmente o por interpósitas personas los casos en los cuales tenga interés; realizare en el tribunal actividades ajenas a sus deberes; promoviere, participare o apoyare actividades contrarias al orden público, a las buenas costumbres o al ejercicio ético de la profesión; que aceptare mandato o encargo de un cliente que haya apoderado a otro abogado sin la prueba de que este último ha recibido el pago de los honorarios correspondientes, entre otras faltas.
Propone que será inhabilitado de manera definitiva y permanente el abogado que solicitare o recibiere, directamente o por intermedio de otras personas: comisiones en dinero o en naturaleza; o solicitare, aceptare o recibiere gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas, para intentar sobornar a alguna autoridad judicial.
También el abogado que solicitare o recibiere, directamente o por intermedio de otras personas comisiones en dinero o en naturaleza; o solicitare, aceptare o recibiere gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas de la contraparte, para ejercer inadecuadamente los derechos, acciones y prerrogativas propias de su cliente, a los fines de que la contraparte salga beneficiada; u omitiere tales actos con los mismos fines.
Inhabilitación por condena
Será inhabilitado el abogado si fuere condenado penalmente por delito o crimen, a una pena privativa de libertad; incurriere en vías de hecho, injuria, difamación, insubordinación o conducta inmoral; hiciere de conocimiento público informaciones, datos o cualquier otro hecho que violenten el secreto profesional, con excepción de los casos autorizados por la Ley, entre otros. Estas sanciones se aplicarán, sin perjuicio de las previstas en el Código de Ética del Colegio de Abogados.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.