Santo Domingo, RD.-Para el asesor y ex presidente del Conaci (Consejo Nacional de Consultores Impositivos), Alexis Rodríguez, en principio, la reducción de la tasa de 1% a 0.25% establecida en un proyecto de ley, implicaría una disminución potencial en las recaudaciones del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), ya que la medida será de aplicación inmediata (luego de promulgada por el Poder Ejecutivo).Economía
Proyecto de ley bajará de 1% a 0.25% el impuesto a la propiedad inmobiliaria
Santo Domingo, RD.-Para el asesor y ex presidente del Conaci (Consejo Nacional de Consultores Impositivos), Alexis Rodríguez, en principio, la reducción de la tasa de 1% a 0.25% establecida en un proyecto de ley, implicaría una disminución potencial en las recaudaciones del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), ya que la medida será de aplicación inmediata (luego de promulgada por el Poder Ejecutivo).El IPI es un impuesto anual que los contribuyentes, propietarios de bienes inmuebles declarados ante la administración tributaria pagan en dos cuotas iguales (50%/50%) el 11 de marzo y 11 de septiembre de cada año.
De acuerdo con el consultor, es predecible que la administración tributaria (DGII) iniciaría un proceso nacional de actualización y reajustes de los valores de los inmuebles y con ello neutralizaría o compensaría total o parcialmente el efecto recaudatorio por la reducción de la tasa. Otro caso con un efecto distinto, apuntó.
Recaudacioes
En 2018 se recaudaron RD$2,527.0 millones por concepto del IPI. Estas recaudaciones representaron menos del 1% de los ingresos recaudados por la DGII.
No obstante, precisa que el proyecto de ley no corrige ni aborda el tema de las “sociedades tenedoras de inmuebles sin operaciones” y su vinculación con la cuestionada Norma General 4-06, con respecto al cumplimiento del Artículo 402 del Código Tributario.
La pieza mantiene la exención ajustada por inflación al conjunto de inmuebles (patrimonio inmobiliario) de RD$7,438,197.
También se mantiene la exención a los inmuebles rurales, agropecuarios, a las personas físicas con edad mayor a 65 años que posean una única vivienda y leyes especiales (Ley 158- 01).
Para las personas físicas que lleven contabilidad organizada, el pago del IPI será un gasto admitido, conforme con el Artículo 287 del Código Tributario y Reglamento 50-13.
En la actualidad la tasa del IPI del 1% a las personas físicas es similar a la tasa del 1% del impuesto mínimo a los activos imponibles de las sociedades (que incluyen a los inmuebles). En ambos casos se trata de un impuesto al patrimonio, aunque el segundo tiene ciertas particularidades atadas al Impuesto Sobre la Renta.
El artículo 1 del proyecto de ley indica que la reducción de la tasa del IPI fomentaría la transparencia patrimonial. Sin embargo, el cambio “no armonizado” de ambas tasas podría provocar decisiones racionales en los agentes económicos y medidas antielusión por la administración tributaria, a juicio de Rodríguez.
Además, la iniciativa legislativa contribuye a aliviar el efecto subsecuente que tendría la revaluación de inmuebles, para aquellas personas que se acojan a la ley de revalorización y sincerización patrimonial (ambos proyectos de ley fueron aprobados en el Senado, pero pendientes en la Cámara de Diputados).
El Artículo 17 de la Ley 18-88 establece expresamente el destino de las recaudaciones del IPI (80% para la construcción de apartamentos de carácter social y fortalecimiento institucional de la Dirección General del Catastro Nacional, y 20% para los ayuntamientos), explicó el especialista impositivo.
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Santo Domingo, R.D.-El dólar estadounidense abrió este sábado con una ligera variación en el mercado local, de acuerdo con el más reciente reporte del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
La institución monetaria informó que la divisa se compra a RD$62.94 y se vende a RD$63.56, una diferencia moderada frente al cierre previo.
Comportamiento del mercado cambiario
El euro también reflejó estabilidad al inicio de la jornada, con una tasa de compra situada en RD$71.00. Con estos valores, US$100 equivalen hoy a RD$6,294, mientras que €100 representan RD$7,100.
Las variaciones continúan alineadas con el comportamiento internacional y las presiones moderadas en la demanda local.
Plataformas de envío como Western Union (Vimenca) reportan una tasa de RD$63.41 por dólar, ligeramente superior al promedio bancario. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 6341.20 pesos dominicanos.
Por su parte, Caribe Express reporta una tasa de RD$62.60 por dólar, ligeramente superior al promedio bancario. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 63.3102 pesos dominicanos.
Los valores pueden variar entre entidades y horarios, dependiendo del flujo transaccional.
Comparación bancaria y datos internacionales
En el caso de Banreservas, el tipo de cambio inicia en RD$61.80 para la compra y RD$63.80 para la venta. Mientras tanto, el Banco Popular Dominicano fija la compra en RD$61.65 y la venta en RD$64.05. Entre los agentes de cambio, los precios se mantienen dentro del rango habitual.
Según Bloomberg, el dólar se posiciona en RD$62.79 en el mercado dominicano. Aunque durante la última semana el valor muestra un pequeño descenso de 0.36%, en una perspectiva de un año presenta un incremento acumulado de 8.01%.
Para quienes realizan envíos de remesas desde Estados Unidos a República Dominicana, continúan disponibles plataformas como Monito, Global66, Western Union, Remitly, MoneyGram y Xoom, con variaciones según método, plazo y comisiones.
SANTO DOMINGO.- Las principales cadenas de supermercados del país solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, alegando fallas graves en el procedimiento y una situación de “indefensión” para el sector importador.
La solicitud fue presentada por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, quienes denunciaron que el proceso avanza con imprecisiones que impiden evaluar la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Según los importadores, desde el inicio de la investigación la CDC no ha entregado documentos esenciales del expediente, incluidos anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencias que sustentan el supuesto “daño grave” alegado por las empresas solicitantes. Aseguran que, pese a que la Ley 1-02 obliga a proveer el expediente íntegro, esta información no ha sido puesta a disposición de las partes interesadas.
La comunicación señala además que la descripción del producto bajo análisis es demasiado amplia, abarcando casi todas las variedades de galletas dulces y saladas, industriales o de producción masiva. Esta indefinición, afirman, impide realizar un análisis técnico sobre importaciones, precios o competencia, lo que comprometería la validez jurídica del proceso.
Otro punto señalado es que el plazo para completar los formularios obligatorios vence el 25 de noviembre, pero los documentos indispensables para su llenado, como estados financieros y estudios técnicos, no han sido entregados. Esto, sostienen, bloquea por completo su derecho a la defensa.
Las cadenas advierten que estas fallas no solo afectan a los actores involucrados, sino que ponen en riesgo la legitimidad del procedimiento y la seguridad jurídica del país, al tiempo que podrían generar eventual responsabilidad para el Estado dominicano.
Ante este escenario, solicitan al Pleno de Comisionados suspender temporalmente el proceso hasta que se determine con precisión el producto investigado, se entregue el expediente completo y se ajusten los plazos conforme a la realidad del caso.
Mientras la CDC analiza la medida provisional solicitada por los fabricantes, que elevaría los aranceles hasta un 87.1 %, aumenta la presión para revisar las condiciones en que avanza la investigación. Para los importadores, el debate trasciende la conveniencia de una salvaguarda y se centra en si el país puede adoptar una decisión de alto impacto social basada en un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado.
Santo Domingo, R.D.-El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (Micm), Víctor Ito Bisonó, precisó que la suspensión de la operaciones de la zona franca Global Cigars Croup, SRL, que opera en Esperanza, Valverde y en Baní, provincia Peravia, se debe a la detección de una plaga altamente dañina, conocida como el escarabajo del tabaco o Lasioderma Serricorne y, según informes de la propia empresa será por 90 días hasta tanto la situación sea controlada.
El ministro Bisonó también aclaró que el cierre temporal de las operaciones solo afecta a 315 trabajadores y no a mil como se publicó.
Dijo que se reunió con ejecutivos de la zona franca de Baní, una comisión de empleados de la empresa y con el diputado Luís Báez, quienes le informaron de la suspensión, no cierre.
Asimismo, remitió a una carta del presidente de la empresa Melvin Junior Rodríguez Ovalle, en la se asegura que el cierre será desde el 21 de este mes hasta el 23 de febrero de 2026, período en el que agotan y un plan riguroso de fumigación con fosfosina, limpieza profunda, tratamiento técnico, monitoreo científico y métodos de control para eliminar la plaga.
Sostuvo que las operaciones hacia Baní serán reanudadas desde que la situación esté normal.
Se trata de una plaga altamente dañina que afecta críticamente la materia prima y los procesos productivos, lo que impide continuar las operaciones bajo los estándares de calidad y sanidad requeridos por las normas, explicó el presidente de Global Cigars Group GGC, SRL, en la carta enviada a la Dirección de Proindustria el 21 de este mes.
Global Cigars Group es una empresa con presencia a nivel nacional: Villa González, Esperanza, Bonao, y Baní, con alrededor de 2,000 empleados.
Están suspendiendo sus operaciones en Bonao y Baní por la presencia del Escarabajo de Tabaco (Lasioderma Serricorne), plaga que fue certificada por la empresa Fumax y un técnico del Ministerio de Agricultura. Esta suspensión está solicitada al Ministerio de trabajo desde el 20 de noviembre al 23 de febrero del 2026, reiteró el ministro Bisonó al respecto.
Explicó en Baní se han afectado 245 empleos y 70 en Bonao para un total de 315 colaboradores, representando el 15% del total de colaboradores.
Indicó que durante la suspensión la empresa seguirá pagando la totalidad a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y que las empleadas en maternidad y lactancia no entran en la suspensión.
Operaciones de ZF en Baní
Actualmente, dijo Bisonó, en el parque de Baní hay aproximadamente 847 empleados en 10 empresas que ocupan 15 naves de un total de 24.
De las 9 restantes hay dos en proceso de firma de contrato para empezar a operar (Abapromango, AAA Clothing), dos de las cuales están ocupadas por el Ministerio de Salud Pública.
Además, hay cinco en Litis, y de las cuales tres ya están en etapa final de recepción por parte de Proindustria con ganancia de causa en los tribunales. En conjunto estas tres naves tienen un área de 60,000 pies cuadrados que estarán disponibles para rentar antes de finalizar el 2025, señaló.
También hay 33 solicitudes de industriales que se quieren instalar en este parque.
Con la inauguración de la Circunvalación de Baní este parque toma un atractivo mayúsculo, ya que esta vía conecta al parque de manera más rápida y directa con los principales muelles y regiones del país.