Santo Domingo, RD.-Para el asesor y ex presidente del Conaci (Consejo Nacional de Consultores Impositivos), Alexis Rodríguez, en principio, la reducción de la tasa de 1% a 0.25% establecida en un proyecto de ley, implicaría una disminución potencial en las recaudaciones del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), ya que la medida será de aplicación inmediata (luego de promulgada por el Poder Ejecutivo).Economía
Proyecto de ley bajará de 1% a 0.25% el impuesto a la propiedad inmobiliaria
Santo Domingo, RD.-Para el asesor y ex presidente del Conaci (Consejo Nacional de Consultores Impositivos), Alexis Rodríguez, en principio, la reducción de la tasa de 1% a 0.25% establecida en un proyecto de ley, implicaría una disminución potencial en las recaudaciones del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), ya que la medida será de aplicación inmediata (luego de promulgada por el Poder Ejecutivo).El IPI es un impuesto anual que los contribuyentes, propietarios de bienes inmuebles declarados ante la administración tributaria pagan en dos cuotas iguales (50%/50%) el 11 de marzo y 11 de septiembre de cada año.
De acuerdo con el consultor, es predecible que la administración tributaria (DGII) iniciaría un proceso nacional de actualización y reajustes de los valores de los inmuebles y con ello neutralizaría o compensaría total o parcialmente el efecto recaudatorio por la reducción de la tasa. Otro caso con un efecto distinto, apuntó.
Recaudacioes
En 2018 se recaudaron RD$2,527.0 millones por concepto del IPI. Estas recaudaciones representaron menos del 1% de los ingresos recaudados por la DGII.
No obstante, precisa que el proyecto de ley no corrige ni aborda el tema de las “sociedades tenedoras de inmuebles sin operaciones” y su vinculación con la cuestionada Norma General 4-06, con respecto al cumplimiento del Artículo 402 del Código Tributario.
La pieza mantiene la exención ajustada por inflación al conjunto de inmuebles (patrimonio inmobiliario) de RD$7,438,197.
También se mantiene la exención a los inmuebles rurales, agropecuarios, a las personas físicas con edad mayor a 65 años que posean una única vivienda y leyes especiales (Ley 158- 01).
Para las personas físicas que lleven contabilidad organizada, el pago del IPI será un gasto admitido, conforme con el Artículo 287 del Código Tributario y Reglamento 50-13.
En la actualidad la tasa del IPI del 1% a las personas físicas es similar a la tasa del 1% del impuesto mínimo a los activos imponibles de las sociedades (que incluyen a los inmuebles). En ambos casos se trata de un impuesto al patrimonio, aunque el segundo tiene ciertas particularidades atadas al Impuesto Sobre la Renta.
El artículo 1 del proyecto de ley indica que la reducción de la tasa del IPI fomentaría la transparencia patrimonial. Sin embargo, el cambio “no armonizado” de ambas tasas podría provocar decisiones racionales en los agentes económicos y medidas antielusión por la administración tributaria, a juicio de Rodríguez.
Además, la iniciativa legislativa contribuye a aliviar el efecto subsecuente que tendría la revaluación de inmuebles, para aquellas personas que se acojan a la ley de revalorización y sincerización patrimonial (ambos proyectos de ley fueron aprobados en el Senado, pero pendientes en la Cámara de Diputados).
El Artículo 17 de la Ley 18-88 establece expresamente el destino de las recaudaciones del IPI (80% para la construcción de apartamentos de carácter social y fortalecimiento institucional de la Dirección General del Catastro Nacional, y 20% para los ayuntamientos), explicó el especialista impositivo.
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Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
Para hacer frente al bloqueo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la víspera de que la OTAN se enfrenta a «un futuro muy malo» si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por ese enclave estratégico para la economía mundial.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Así, las autoridades rompen con 38 semanas consecutivas sin variación de estos cuatro hidrocarburos, cuyo precio actual es el más alto desde la segunda semana de marzo del 2022, cuando el petróleo también se disparara como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
En tanto, el gasoil regular aumentará de 224.80 a 229.80 pesos, mientras que el gasoil óptimo subirá de 242.10 a 247.10 pesos, siendo esta la primera variación desde la primera semana de julio del 2025 (cuando el galón se vendiera en 221.60 y 239.10 respectivamente).
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
Aunque aclaró que, aun cuando estos productos sí están registrados y responden a un efecto procompetitivo, deben ajustarse al ordenamiento público y las normas que se establecen tanto a nivel local como los portadores.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.