Santo Domingo, RD.-Probablemente sea dividido en dos el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes para «evitar confusiones» sobre las “medidas de atención a las víctimas de trata y las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes”.Nacionales
Podría ser dividido en dos proyecto de ley Integral sobre Trata de Personas.
Santo Domingo, RD.-Probablemente sea dividido en dos el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes para «evitar confusiones» sobre las “medidas de atención a las víctimas de trata y las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes”.El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), a donde fue enviado el proyecto después de ser retirado del Senado por orden del presidente Luis Abinader, remitió el proyecto a las instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) para que evalúen las correcciones hechas por la entidad migratoria.
Una fuente cercana al proceso, detalló a este medio, que después de que la pieza fuera oficialmente retirada, las instituciones de la comisión encargada hicieron varias observaciones que fueron “sistematizadas” por el Mirex, donde fue mejorada la redacción y se separó en dos.
Se estima que el primero anteproyecto sea denominado “ley integral sobre trata de personas” el cual tiene, hasta el momento, un volumen aproximadamente de 36 páginas y 85 artículos.
Mientras que el segundo, será identificado como “ley para el combate del tráfico ilícito de migrantes” que contiene al menos 15 páginas y 32 artículos.
Explicó que una vez los dos proyectos sean observados por las 17 entidades que integran el Citim, estas deberán de enviar sus observaciones o comentarios con un día límite establecido.
“El viernes es el plazo límite para enviar observaciones o comentarios. A partir de ahí se convocará el pleno de la CITIM para una última reunión en la que se llegue a un consenso. Esperamos que esa segunda reunión sea lo antes posible, ya que no anticipamos que haya diferencias importantes entre las instituciones”, indicó una fuente autorizada.
El contenido de este controversial anteproyecto, fue mejorado en busca de “aclarar que las medidas de atención integral solo alcanzan a las víctimas debidamente identificadas y reconocidas de trata”, especificó la fuente, indicando una de las principales motivaciones para modificar la redacción.
El 7 de febrero el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que el presidente Abinader instruyó el retiro de ese proyecto pero fue el 15 de ese mismo mes que se formalizó la anulación para realizar “adecuaciones” a la propuesta, luego de que su contenido alarmara a la población generando críticas y rechazo.
¿Quiénes conforman el Citim?
Las entidades que conforman el Citim son 17, según indica el portal web del Mirex, quien encabezada el listado seguido por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer, Procuraduría General de la República, y el Ministerio de Defensa.
También forman parte de la comisión la Policía Nacional, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración, Dirección General de Pasaportes, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Armada de la República Dominicana, Instituto Nacional de Migración y el Programa Social Supérate.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.