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Propietarios y alguaciles podrían ir a la cárcel por desalojo no autorizado, según lo establece nuevo proyecto de ley.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado este miércoles  en primera lectura en la  Cámara de Diputados el proyecto de ley que establecería un nuevo régimen para regular el alquiler de inmuebles en el país.

Esta iniciativa delimitará las relaciones, condiciones y obligaciones jurídicas que se originen entre el propietario e inquilino, al realizar un contrato de arrendamiento sobre una edificación.

Sin embargo, esta pieza, que derogaría leyes vigentes, aplicaría también un nuevo marco de penalidades, en el cual serían sancionados los arrendadores, alguaciles y abogados.

Las figuras antes mencionadas podrían recibir una pena que oscilaría entre tres y cinco años una multa de por ejecutar un desalojo no autorizado. La comisión de este hecho dispone, por igual, un castigo de 10 o 20 salarios mínimos del sector público.

Además, el alguacil que incumpla el debido proceso al momento de ejecutar una sentencia judicial de desalojo, vulnerando los ajuares del inquilino, recibiría una sanción.

“Una pena disciplinaria de un año de suspensión o multa de cinco a 30 salarios mínimos del sector público, o ambas penas a la vez, según la gravedad de la infracción”, indica el documento legislativo.

El juzgado de paz será el encargado de, previo a conocer de las demandas que surjan de la violación del contrato de alquiler de viviendas, celebrar un proceso preliminar con las dos partes involucradas para la conciliación.

Por otro lado, el inquilino también deberá realizar las reparaciones de mantenimiento necesarias, a fin de conservar el inmueble en buen estado para el uso que ha sido acordado.

El desarrollo de este procedimiento “no le otorgará el derecho” de elevar la renta durante el periodo en curso de la vigencia del contrato.

En el caso de que el arrendatario necesite desocupar el inmueble debido al remozamiento, quedará suspendido el pago por motivos de renta.

“Una vez el propietario o arrendador concluya las reparaciones, pondrá nuevamente el inmueble a disposición del inquilino, quien reanudará su obligación de pago del alquiler y prorrogará el término del contrato por el mismo tiempo que duraron las reparaciones”, versa el proyecto.

No obstante, los daños y deterioros causados a la infraestructura por la falta del “inquilino, las personas que habitan junto a él o los que le visitan, estarán a su propio cargo”.

Depósito de garantía

El dueño de la propiedad podrá exigir al cliente el depósito de un monto no mayor de dos meses al precio de la renta.

La cifra económica acordada como garantía, acompañada de una copia del contrato de alquiler, será depositada en una entidad bancaria. El usuario podrá retirarlo, luego de entregar en correcto estado la estructura habitacional o comercial, según corresponda el caso.

Estudio de los legisladores

Los diputados aprobaron este proyecto de ley en primera discusión. Pero, aún falta ser conocida en una segunda discusión y repetir el mismo procedimiento legislativo en el Senado para que el Poder Ejecutivo pueda promulgar la ley.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la sociedad será convocada en los próximos días a vistas públicas para alcanzar un consenso. Con este marco legislativo quedarían derogadas las siguientes leyes:

Derogaciones 4314, del 22 de octubre de 1955, que regula la prestación, aplicación y devolución de los valores exigidos en depósitos por los dueños de casas a sus inquilinos. 17-88, del 05 de febrero de 1988, que modifica varios artículos de la Ley 4314.

El decreto 4807, del 16 de mayo de 1959, sobre Control de Alquileres de Casas y Desahucios.

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COE pide prudencia a la población durante Semana Santa 2026

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Santo Domingo.- El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE),  llamó a la población a actuar con prudencia durante el asueto de Semana Santa 2026, al advertir que la conducta individual sigue siendo determinante para evitar tragedias en este período.

Durante su participación en el programa «Reseñas, el podcast», el funcionario explicó que el operativo nacional iniciará “el jueves 2 a partir de las 2:00 de la tarde” y se mantendrá “hasta el Domingo de Resurrección a las 6:00 de la tarde”, abarcando los días de mayor desplazamiento de personas.

Indicó que más de 50,000 hombres y mujeres de distintas instituciones estarán desplegados en todo el territorio nacional, incluyendo organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes y dar respuesta oportuna ante emergencias.

No obstante, insistió en que la prevención depende en gran medida del comportamiento ciudadano. “Nadie te puede cuidar mejor que tú”, afirmó, al subrayar la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad.

El director del COE recomendó a los conductores verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, evitar el consumo de alcohol si van a manejar, respetar los límites de velocidad y utilizar sistemas de seguridad, especialmente en el caso de niños.

Asimismo, advirtió sobre el alto riesgo del uso de motocicletas durante este período: “Tuvimos 32 fallecidos, dos de ellos fueron asfixia por inmersión y los 30 restantes por accidentes de tránsito”, señaló, al referirse al operativo anterior. Además, precisó que “el 86% de la fatalidad eran motocicletas”.

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Por Semana Santa sector público sólo laborará hasta el 1 de abril.

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Santo Domingo.- Los dias de trabajo en la Semana Santa de 2026 para el sector público se extenderan hasta el miercoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde, según lo dispuso el Ministerio de Administración Pública (MAP).

La medida está contenida en la circular número 001054, emitida el 26 de marzo de 2026, y dirigida a ministros, directores generales, titulares de instituciones descentralizadas y demás entidades del Estado.

De acuerdo con el documento, el horario aplica de manera general para la administración pública, en cumplimiento del rol del MAP como órgano rector del empleo público y de los sistemas administrativos.

No obstante, la institución establece que los titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán ajustar horarios o disponer jornadas especiales cuando la naturaleza del servicio lo requiera. Esto incluye áreas que deben mantener operaciones para garantizar la atención a la ciudadanía.

La disposición busca organizar la jornada laboral durante el asueto de Semana Santa, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales en el sector público.

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Piden un año de prisión preventiva para fiscal que recibió soborno de US$10,000

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de una  prision preventiva de un año fue solicitado este domingo por el Ministerio Público como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de gestionar y recibir la suma de 10,000 dólares de una persona que se encontraba bajo investigación.

El arresto del imputado se produjo en flagrante delito el pasado viernes, durante una entrega controlada previamente autorizada por un tribunal, según informaron las autoridades.

La solicitud fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte. El expediente consta de unas 50 páginas.

  • De acuerdo con la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200,000 dólares a la persona investigada, monto que luego redujo a 150,000 dólares. Además, presuntamente manifestó interés en recibir un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.

Debido a que el imputado posee privilegio de jurisdicción, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez especial ante el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César E. Canó Alfau. En respuesta, la corte designó a Muñiz Almonte como jueza de la instrucción especial.

En la instancia, el órgano acusador también solicitó la fijación de la audiencia para conocer la medida de coerción.

La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución.

«Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga», expresó Yeni Berenice Reynoso, al calificar el caso como grave y subrayar la responsabilidad de los fiscales en la persecución de los delitos.

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