Más Noticias
Llaman al Gobierno a ampliar programa Fase con la inclusión de más personas vulnerables.
SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún, planteó al gobierno ampliar el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) para favorecer a los sectores más vulnerables y desposeídos que debido a la pandemia del coronavirus “han visto reducido los ingresos con que mantienen sus familias”.
El presidente del PRSC, Quique Antún, sugirió en ese sentido que deben ser incluido en el programa FASE aquellos trabajadores que de manera personal, como los choferes, motoconchistas y chiriperos, porque es obligación irrenunciable del Estado, conforme al artículo 61.2 de la Constitución, garantizar, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestar su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables”.
Solicitó, además, que se revise la exclusión del beneficio del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado de aquellas empresas que la ley 13-20, que otorga una amnistía mediante la eliminación de recargos e intereses en la deuda con el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Solicitó, además, que se revise la exclusión del beneficio del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado de aquellas empresas que la ley 13-20, que otorga una amnistía mediante la eliminación de recargos e intereses en la deuda con el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El líder reformista entiende que en una situación de emergencia y crisis como la que vive el país con la pandemia del coronavirus no debe haber ningún tipo de exclusion en los beneficios o protección que se busca dar a los diferentes sectores de la sociedad dominicana.
“Esa disposición establecida en la creación del programa FASE es discriminatorio e inaceptable, por lo que pedimos sea dejado sin efecto, para que esas pequeñas y medianas empresas también se beneficien del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado”, agregó.
Quique Antún explicó que es igualmente injustificable que el Estado solo asuma la compensación económica a favor de los empleados de aquellas empresas que se encuentren al día con el pago de la cuota de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) correspondiente al mes de febrero del 2020.
“Esa medida debe ser revisada cuanto antes para que se incluyan en el programa FASE a todas esas empresas que se acogieron a la ley 13-20, promulgada en febrero de este año, igual que incluir a los sectores más vulnerables y desposeídos de la población dominicana”, dijo finalmente el presidente del PRSC.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
Más Noticias
Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.