Santo Domingo, RD.- Este martes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a César Peralta, conocido como “César El Abusador” y a Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad Ley Kingpin.Nacionales
¿Qué es la Ley Kingpin, con la que se designó a César “El Abusador” y “Toño Leña” como traficantes importantes en EEUU?
Santo Domingo, RD.- Este martes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a César Peralta, conocido como “César El Abusador” y a Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad Ley Kingpin.Pero ¿qué es y qué establece esta ley?
Patrocinada por los senadores estadounidenses Diane Feinstein y Paul Coverdell en 1999, la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, conocida como Ley Kingpin, se define como la legislación que dio poderes a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) para atacar a las redes financieras de narcotraficantes en cualquier parte del mundo.
Se basa exclusivamente en la Lista Clinton, la cual según el Departamento del Tesoro de los Estados unidos es una lista emitida por la OFAC por primera vez en 1995, que fue creada por el gobierno estadounidense, en la cual se colocan empresas y personas vinculadas en caso de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
En ese mismo orden, según la web de la Casa Blanca, el objetivo de esta ley es negar a los traficantes de narcóticos extranjeros, a sus negocios relacionados y a sus operarios el acceso al sistema financiero estadunidense y prohibir todo el comercio y las transacciones entre los traficantes y las compañías e individuos en territorio norteamericano.
De igual manera, las informaciones recogidas en los portales web de instituciones estadounidenses, indican que la Lbey Kingpin le otorga autoridad al gobierno para aplicar sanciones a los narcotraficantes extranjeros “importantes”, así como a sus organizaciones con operaciones en todo el mundo.
Sanciones
Diversas fuentes señalan que la ley fue diseñada con base en la aplicación de sanciones económicas realizada en 1995 contra el cártel colombiano de Cali y que en la actualidad tiene como objetivos principales países de Latinoamérica, África, Europa y Medio Oriente.
Recientemente fueron incluidos en esta lista los dominicanos César Peralta, conocido como “César el abusador”, a Ramón Antonio del Rosario Puente (también conocido como “Toño Leña”) y a Kelvin Enrique Fernández Flaquer (conocido como “Cotto”)
También se designaron bajo las mismas condiciones a Yaher Rafael Jaquez Araujo (Jaque Mate); Bernardo Antonio Valdez García (Papi Cris); Natanael Castro Cordero; Jhonan Alexander Martínez Ureña; Boarnerges Sánchez Nolasco (Warnel) y Carlos Ariel Fernández Concepción.
Al ser incluidos en la lista, esto implica que dentro de las sanciones aplicables está la inmediata cancelación de la visa, el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, así como la prohibición para toda empresa estadunidense de hacer cualquier tipo de negocio con ellos.
Conjunto a esto, según lo expuesto en el portal digital del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estar en la lista no conlleva un procedimiento penal, pero tampoco lo excluye.
Inclusión en la lista
De igual manera, la institución estadounidense establece que para ser incluidos en la lista se debe principalmente a varios factores, entre los que destaca: “Asistir materialmente o proporcionar apoyo financiero o tecnológico para, o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico o de un narcotraficante especialmente designado”.
Además de “ser poseído, controlado, o dirigido por, o actuar por o en nombre de un traficante de narcóticos especialmente designado” y desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.