Santo Domingo.- Las cámaras de seguridad del Sistema 911 situadas en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llevaron a los peritos de la Policía Nacional hasta los responsables del secuestro y posterior asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez.Nacionales
Quién es quién en el caso Yuniol
LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA 911 LLEVARON A LA POLICÍA HACIA LOS ASESINOS DE YUNIOL RAMÍREZ, SEGÚN EL MINISTERIO PÚBLICO
Santo Domingo.- Las cámaras de seguridad del Sistema 911 situadas en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llevaron a los peritos de la Policía Nacional hasta los responsables del secuestro y posterior asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez.Según se consigna en el acta acusatoria contra el grupo involucrado, los técnicos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) tuvieron el registro de la placa del vehículo que penetró al campus y se movilizó por el lugar donde Yuniol fue secuestrado y poco tiempo después salió.
A través de las cámaras del 911 se le fue dando seguimiento a ese vehículo desde la UASD con dirección a la avenida George Washington, luego tomó la Abraham Lincoln, dobló en la José Contreras, atravesó la Winston Churchill para internarse en el parque Mirador Sur hasta llegar a la Luperón.
Cámaras verificaron que siguió en línea recta hasta “el nueve de la Duarte”, donde dobló para dirigirse al arroyo donde tiraron el cuerpo, en la cercanía del sector Manoguayabo Una verificación posterior determinó que la placa pertenecía a una camioneta Ford, azul marino, propiedad de la OMSA. Esta información fue confrontada por el testimonio de la esposa de la víctima, Francia Daibely Abreu, quien dijo a la Policía que antes de su desaparición Yuniol se había reunido con Argenis Contreras, asistente del director de la OMSA, Manuel Rivas. Con estos datos la Fiscalía solicitó al juez la autorización para los allanamientos, y apresamientos del grupo que se responsabiliza del hecho.
El caso
Víctima. La imagen muestra dos blocks y cadenas atadas al cadáver del abogado y profesor Yuniol Ramírez, como apareció el jueves 12 en un arroyo en Manoguayabo.
El pasado 11 de octubre en horas de la tarde, Argenis Contreras y José Mercado se presentaron al campus principal de la UASD, donde el abogado impartía docencia, y procedieron a raptarlo, según la acusación del Ministerio Público.
A Contreras le fueron ocupados 10 elementos de prueba, entre los que se destacan una pistola Smith and Wesson calibre nueve milímetros y su cargador, dos escopetas, 38 cartuchos, piezas de rifles, municiones, insignias y varios celulares.
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LAS INSTITUCIONES QUE SUPLÍA SANTANA
El empresario Eddy Santana es suplidor de otras instituciones del Gobierno. Su empresa figura en los registros contables del Ministerio de la Presidencia, y su programa Progresando con Solidaridad, que en sus memorias del 2015 dice le pagó 98,059.60 por suministros. Medio Ambiente pagó en el 2013 a la empresa Inversiones EDYMAT RD$539,490.10. También tiene negocios con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que en su libramiento a los suplidores durante febrero de 2015 asignó RD$221,840.14. La empresa de Santana también tiene negocios con Salud Pública.
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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
En segundo lugar, se produce una burocracia parlamentaria innecesaria. Las comisiones deben volver a estudiar los mismos proyectos, emitir informes que ya habían hecho, realizar nuevas vistas públicas sobre textos que ya fueron conocidos. El Pleno del Senado o de la Cámara de Diputados debe volver a leer, discutir y votar los mismos artículos. Todo ese tiempo y esfuerzo se desperdicia, y mientras tanto otros temas, nuevos y urgentes, quedan rezagados.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
Ante esta realidad, la solución es clara: reformar el Reglamento del Senado y el artículo 104 de la Constitución para permitir que los proyectos de ley mantengan su vigencia durante todo el cuatrienio constitucional, no apenas por un año. Que los esfuerzos legislativos no se pierdan por formalismos, sino que avancen hasta ser aprobados o rechazados de forma expresa. Que el Congreso legisle con seriedad, sin premura artificial ni dilaciones forzadas.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.