Santo Domingo.- Las cámaras de seguridad del Sistema 911 situadas en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llevaron a los peritos de la Policía Nacional hasta los responsables del secuestro y posterior asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez.Nacionales
Quién es quién en el caso Yuniol
LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA 911 LLEVARON A LA POLICÍA HACIA LOS ASESINOS DE YUNIOL RAMÍREZ, SEGÚN EL MINISTERIO PÚBLICO
Santo Domingo.- Las cámaras de seguridad del Sistema 911 situadas en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llevaron a los peritos de la Policía Nacional hasta los responsables del secuestro y posterior asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez.Según se consigna en el acta acusatoria contra el grupo involucrado, los técnicos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) tuvieron el registro de la placa del vehículo que penetró al campus y se movilizó por el lugar donde Yuniol fue secuestrado y poco tiempo después salió.
A través de las cámaras del 911 se le fue dando seguimiento a ese vehículo desde la UASD con dirección a la avenida George Washington, luego tomó la Abraham Lincoln, dobló en la José Contreras, atravesó la Winston Churchill para internarse en el parque Mirador Sur hasta llegar a la Luperón.
Cámaras verificaron que siguió en línea recta hasta “el nueve de la Duarte”, donde dobló para dirigirse al arroyo donde tiraron el cuerpo, en la cercanía del sector Manoguayabo Una verificación posterior determinó que la placa pertenecía a una camioneta Ford, azul marino, propiedad de la OMSA. Esta información fue confrontada por el testimonio de la esposa de la víctima, Francia Daibely Abreu, quien dijo a la Policía que antes de su desaparición Yuniol se había reunido con Argenis Contreras, asistente del director de la OMSA, Manuel Rivas. Con estos datos la Fiscalía solicitó al juez la autorización para los allanamientos, y apresamientos del grupo que se responsabiliza del hecho.
El caso
Víctima. La imagen muestra dos blocks y cadenas atadas al cadáver del abogado y profesor Yuniol Ramírez, como apareció el jueves 12 en un arroyo en Manoguayabo.
El pasado 11 de octubre en horas de la tarde, Argenis Contreras y José Mercado se presentaron al campus principal de la UASD, donde el abogado impartía docencia, y procedieron a raptarlo, según la acusación del Ministerio Público.
A Contreras le fueron ocupados 10 elementos de prueba, entre los que se destacan una pistola Smith and Wesson calibre nueve milímetros y su cargador, dos escopetas, 38 cartuchos, piezas de rifles, municiones, insignias y varios celulares.
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LAS INSTITUCIONES QUE SUPLÍA SANTANA
El empresario Eddy Santana es suplidor de otras instituciones del Gobierno. Su empresa figura en los registros contables del Ministerio de la Presidencia, y su programa Progresando con Solidaridad, que en sus memorias del 2015 dice le pagó 98,059.60 por suministros. Medio Ambiente pagó en el 2013 a la empresa Inversiones EDYMAT RD$539,490.10. También tiene negocios con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que en su libramiento a los suplidores durante febrero de 2015 asignó RD$221,840.14. La empresa de Santana también tiene negocios con Salud Pública.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.