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Ramón Báez “arrepentido”, pide segunda oportunidad
El exbanquero fue liberado ayer por el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal
Le pido a la sociedad que me perdone y me permita reintegrarme a laborar. Estoy completamente arrepentido y en la cárcel aprendí que lo espiritual está por encima de lo material”, afirmó llorando Ramón Báez Figueroa, al escuchar la sentencia del juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, que le concedía la libertad condicional. Estuvo 5 años preso.
Las lágrimas recorrían sus mejillas, mientras el responsable del mayor fraude bancario del país, ascendente a 55 mil millones de pesos, mediante el Banco Intercontinental (Baninter), aseguraba que los cinco años y nueve meses que estuvo recluido en Najayo Hombres fueron dolorosos.
“Sobre todo, con mi familia, mi padre y por mí mismo”, precisó.
El juez Núñez Mejía acogió el acuerdo al que arribó el imputado con el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Comisión Liquidadora del Banco Intercontinental.
Según el juez, el empresario cumplió los estamentos contenidos en la Ley 164 sobre Libertad Condicional, también honró sus compromisos con los agraviados por el fraude.
En la sentencia leída de manera íntegra durante 52 minutos por la secretaria del tribunal, Dolores García, se establece que el imputado pagó la multa de 490 mil pesos, que le impuso el tribunal que lo condenó, a favor del Estado dominicano como pena por su delito.
Requisitos. El juez estableció una serie de requisitos que deberá cumplir el exbanquero para mantener la libertad condicional, como su presentación por ante la secretaría del Tribunal de Ejecución de la Pena y la Secretaría de la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal a firmar el libro de control los últimos viernes de cada mes, iniciando el 3 de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2017, cuando concluye la totalidad de la pena que le impusiera el tribunal que lo condenó.
El expresidente ejecutivo del desaparecido Banco Intercontinental deberá impartir 10 charlas sobre prevención de delitos financieros, dinero y valores en igual número de universidades.
Deberá mantener residencia fija en la Torre Libertador, apartamento 18 de Bella Vista, Distrito Nacional. Tendrá impedimento de salida del país, no podrá visitar de manera frecuente los lugares nocturnos como bares, ni abusar de la ingesta de alcohol.
En caso de que incumpla algunos de estos ordenamientos, el exbanquero -que tras el fraude millonario de Baninter generó una de las grandes crisis económicas del país- podría volver a la cárcel. Báez Figueroa descartó la reapertura del periódico El Siglo.
Agraviados. Carlos Salcedo, abogado del Banco Central, dijo que la entidad no se opuso al pedido de libertad del exbanquero porque “no somos verdugos”. Indicó que el BC llegó a un acuerdo que le ha permitido reinvindicar la propiedad y la entrega de activos para que haya una liquidación más efectiva del Banco Intercontinental. Báez deberá entregar más bienes.
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El acuerdo
Pese a la insistencia de la prensa para que el exbanquero liberado y los abogados del Banco Central (BC) y la Superintendencia de Bancos indicaran en qué consistía el trato, ninguno profundizó. Salcedo, abogado del BC, dijo que ahora en libertad Báez Figueroa deberá entregar más muebles e inmuebles cuyos costos ascienden a sumas millonarias. Por este acuerdo que se gestionó desde 2009 el imputado está libre. HOY
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.