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Vicepresidenta de la República advierte que gobierno no protegerá a nadie acusado de narcotráfico.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, advirtió este lunes que se debe erradicar el narcotráfico del país, a propósito de los recientes casos de políticos y allegados vinculados al tráfico de narcóticos.
La vicepresidenta del país dijo que no importa quién sea el acusado y que si es culpable tiene que pagar en la justicia.
“Nuestro gobierno ha dado muestra de que no hay impunidad, sobre todo del narcotráfico. No importa quién sea, si es culpable tiene que pagar”, dijo la vicemandataria a su salida de la Catedral Primada de América.
En esa ceremonia también estuvo presente el ministro de la Presidencia y presidente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza.
“Realmente nosotros tenemos que erradicar el narcotráfico de Republica Dominicana porque ustedes saben el daño que eso le hace a nuestra sociedad”, agregó la vicepresidenta Peña a los periodistas.
Listín Diario reveló la semana pasada en una serie de reportajes la culpabilidad del regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez por tráfico internacional de cocaína.
Ambos llegaron a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se declararon culpables de traficar narcóticos, según documentos depositados en una corte estadounidense a los que tuvo acceso este diario.
Tras los reportajes, el PRM informó que Edickson Herrera Silvestre, regidor de esa organización política en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, fue suspendido por la militancia del partido gobernante.
El viernes pasado también se dio a conocer la participación del exesposo de Jacqueline Fernández, diputada de la provincia La Romana por el PRM, en supuestos vínculos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Se trata de Esteffani José Vásquez Amarante, quien es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y solicitado en extradición por las autoridades norteamericanas. Este martes será conocido su proceso de extradición en la Suprema Corte de Justicia.
También a mediados de octubre pasado, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que el exasesor honorífico para las zonas francas, del empresario Fabio Augusto Jorge-Puras, era investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), con relación a tráfico de sustancias ilícitas y que hay una orden de arresto en su contra. El titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, informó que por instrucciones del presidente Luis Abinader, colabora con la DEA desde hace varios meses con la investigación en la que se vincula a Jorge-Puras.
Según dichas investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre el año 2003 y 2019.
El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición en el gobierno mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD, bajo la decisión del Gobierno de que hay consecuencias para los que se apartan de los cánones legales.
Además se hizo constar que las indagatorias se realizaban de manera confidencial, para no entorpecer el proceso de investigación del Distrito Sur de Miami.
El otro dominicano investigado es Gaspar Antonio Polanco Virella, quien en 2020 se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
El 15 de septiembre pasado el presidente Luis Abinader ofreció en LA Semana con la Prensa una amplia exposición sobre los logros contra el tráfico de drogas y la criminalidad en los últimos cinco años.
Junto a comandantes de los principales organismos de Seguridad del Estado y funcionarios de la embajada de Estados Unidos, dijo que país había decomisado 226 mil kilos de drogas, 144 embarcaciones, 13,446 vehículos, 1,596 armas de fuego, siete aeronaves, US$13 millones en activos financieros, RD$188 millones y retuvieron 182,815 personas.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.