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Vicepresidenta para a aspirante al TC por comentarios contra Henry Molina
Santo Domingo, R.D.-Tras uno de los participantes de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional ser censurado y parado en su auto presentación cuando expresó críticas al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Luis Henry Molina, la cual fue la última entrevista realizada este miércoles por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya intervención de Rigoberto Antonio Rosario Guerrero, no motivó ninguna pregunta de los consejeros y que generó que la entrevista terminara de forma incómoda.
Al presentarse como un abogado por “casi 6 lustros” y escritor, con varios análisis jurídicos sobre temas constitucionales y ensayos en esa misma área, Rosario Guerrero indicó que uno de los planteamientos dados por él ha sido que la resolución para la escogencia de Luis Henry Molina violaba la constitución de la República.
En ese momento, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dice “señora vicepresidenta” y Raquel Peña, quien encabezaba el órgano, en ausencia del presidente Luis Abinader, interrumpe a Rigoberto Antonio Rosario Guerrero, para advertirle que su intervención era para exponer su hoja de vida y credenciales académicas, “pero usted se está saliendo”, por lo que le pidió que se enmarcara dentro del “orden establecido”.
Seguido de esto, Rosario Guerrero explicó que lo que acababa de decir formaba parte de uno de los escritos que ha realizado, por lo que formaba parte de su hoja de vida.
“Nuestra formación constitucional la hemos hecho de manera autodidacta desde el año 1996 hasta el 2010, donde decidimos acreditarla en instituciones académicas, tanto nacionales como internacionales; somos egresados de la Universidad Católica Madre y Maestra con una maestría en derechos fundamentales”, siguió diciendo el hombre.
Acabados los cinco minutos para exponer su curriculum, la vicepresidenta de la República, le explicó que se había acabado el tiempo de su exposición, pero que “no vamos a aceptar falta de respeto, si no que se enmarque dentro de lo que está estipulado para lo cual usted ha asistido libremente en el día de hoy”.
En ese momento, Raquel Peña pregunta si alguien tiene algún cuestionamiento, pero ninguno de los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, tenía algo que preguntar.
La vicepresidenta le agradece su participación y lo despide, escuchando al hombre decir antes de que le apagaran el micrófono, “presidenta, esto no es un espacio”.
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Parte de lo expuesto por Rigoberto Antonio Rosario Guerrero al principio de su intervención fue que por 30 años ha practicado el derecho penal, ejerciendo en contra los jueces, “esos que a diario viven vulnerando, los principales conculcadores de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Advirtió acerca de la judicialización del Tribunal Constitucional, ya que la mayoría de entrevistados eran jueces.
El Consejo Nacional de la Magistratura continuará las entrevistas el próximo jueves a las 9:00 de la mañana.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.