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Relato de las contraseñas de celulares de Adán Cáceres.

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Santo Domingo.-El testigo clave de la fiscalía, Alejandro Girón Jiménez,  en el caso Medusa, dijo a la jueza Yanibet Rivas, tras presentar sus declaraciones,  ante la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que millones de pesos del Estado eran utilizados para comprar celulares de alta gama en Estados Unidos.

Girón estableció que el coronel Rafael Núñez de Aza y el mayor general Adán Cáceres le ordenaban cada año adquirir los últimos celulares lanzados por la marca Apple, así como computadoras.

Entre los que solicitaban los equipos electrónicos mencionó a una gerente del Banco de Reservas, entre otras personas de altos rangos. El implicado declaró que le solicitaban comprarlos “porque eso era lo que les daba estatus”.

Asimismo, manifestó que le pedían ir a comprarlos a Estados Unidos, ya que lo deseaban inmediatamente salían a la venta. Los gastos en la adquisición de los equipos llegaban a la suma de hasta cuatro millones de pesos.

Declaró que la cantidad era tan alta debido a que había que buscar personas que fueran a la nación norteamericana para hacer la compra. Sin embargo, Apple solo vendía un celular por persona, por lo que cuando se necesitaban 20 celulares, se enviaban 20 personas a comprarlos, a quienes se les debía pagar los gastos de transporte y estadía.

Contraseñas

De acuerdo con sus declaraciones, esos equipos eran entregados a Núñez de Aza y el mayor general Adán Cáceres entre otros miembros. Sin embargo, explicó que año tras año cuando llegaba con los teléfonos en mano, Núñez de Aza lo apartaba en una oficina donde le daba la contraseña para desbloquear el teléfono viejo de Cáceres, con la cual tenía acceso a su iCloud, nube que almacena todos los datos del dispositivo.

Poniendo como ejemplo esta acción, puso en duda la amistad entre el coronel y el mayor general, alegando que Núñez de Aza hacia muchas cosas por detrás de Cáceres.

Con relación a este tema, aseguró que tiene “una amnesia temporal” sobre una de las contraseñas que se le quitará en el juicio de fondo.

Raciones alimenticias

El rol de Girón Jiménez era ser encargado de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Es importante señalar que Cestur pasó a ser la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) en 2016.

Ante dicho cambio, explicó que la Policía hizo una reunión con todas las cabecillas de los departamentos, en la que prohibieron pagar directamente el dinero de la ración alimenticia a un miembro. En cambio, se ordenó que estas raciones fueran depositadas junto al sueldo, aspecto que se incumplió.

Para dar un panorama general de la situación, comentó que la Policía, con 36 mil miembros, pagaba por concepto de ración alimenticia 9 millones de pesos. Mientras que Politur, con 1,800 miembros, pagaba por el mismo concepto 4 o 5 millones de pesos.

Girón manifestó que la cantidad que realmente debería ser entregada para comida eran 500 mil pesos pero aseguró que el coronel Rafael Núñez decía que “eso no daba para nada”. Y como él preparaba el archivo de la raciones, le instruyeron ponerle a cada hombre “la cantidad que fuera”, por lo que tuvo que multiplicarle a ese mismo individuo “un exceso de raciones” para llevar 500 mil pesos a casi 5 millones.

Para tener un control del dinero que era gastado en la institución, el mayor del ejército explicó que tenían archivos en Excel, los cuales él tenía que hacer mes por mes y se dividían en tres: los gastos del general de brigada Juan Carlos Torres, los de Núñez de Aza y los de Cáceres.

Según las palabras de Girón, en esos gastos él tenía que reflejar el dinero que le entregaba a la encargada de servicios personales de la Contraloría General de la República, a la analista de nómina, a la animalista de la unidad financiera y a todos los auditores de la policía nacional, quienes estaban “comprados”.

“Eso era lo que permitía que esas ilegalidades se fueran dando”, añadió.

También, aclaró que Adam Cáceres fue el encargado de lo sustraído en Cusep y Politur, y Juan Carlos Torres en Politur, a quien describió como “el responsable de las sustracciones de politur en un 60, 70 por ciento”, mientras que el por ciento le corresponde a Cáceres, según dijo.

Agregó que otros de los trucos que usaron fue que al personal financiero trabajar en ambas instituciones, “cuando se necesitaba ganarse un dinero de esas empresas que ellos administraban, el dinero sencillamente se sacaba de cualquier institución pública”.

Girón Jiménez afirmó que “no podía respirar sin pedirle autorización al coronel Rafael Núñez de Aza”. Se denominó a sí mismo como “la fuente mayoritaria de cómo poder sacar ese dinero que estaba en cuentas bancarias y llevarlo a efectivo”.

Para delegar el dinero a otras instituciones, este era enviado por parte de sus superiores con dos hojas: la primera tenía escrito la cantidad que recibiría la persona y la otra, la cual debían firmar “al recibir el dinero”, no tenía ninguna cantidad plasmada. Cuando retornaba a la dirección, la hoja firmada era nuevamente colocada en la impresa, y se cuadraban los montos de inteligencia, ración alimenticia y combustible.

Testaferros y préstamos

Otro aspecto mencionado por Girón fue la frecuencia con la que utilizaban testaferros y hacían cartas de trabajo con información falsa para conseguir préstamos del Banco de Reservas.

Como ejemplo, externó que el mayor general Cáceres no tiene carro eléctrico a su nombre, porque Daniel Pereira Núñez le dijo de parte del Coronel Núñez que el carro de Cáceres se iba a poner a nombre de un “fulano de una empresa”.

Aparte del carro de Cáceres, también fue comprado uno para Girón y otro para el coronel Núñez. Al momento de ir a pagar al banco los carros, la misma gerente del BanReservas en ese entonces le hizo un préstamo a nombre de José Manuel Rosario Pilón y otro se lo puso a nombre de la hija de Núñez.

En su caso, explicó que para buscar préstamos para el entramado lo que hacía era aumentarse el sueldo en cartas de trabajo y también hacía cartas de trabajo de empresas donde no laboraba, como fue el caso de Rawel Importadores.

Campaña electoral de 2020

Girón estableció que más de 10,000 agentes de Politur recibían un sueldo para luego devolverlo, dinero que era utilizado en la campaña electoral de 2020.

De igual manera, explicó que existía una nómina falsa donde diariamente eran depositados 30 millones de pesos, dinero que era autorizado por Adam Núñez de Cáceres.

Dicho dinero, era sustraído de sueldos de miembros de Politur, quienes la institución “no le daba sus honorarios sin justificación” y eran desviados.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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