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Relato de las contraseñas de celulares de Adán Cáceres.

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Santo Domingo.-El testigo clave de la fiscalía, Alejandro Girón Jiménez,  en el caso Medusa, dijo a la jueza Yanibet Rivas, tras presentar sus declaraciones,  ante la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que millones de pesos del Estado eran utilizados para comprar celulares de alta gama en Estados Unidos.

Girón estableció que el coronel Rafael Núñez de Aza y el mayor general Adán Cáceres le ordenaban cada año adquirir los últimos celulares lanzados por la marca Apple, así como computadoras.

Entre los que solicitaban los equipos electrónicos mencionó a una gerente del Banco de Reservas, entre otras personas de altos rangos. El implicado declaró que le solicitaban comprarlos “porque eso era lo que les daba estatus”.

Asimismo, manifestó que le pedían ir a comprarlos a Estados Unidos, ya que lo deseaban inmediatamente salían a la venta. Los gastos en la adquisición de los equipos llegaban a la suma de hasta cuatro millones de pesos.

Declaró que la cantidad era tan alta debido a que había que buscar personas que fueran a la nación norteamericana para hacer la compra. Sin embargo, Apple solo vendía un celular por persona, por lo que cuando se necesitaban 20 celulares, se enviaban 20 personas a comprarlos, a quienes se les debía pagar los gastos de transporte y estadía.

Contraseñas

De acuerdo con sus declaraciones, esos equipos eran entregados a Núñez de Aza y el mayor general Adán Cáceres entre otros miembros. Sin embargo, explicó que año tras año cuando llegaba con los teléfonos en mano, Núñez de Aza lo apartaba en una oficina donde le daba la contraseña para desbloquear el teléfono viejo de Cáceres, con la cual tenía acceso a su iCloud, nube que almacena todos los datos del dispositivo.

Poniendo como ejemplo esta acción, puso en duda la amistad entre el coronel y el mayor general, alegando que Núñez de Aza hacia muchas cosas por detrás de Cáceres.

Con relación a este tema, aseguró que tiene “una amnesia temporal” sobre una de las contraseñas que se le quitará en el juicio de fondo.

Raciones alimenticias

El rol de Girón Jiménez era ser encargado de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Es importante señalar que Cestur pasó a ser la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) en 2016.

Ante dicho cambio, explicó que la Policía hizo una reunión con todas las cabecillas de los departamentos, en la que prohibieron pagar directamente el dinero de la ración alimenticia a un miembro. En cambio, se ordenó que estas raciones fueran depositadas junto al sueldo, aspecto que se incumplió.

Para dar un panorama general de la situación, comentó que la Policía, con 36 mil miembros, pagaba por concepto de ración alimenticia 9 millones de pesos. Mientras que Politur, con 1,800 miembros, pagaba por el mismo concepto 4 o 5 millones de pesos.

Girón manifestó que la cantidad que realmente debería ser entregada para comida eran 500 mil pesos pero aseguró que el coronel Rafael Núñez decía que “eso no daba para nada”. Y como él preparaba el archivo de la raciones, le instruyeron ponerle a cada hombre “la cantidad que fuera”, por lo que tuvo que multiplicarle a ese mismo individuo “un exceso de raciones” para llevar 500 mil pesos a casi 5 millones.

Para tener un control del dinero que era gastado en la institución, el mayor del ejército explicó que tenían archivos en Excel, los cuales él tenía que hacer mes por mes y se dividían en tres: los gastos del general de brigada Juan Carlos Torres, los de Núñez de Aza y los de Cáceres.

Según las palabras de Girón, en esos gastos él tenía que reflejar el dinero que le entregaba a la encargada de servicios personales de la Contraloría General de la República, a la analista de nómina, a la animalista de la unidad financiera y a todos los auditores de la policía nacional, quienes estaban “comprados”.

“Eso era lo que permitía que esas ilegalidades se fueran dando”, añadió.

También, aclaró que Adam Cáceres fue el encargado de lo sustraído en Cusep y Politur, y Juan Carlos Torres en Politur, a quien describió como “el responsable de las sustracciones de politur en un 60, 70 por ciento”, mientras que el por ciento le corresponde a Cáceres, según dijo.

Agregó que otros de los trucos que usaron fue que al personal financiero trabajar en ambas instituciones, “cuando se necesitaba ganarse un dinero de esas empresas que ellos administraban, el dinero sencillamente se sacaba de cualquier institución pública”.

Girón Jiménez afirmó que “no podía respirar sin pedirle autorización al coronel Rafael Núñez de Aza”. Se denominó a sí mismo como “la fuente mayoritaria de cómo poder sacar ese dinero que estaba en cuentas bancarias y llevarlo a efectivo”.

Para delegar el dinero a otras instituciones, este era enviado por parte de sus superiores con dos hojas: la primera tenía escrito la cantidad que recibiría la persona y la otra, la cual debían firmar “al recibir el dinero”, no tenía ninguna cantidad plasmada. Cuando retornaba a la dirección, la hoja firmada era nuevamente colocada en la impresa, y se cuadraban los montos de inteligencia, ración alimenticia y combustible.

Testaferros y préstamos

Otro aspecto mencionado por Girón fue la frecuencia con la que utilizaban testaferros y hacían cartas de trabajo con información falsa para conseguir préstamos del Banco de Reservas.

Como ejemplo, externó que el mayor general Cáceres no tiene carro eléctrico a su nombre, porque Daniel Pereira Núñez le dijo de parte del Coronel Núñez que el carro de Cáceres se iba a poner a nombre de un “fulano de una empresa”.

Aparte del carro de Cáceres, también fue comprado uno para Girón y otro para el coronel Núñez. Al momento de ir a pagar al banco los carros, la misma gerente del BanReservas en ese entonces le hizo un préstamo a nombre de José Manuel Rosario Pilón y otro se lo puso a nombre de la hija de Núñez.

En su caso, explicó que para buscar préstamos para el entramado lo que hacía era aumentarse el sueldo en cartas de trabajo y también hacía cartas de trabajo de empresas donde no laboraba, como fue el caso de Rawel Importadores.

Campaña electoral de 2020

Girón estableció que más de 10,000 agentes de Politur recibían un sueldo para luego devolverlo, dinero que era utilizado en la campaña electoral de 2020.

De igual manera, explicó que existía una nómina falsa donde diariamente eran depositados 30 millones de pesos, dinero que era autorizado por Adam Núñez de Cáceres.

Dicho dinero, era sustraído de sueldos de miembros de Politur, quienes la institución “no le daba sus honorarios sin justificación” y eran desviados.

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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Agencias internacionales cooperarán

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.

  • Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.

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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva

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Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.

Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.

Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.

Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.

Inconstitucionalidad por desproporcionalidad

Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.

Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.

Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.

Críticas a un fallo «literario y religioso»

La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.

Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.

Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.

Derecho a la salud y dignidad humana

El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.

Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.

Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.

Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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