Nacionales
Relato de las contraseñas de celulares de Adán Cáceres.
Santo Domingo.-El testigo clave de la fiscalía, Alejandro Girón Jiménez, en el caso Medusa, dijo a la jueza Yanibet Rivas, tras presentar sus declaraciones, ante la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que millones de pesos del Estado eran utilizados para comprar celulares de alta gama en Estados Unidos.
Entre los que solicitaban los equipos electrónicos mencionó a una gerente del Banco de Reservas, entre otras personas de altos rangos. El implicado declaró que le solicitaban comprarlos “porque eso era lo que les daba estatus”.
Asimismo, manifestó que le pedían ir a comprarlos a Estados Unidos, ya que lo deseaban inmediatamente salían a la venta. Los gastos en la adquisición de los equipos llegaban a la suma de hasta cuatro millones de pesos.
Contraseñas
De acuerdo con sus declaraciones, esos equipos eran entregados a Núñez de Aza y el mayor general Adán Cáceres entre otros miembros. Sin embargo, explicó que año tras año cuando llegaba con los teléfonos en mano, Núñez de Aza lo apartaba en una oficina donde le daba la contraseña para desbloquear el teléfono viejo de Cáceres, con la cual tenía acceso a su iCloud, nube que almacena todos los datos del dispositivo.
Poniendo como ejemplo esta acción, puso en duda la amistad entre el coronel y el mayor general, alegando que Núñez de Aza hacia muchas cosas por detrás de Cáceres.
Con relación a este tema, aseguró que tiene “una amnesia temporal” sobre una de las contraseñas que se le quitará en el juicio de fondo.
Raciones alimenticias
El rol de Girón Jiménez era ser encargado de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Es importante señalar que Cestur pasó a ser la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) en 2016.
Ante dicho cambio, explicó que la Policía hizo una reunión con todas las cabecillas de los departamentos, en la que prohibieron pagar directamente el dinero de la ración alimenticia a un miembro. En cambio, se ordenó que estas raciones fueran depositadas junto al sueldo, aspecto que se incumplió.
Para dar un panorama general de la situación, comentó que la Policía, con 36 mil miembros, pagaba por concepto de ración alimenticia 9 millones de pesos. Mientras que Politur, con 1,800 miembros, pagaba por el mismo concepto 4 o 5 millones de pesos.
Girón manifestó que la cantidad que realmente debería ser entregada para comida eran 500 mil pesos pero aseguró que el coronel Rafael Núñez decía que “eso no daba para nada”. Y como él preparaba el archivo de la raciones, le instruyeron ponerle a cada hombre “la cantidad que fuera”, por lo que tuvo que multiplicarle a ese mismo individuo “un exceso de raciones” para llevar 500 mil pesos a casi 5 millones.
Para tener un control del dinero que era gastado en la institución, el mayor del ejército explicó que tenían archivos en Excel, los cuales él tenía que hacer mes por mes y se dividían en tres: los gastos del general de brigada Juan Carlos Torres, los de Núñez de Aza y los de Cáceres.
Según las palabras de Girón, en esos gastos él tenía que reflejar el dinero que le entregaba a la encargada de servicios personales de la Contraloría General de la República, a la analista de nómina, a la animalista de la unidad financiera y a todos los auditores de la policía nacional, quienes estaban “comprados”.
“Eso era lo que permitía que esas ilegalidades se fueran dando”, añadió.
También, aclaró que Adam Cáceres fue el encargado de lo sustraído en Cusep y Politur, y Juan Carlos Torres en Politur, a quien describió como “el responsable de las sustracciones de politur en un 60, 70 por ciento”, mientras que el por ciento le corresponde a Cáceres, según dijo.
Agregó que otros de los trucos que usaron fue que al personal financiero trabajar en ambas instituciones, “cuando se necesitaba ganarse un dinero de esas empresas que ellos administraban, el dinero sencillamente se sacaba de cualquier institución pública”.
Girón Jiménez afirmó que “no podía respirar sin pedirle autorización al coronel Rafael Núñez de Aza”. Se denominó a sí mismo como “la fuente mayoritaria de cómo poder sacar ese dinero que estaba en cuentas bancarias y llevarlo a efectivo”.
Para delegar el dinero a otras instituciones, este era enviado por parte de sus superiores con dos hojas: la primera tenía escrito la cantidad que recibiría la persona y la otra, la cual debían firmar “al recibir el dinero”, no tenía ninguna cantidad plasmada. Cuando retornaba a la dirección, la hoja firmada era nuevamente colocada en la impresa, y se cuadraban los montos de inteligencia, ración alimenticia y combustible.
Testaferros y préstamos
Otro aspecto mencionado por Girón fue la frecuencia con la que utilizaban testaferros y hacían cartas de trabajo con información falsa para conseguir préstamos del Banco de Reservas.
Como ejemplo, externó que el mayor general Cáceres no tiene carro eléctrico a su nombre, porque Daniel Pereira Núñez le dijo de parte del Coronel Núñez que el carro de Cáceres se iba a poner a nombre de un “fulano de una empresa”.
Aparte del carro de Cáceres, también fue comprado uno para Girón y otro para el coronel Núñez. Al momento de ir a pagar al banco los carros, la misma gerente del BanReservas en ese entonces le hizo un préstamo a nombre de José Manuel Rosario Pilón y otro se lo puso a nombre de la hija de Núñez.
En su caso, explicó que para buscar préstamos para el entramado lo que hacía era aumentarse el sueldo en cartas de trabajo y también hacía cartas de trabajo de empresas donde no laboraba, como fue el caso de Rawel Importadores.
Campaña electoral de 2020
Girón estableció que más de 10,000 agentes de Politur recibían un sueldo para luego devolverlo, dinero que era utilizado en la campaña electoral de 2020.
De igual manera, explicó que existía una nómina falsa donde diariamente eran depositados 30 millones de pesos, dinero que era autorizado por Adam Núñez de Cáceres.
Dicho dinero, era sustraído de sueldos de miembros de Politur, quienes la institución “no le daba sus honorarios sin justificación” y eran desviados.
Nacionales
Otra vez en la pelestra pública anomalías financieras por cientos de millones de pesos durante gestión de Víctor Gomez Casanova.
Santo Domingo, R.D.-Fueron presentados este martes por el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) presentó los resultados de una auditoría especial realizada a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la cual reveló numerosas irregularidades financieras y administrativas que impactaron negativamente en el manejo de miles de millones de pesos en el periodo del 2016 al 2021.
La auditoría efectuada a la gestión de Víctor Gómez Casanova como exdirector ejecutivo de la entidad, quien estuvo al frente de la entidad del 14 de septiembre de 2016 al 16 de agosto de 2020, expuso al menos 40 irregularidades financieras cruciales que comprometieron recursos públicos. La Cámara de Cuentas documentó estas anomalías en un informe pericial de 456 páginas.
Los investigadores habrían identificado que, durante el periodo fiscalizado, se realizaron pagos por un monto total de RD$ 51,047,482 a 42 supuestos asesores en nómina de la entidad. Sin embargo, se determinó que no existía evidencia documental que respaldara los procedimientos de selección correspondientes.
Durante el periodo auditado, los investigadores detectaron que se realizaron pagos por un total de RD$ 51,047,482 a 42 personas registradas como asesores en la nómina de la entidad. No obstante, la auditoría reveló que no se encontró evidencia documental que sustente los procedimientos de selección ni los criterios utilizados para la contratación de dichos asesores.
El informe también destaca la existencia de pagos realizados a trabajadores de jornales durante los meses de marzo, mayo y junio de 2016, por un monto total de RD$ 65,299,000. No obstante, dichos desembolsos no contaron con la documentación justificativa necesaria para respaldar las operaciones, lo que evidencia graves deficiencias en el control interno de la entidad, reza el documento de la CCRD.
El órgano de control externo determinó, además, que la Autoridad Portuaria Dominicana incluyó en sus nóminas a 178 empleados que, a pesar de estar registrados como trabajadores de esta institución, desempeñaban funciones en otras entidades gubernamentales. Según los documentos, entre agosto de 2016 y agosto de 2020, el monto destinado a salarios y beneficios de este personal ascendió a RD$ 50,741,453.
Durante el uso de las tarjetas, pagadas con recursos públicos, se identificaron transacciones relacionadas con gastos en hoteles, restaurantes, combustibles y otros conceptos, como compras en farmacias, hospitales, clubes y diversos comercios, según detalla el informe de la auditoría.
Asimismo, se detectaron consumos adicionales efectuados con tarjetas de crédito en dólares estadounidenses por un monto de US$ 153,806, equivalentes a RD$ 7,475,910. Que, al igual que los gastos en pesos dominicanos, estos pagos carecen de la documentación justificativa necesaria, según la auditoría.
En ese contexto, el informe señala diferencias significativas entre los pagos registrados en los estados bancarios y los reflejados en los estados de cuentas de las tarjetas de crédito, ascendiendo a un monto total de RD$ 2,635,257. Estas discrepancias fueron identificadas durante la fiscalización.
Por otra parte, los peritos detallan en su informe que, entre los años 2016 y 2021, se llevaron a cabo adquisiciones y recepción de bienes, obras y servicios por RD$ 18,137,876. Indican que estas operaciones no fueron incluidas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), lo que podría constituir una infracción a las disposiciones vigentes sobre la planificación y ejecución del gasto público.
El órgano superior destaca que no fueron publicadas en el portal institucional las nóminas correspondientes al programa de pensiones, ni los listados detallados de las remuneraciones por servicios prestados durante el periodo 2016-2021. Estas omisiones ascienden a un monto total acumulado de RD$ 389,866,445.
A continuación se presentan las 40 irregularidades identificadas por la Cámara de Cuentas en los estados financieros y contables de las autoridades portuarias de la República Dominicana.
1- Se reporta la desaparición de dos (2) vehículos de motor marca Hyundai, modelo Sonata 2010, adquiridos entre agosto 2016 y agosto 2020, propiedad de la institución, los cuales no fueron localizados ni tienen registros en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
2- Se identificaron nóminas electrónicas correspondientes al periodo 2016-2020 por un monto total de RD$ 291,738,493, las cuales no están registradas en el sistema.
3- Durante el periodo 2016-agosto 2020, se detectó la remuneración de 22 empleados por servicios prestados y fijos sin evidencia de contratos, nombramientos ni información en la base de datos de la entidad.
4 -Pagos realizados por servicios en el periodo 2016-2019, por un monto de RD$ 1,950,000, presentan firmas de recibido que no corresponden al destinatario y carecen de poderes especiales para su retiro. Además, se identificaron pagos por RD$1,267,500 sin copia de cédula de identidad para validarlos, sumando un total de RD$2,651,500.
5- Se emitieron cheques por servicios prestados entre noviembre 2016 y julio 2020 por un monto de RD$17,165,832, así como sueldos fijos por RD$ 7,262,454, que fueron retirados por personas distintas al beneficiario sin evidencia de autorización.
6- Durante el período noviembre 2016-julio 2020, se observaron cheques por un monto de RD$ 14,021,429, endosados por empleados de la entidad y personal externo.
7- Se identificaron debilidades en el control interno respecto a gastos de jornales en los meses de marzo, mayo y junio de 2016, por un monto de RD$ 65,299,000, sin documentos justificativos.
8- El control de asistencia del período 2016-2021 fue suministrado de manera incompleta, impidiendo llevar a cabo un análisis adecuado.
9- Los aportes a la cooperativa descontados a empleados durante el período 2016-2020, por un monto de RD$ 5,466,837, no fueron pagados oportunamente a dicha cooperativa.
10- Se detectó un atraso en el pago a la TSS por un monto de RD$ 42,910,509 correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2020, lo que generó recargos e intereses por RD$ 7,674,652, los cuales fueron saldados el 8 de septiembre de 2020.
11- No se transparentaron en el portal institucional las nóminas de prepensión y listados de remuneraciones por servicios prestados entre 2016 y 2021, que suman un monto total de RD$ 389,866,445.
12 -Se realizaron transferencias de fondos al CESEP por un monto de RD$ 99,497,642 durante el período 2016-agosto 2020, sin contar con una reglamentación interna.
13- Se otorgaron compensaciones a empleados por uso de vehículos entre 2017 y agosto 2020, por un monto de RD$34,851,970, y RD$ 771,000 en el período agosto 2020-diciembre 2021, sin reglamentación interna.
14- Durante febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre de 2016, se otorgaron retribuciones complementarias por un monto de RD$ 6,417,238 sin contar con una reglamentación interna.
15 -Se observó un ajuste no aplicado a los sueldos por pagar, por un monto de RD$ 23,953,291, correspondiente al período 2016-2020.
16- Se identificaron empleados militares nombrados como empleados fijos entre 2016 y 2020, con un costo total de RD$ 7,127,039.
17- Se emitieron sueldos con el código de asalariados, incluyendo uno duplicado, sin que el sistema de nómina contenga los nombres ni fechas de ingreso, por un monto de RD$ 483,620, en los años 2017 y 2018.
18- Se incluyeron 178 empleados en nóminas de otras entidades del Estado, lo que generó un desembolso de RD$ 50,741,453 entre agosto 2016 y agosto 2020.
19- Se detectó falta de gestión en el proceso de pensión de 60 empleados, lo que representa un monto acumulado de RD$ 82,601,247 durante el período auditado.
20- Se identificó que durante el período fiscalizado 2016-2020, se realizaron pagos por un monto total de RD$ 51,047,482 a asesores en nómina de la entidad, sin que existiera evidencia de los procedimientos de selección correspondientes.
21- En el período comprendido entre 2016 y 2021, se retuvo un monto inferior al debido del impuesto sobre la renta (ISR) a los asalariados, ascendiendo la diferencia a RD$ 1,986,293.
22- Durante los años 2018 y 2019, se realizaron retenciones del impuesto sobre la renta que no fueron pagadas, acumulando un monto pendiente de RD$ 6,007,903.
23-En los períodos 2016-2020, se detectaron errores en el cálculo de la Regalía Pascual (sueldo n.° 13), resultando en pagos inferiores por un monto de RD$ 752,029 y pagos superiores por un monto de RD$ 1,115,164, ambos fuera de lo establecido.
24- Se asignaron tarjetas de crédito corporativas para gastos de representación sin contar con una reglamentación interna que estableciera límites de consumo mensual, registrándose montos de RD$ 150,000 y US$ 10,000 durante los años 2016 a agosto de 2020.
25- Consumos realizados con tarjeta de crédito en pesos dominicanos (RD$) que no cuentan con facturas ni vouchers de los gastos de representación, ascendiendo a un monto total de RD$ 10,413,970, correspondientes al período 2016-2020.
26- Consumos efectuados con tarjeta de crédito en dólares estadounidenses (USD) sin facturas ni vouchers de los gastos de representación, por un monto de US$ 153,806, equivalente a RD$ 7,475,910, correspondientes al período 2016-agosto 2020.
27- Diferencias detectadas entre los pagos reflejados en los estados bancarios y los estados de cuentas de las tarjetas de crédito, por un monto de RD$ 2,635,257, dentro del período auditado 2016-2020.
28- Discrepancias en los estados bancarios durante el período 2016-2020, por un monto total de RD$ (107,566).
29- Adquisición y recepción de bienes, obras y servicios por un valor de RD$ 18,137,876, sin estar contemplados en el Plan Anual de Compras (PACC), correspondientes a los años 2016-2021.
30- Adquisiciones de bienes por un total de RD$ 52,906,996 y servicios por RD$28,168,689, registrados sin evidencia de haber seguido los procedimientos requeridos, durante el período 2016-2020.
31- Pagos realizados por facturación superior al monto contratado, por un total de RD$ 1,948,047, sin evidencia de autorización ni adenda para aumentar el arrendamiento de equipos de impresión, correspondientes a los años 2018 y 2019.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aseguró que la ciudadanía puede tener plena confianza en que se realizará una investigación «exhaustiva e inmediata» sobre las ocupaciones ilegales y los posibles fraudes inmobiliarios que afectan el patrimonio natural de la República Dominicana.»
Consideró que este enfoque implica un cambio estructural, ya que los delitos ecológicos serán tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado, debido a su impacto lesivo y, muchas veces, irreversible para el tejido social.
Estas acciones responden a una instrucción directa de la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, orientada a blindar las reservas ecológicas del país frente a estructuras criminales.
Para garantizar la eficacia de las pesquisas y desarticular posibles redes de corrupción, se ha conformado un equipo de alto nivel integrado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).
También Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria y Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
La instrucción emitida por Reynoso establece que el equipo debe auditar todos los actos jurídicos, administrativos y transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad privados dentro de terrenos protegidos.
El objetivo central es identificar la existencia de entramados criminales, casos de prevaricación y falsificación de documentos que hayan facilitado que particulares se apoderen del patrimonio público de forma fraudulenta.
Al respecto, la Procuradora General afirmó que la conservación de estos ecosistemas asegura la permanencia de los servicios ambientales y económicos para las presentes y futuras generaciones.
Esta medida forma parte de una estrategia para fortalecer la persecución de delitos ambientales que impactan la seguridad hídrica y las actividades productivas del país.
Santo Domingo, R.D.-Este miercoles 18 de febrero es el día de Ceniza, la antesala hacia el inicio de la Semana Santa con el comienzo de la Cuaresma dentro del calendario cristiano y abre el periodo de preparacion espiritual a la Pascua de Resurreccion.
La jornada simboliza un tiempo de reflexión, arrepentimiento y conversión para millones de fieles alrededor del mundo. Durante este día, los creyentes son invitados a reconocer la fragilidad humana y renovar su compromiso espiritual mediante la oración, el ayuno y la penitencia.
Una de las tradiciones más representativas del Miércoles de Ceniza es la imposición de una cruz de ceniza en la frente de los fieles durante la eucaristía. El sacerdote pronuncia frases como: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” o “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”, recordando el carácter pasajero de la vida y la importancia de la conversión espiritual.
La Iglesia Católica establece que los fieles entre 18 y 60 años practiquen ayuno durante esta jornada, realizando solo una comida fuerte al día. Además, inicia la abstinencia de carne todos los viernes de Cuaresma para los mayores de 14 años.
El origen del Miércoles de Ceniza se remonta al siglo IV, cuando la Iglesia organizó el período cuaresmal como preparación previa a la Pascua. Con el paso de los siglos, el ayuno y los actos penitenciales se consolidaron como pilares de esta tradición.
La práctica de usar cenizas tiene raíces aún más antiguas, vinculadas a costumbres hebreas en las que las personas se cubrían con ceniza como signo de arrepentimiento y búsqueda espiritual.
De esta manera, el Miércoles de Ceniza marca el inicio de 40 días de reflexión que culminan con una de las celebraciones más importantes del cristianismo: la Semana Santa.