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Relato de las contraseñas de celulares de Adán Cáceres.

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Santo Domingo.-El testigo clave de la fiscalía, Alejandro Girón Jiménez,  en el caso Medusa, dijo a la jueza Yanibet Rivas, tras presentar sus declaraciones,  ante la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que millones de pesos del Estado eran utilizados para comprar celulares de alta gama en Estados Unidos.

Girón estableció que el coronel Rafael Núñez de Aza y el mayor general Adán Cáceres le ordenaban cada año adquirir los últimos celulares lanzados por la marca Apple, así como computadoras.

Entre los que solicitaban los equipos electrónicos mencionó a una gerente del Banco de Reservas, entre otras personas de altos rangos. El implicado declaró que le solicitaban comprarlos “porque eso era lo que les daba estatus”.

Asimismo, manifestó que le pedían ir a comprarlos a Estados Unidos, ya que lo deseaban inmediatamente salían a la venta. Los gastos en la adquisición de los equipos llegaban a la suma de hasta cuatro millones de pesos.

Declaró que la cantidad era tan alta debido a que había que buscar personas que fueran a la nación norteamericana para hacer la compra. Sin embargo, Apple solo vendía un celular por persona, por lo que cuando se necesitaban 20 celulares, se enviaban 20 personas a comprarlos, a quienes se les debía pagar los gastos de transporte y estadía.

Contraseñas

De acuerdo con sus declaraciones, esos equipos eran entregados a Núñez de Aza y el mayor general Adán Cáceres entre otros miembros. Sin embargo, explicó que año tras año cuando llegaba con los teléfonos en mano, Núñez de Aza lo apartaba en una oficina donde le daba la contraseña para desbloquear el teléfono viejo de Cáceres, con la cual tenía acceso a su iCloud, nube que almacena todos los datos del dispositivo.

Poniendo como ejemplo esta acción, puso en duda la amistad entre el coronel y el mayor general, alegando que Núñez de Aza hacia muchas cosas por detrás de Cáceres.

Con relación a este tema, aseguró que tiene “una amnesia temporal” sobre una de las contraseñas que se le quitará en el juicio de fondo.

Raciones alimenticias

El rol de Girón Jiménez era ser encargado de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Es importante señalar que Cestur pasó a ser la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) en 2016.

Ante dicho cambio, explicó que la Policía hizo una reunión con todas las cabecillas de los departamentos, en la que prohibieron pagar directamente el dinero de la ración alimenticia a un miembro. En cambio, se ordenó que estas raciones fueran depositadas junto al sueldo, aspecto que se incumplió.

Para dar un panorama general de la situación, comentó que la Policía, con 36 mil miembros, pagaba por concepto de ración alimenticia 9 millones de pesos. Mientras que Politur, con 1,800 miembros, pagaba por el mismo concepto 4 o 5 millones de pesos.

Girón manifestó que la cantidad que realmente debería ser entregada para comida eran 500 mil pesos pero aseguró que el coronel Rafael Núñez decía que “eso no daba para nada”. Y como él preparaba el archivo de la raciones, le instruyeron ponerle a cada hombre “la cantidad que fuera”, por lo que tuvo que multiplicarle a ese mismo individuo “un exceso de raciones” para llevar 500 mil pesos a casi 5 millones.

Para tener un control del dinero que era gastado en la institución, el mayor del ejército explicó que tenían archivos en Excel, los cuales él tenía que hacer mes por mes y se dividían en tres: los gastos del general de brigada Juan Carlos Torres, los de Núñez de Aza y los de Cáceres.

Según las palabras de Girón, en esos gastos él tenía que reflejar el dinero que le entregaba a la encargada de servicios personales de la Contraloría General de la República, a la analista de nómina, a la animalista de la unidad financiera y a todos los auditores de la policía nacional, quienes estaban “comprados”.

“Eso era lo que permitía que esas ilegalidades se fueran dando”, añadió.

También, aclaró que Adam Cáceres fue el encargado de lo sustraído en Cusep y Politur, y Juan Carlos Torres en Politur, a quien describió como “el responsable de las sustracciones de politur en un 60, 70 por ciento”, mientras que el por ciento le corresponde a Cáceres, según dijo.

Agregó que otros de los trucos que usaron fue que al personal financiero trabajar en ambas instituciones, “cuando se necesitaba ganarse un dinero de esas empresas que ellos administraban, el dinero sencillamente se sacaba de cualquier institución pública”.

Girón Jiménez afirmó que “no podía respirar sin pedirle autorización al coronel Rafael Núñez de Aza”. Se denominó a sí mismo como “la fuente mayoritaria de cómo poder sacar ese dinero que estaba en cuentas bancarias y llevarlo a efectivo”.

Para delegar el dinero a otras instituciones, este era enviado por parte de sus superiores con dos hojas: la primera tenía escrito la cantidad que recibiría la persona y la otra, la cual debían firmar “al recibir el dinero”, no tenía ninguna cantidad plasmada. Cuando retornaba a la dirección, la hoja firmada era nuevamente colocada en la impresa, y se cuadraban los montos de inteligencia, ración alimenticia y combustible.

Testaferros y préstamos

Otro aspecto mencionado por Girón fue la frecuencia con la que utilizaban testaferros y hacían cartas de trabajo con información falsa para conseguir préstamos del Banco de Reservas.

Como ejemplo, externó que el mayor general Cáceres no tiene carro eléctrico a su nombre, porque Daniel Pereira Núñez le dijo de parte del Coronel Núñez que el carro de Cáceres se iba a poner a nombre de un “fulano de una empresa”.

Aparte del carro de Cáceres, también fue comprado uno para Girón y otro para el coronel Núñez. Al momento de ir a pagar al banco los carros, la misma gerente del BanReservas en ese entonces le hizo un préstamo a nombre de José Manuel Rosario Pilón y otro se lo puso a nombre de la hija de Núñez.

En su caso, explicó que para buscar préstamos para el entramado lo que hacía era aumentarse el sueldo en cartas de trabajo y también hacía cartas de trabajo de empresas donde no laboraba, como fue el caso de Rawel Importadores.

Campaña electoral de 2020

Girón estableció que más de 10,000 agentes de Politur recibían un sueldo para luego devolverlo, dinero que era utilizado en la campaña electoral de 2020.

De igual manera, explicó que existía una nómina falsa donde diariamente eran depositados 30 millones de pesos, dinero que era autorizado por Adam Núñez de Cáceres.

Dicho dinero, era sustraído de sueldos de miembros de Politur, quienes la institución “no le daba sus honorarios sin justificación” y eran desviados.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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