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Ray Guevara señala sentencias más importantes ejecutadas por el T.C.
Santo Domingo, R.D.-Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), habló la mañana de este jueves sobre la cantidad de sentencias ejecutadas por el organismo durante su gestión, resaltando, a su vez, las que fueron incluidas en la base de datos internacional Codices.
Durante la última rendición de cuentas de Guevara como cabeza del tribunal, indicó que en sus 12 años presidiendo el TC se han sido recibidos 8,652 expedientes, de los cuales se dictaron 7,140 sentencias, representando el 98.4 por ciento.
De estas fueron incluidas 42 en el Codices, que es la base de datos de la Comisión de Venecia en su versión en español, donde se encuentran las sentencias relevantes dictadas por los tribunales constitucionales de todo el mundo.
Asimismo, planteó que sólo en este año 2023 se han presentado 920 sentencias de 991 expedientes recibidos, de las cuales han sido publicadas 730. Según explicó Ray Guevara, esto indica que el impacto operativo en la atención a los casos es equivalente a 92.83 %.
Sentencias relevantes
Entre las sentencias incluidas en Codices está la TC/0225/23, en la cual el Tribunal Constitucional falló a favor de Darío Castro, dueño de un terreno que era ocupado ilegalmente desde hace 30 años por el Ministerio de Educación, y en el cual se construyó una escuela, sin haberla adquirido antes al propietario.
Además, se encuentra la sentencia TC/0402/23, que anuló una resolución del Ministerio de Trabajo respecto al trabajo doméstico, por considerar que vulneraba «la supremacía de la Constitución».
Otras de las sentencias colocadas en la base de datos fue la TC/0409/23, mediante la cual solicitó la a la Policía Nacional, la entrega una pensión a una mujer que sostuvo una relación de unión libre por aproximadamente 23 años con un miembro de esta institución.
Asimismo, la sentencia TC/0485/23, que anuló unas resoluciones dictadas por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este que establecían una tarifa por cada parqueo privado de uso comercial.
Además de la TC/0712/23, la cual «declaró conforme con la Constitución de la República, la Ley núm. 5880, que establece penas sobre las alabanzas y elogios al régimen de Trujillo, al considerar que no viola los derechos alegados por los accionantes, ya que la memoria histórica y colectiva del pueblo dominicano debe preservarse y salvaguardarse como un derecho fundamental, y la misma se vería sensiblemente herida, ofendida y vilipendiada, si se permitiese la exaltación y alabanzas del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina y su régimen de horror».
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.