Más Noticias
El índice del Estado de Derecho en RD se coloca en el puesto 76 en este 2025.
Santo Domingo, R.D.-En lo que se considera un gran avance mundial, la República Dominicana registró en el WJP Rule of Law Index 2025 con su esclamiento del puesto 86 al 76 entre 143 países y mejorar su puntaje general de 0,49 a 0,50, equivalente a un incremento del 2,1%, cuyo resultado refleja un fortalecimiento sostenido de las instituciones públicas, con avances significativos en siete de los factores evaluados por el índice, entre ellos los límites al poder del gobierno, la justicia civil y la justicia penal.
Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, este resultado “es una señal clara de que la República Dominicana avanza en el fortalecimiento de sus instituciones con base en hechos verificables”.
Según el informe, uno de los mayores impulsos al progreso del país en el Índice proviene del fortalecimiento del sistema de justicia penal, que en 2025 registró mejoras significativas en el respeto al debido proceso, la no discriminación, la eficiencia procesal y la ausencia de corrupción. Este avance se asocia directamente a la implementación del sistema de gestión de casos en materia penal a nivel nacional, que ha permitido mayor trazabilidad de los expedientes, mejor control de plazos y reducción de la mora judicial.
La mejora también refleja el trabajo coordinado de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal, integrada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que ha impulsado mecanismo de interoperabilidad de intercambio de información, formación conjunta y mecanismos de seguimiento para garantizar decisiones más ágiles y coherentes. Además, la percepción de la expansión de los métodos alternos de solución de conflicto, en especial la mediación y los acuerdos, ha contribuido a descongestionar los tribunales y fortalecer la confianza en la justicia.
Estas mejoras sectoriales reflejan un patrón común: mayor eficiencia, cooperación institucional y confianza en los procedimientos judiciales, factores que explican el avance de República Dominicana en los componentes del índice vinculados al ejercicio efectivo de la justicia.
El informe también reconoce el papel del gobierno abierto y la transparencia judicial, que se consolidan como fortalezas estructurales gracias a la creación del Observatorio del Poder Judicial y de la Juriteca, plataformas que publican en tiempo real estadísticas y decisiones judiciales. Estas herramientas, junto con la Política de Participación Social y el desarrollo de una Política de Datos Abiertos, han convertido a la justicia dominicana en un referente regional en materia de apertura institucional.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.