Análisis Noticiosos
RD sub líder mundial en corrupción y en desconfianza en los políticos
Por: Juan Bolivar Díaz
La República Dominicana perdió los avances logrados en los tres años anteriores en el Indice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial publicado esta semana, sufriendo un retroceso sin precedente de 12 escalones, al pasar del 92 al 104 entre 137 países evaluados.
Las peores puntuaciones las registró el país en corrupción (favoritismo en las decisiones de los funcionarios y desvío de fondos públicos), y en confianza en los políticos, en los escalones 136, 135 y 136, respectivamente, quedando en estos como sublíder mundial, y los mayores retrocesos en entorno macroecnómico y mercados financieros.
Impactante retroceso
Resultó impactante el fuerte retroceso sufrido por la RD en la evaluación anual comprendida en el ICG correspondiente al 2017-18, publicado esta semana por el Foro Económico Mundial radicado en Suiza, perdiendo 12 de los 13 escalones que había ascendido en los tres años anteriores, pasando de la posición 92 a la 104 en el ranking mundial y la quinta peor de América Latina.
El país casi ha vuelto a la posición 105 que ocupaba en el índice de 2012-13 y 2013-14, tras lo cual mejoró 4, 3 y 6 escalones en los 3 siguientes, hasta el publicado en septiembre del 2016. Hay que tomar en cuenta que hace cuatro años la evaluación llegó a un máximo de 148 países, que el año pasado fue 138 y ahora se redujo a 137.
De 20 naciones de América Latina incluidas en la evaluación de este año, República Dominicana solo ha quedado mejor situada que El Salvador, Paraguay, Venezuela y Haití, que aparecen en los escalones 109, 117, 127 y 128 respectivamente. En la cima regional está Chile, posición 33, seguido de Costa Rica, en la 47, Panamá en la 50 y México en la 51. Luego siguen Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, Guatemala y Argentina. Es relevante que RD queda peor que casi todos sus socios regionales centroamericanos. Además de Costa Rica, Panamá y Guatemala, también Nicaragua y Honduras.
El ICG es un acreditado certificado de competitividad, definido como “el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad en un país y que fomentan el nivel de prosperidad al que puede aspirar una población”. Contiene 12 pilares y 116 renglones y se elabora en base a encuestas, que este año abarcaron a 14 mil ejecutivos de 137 países, y con “datos duros” de al menos 8 organismos internacionales.
Causales del retroceso
RD registró el mayor retroceso en América Latina, con su descenso de 12 escalones, seguida de Panamá y Honduras, con caída de 8, ambas mejor posicionadas. En la región los mayores ascensos de este año fueron alcanzados por Argentina, Trinidad-Tobago y Nicaragua, con 12, 11 y 10 escalones respectivamente. Costa Rica y Jamaica sumaron 7 y 5.
Llama la atención que la mayor caída dominicana se registrara en el pilar “Entorno Macroeconómico”, vinculado al crecimiento y la estabilidad económica, justo en el que mejor se sitúa el país, donde el año pasado ocupaba el escalón 26 y ahora perdió casi lo mismo, quedando en el 49, que sigue siendo el mejor, seguido de “Tamaño del Mercado”, en el 68, “Sofisticación en Negocios” 85, y “Aprestamiento Tecnológico” en el 87.
En otro de sus mejores pilares, el “Desarrollo de Mercados Financieros”, cayó 12 escalones, para quedar en el 99, y en “Eficiencia en Mercados de Bienes” perdió 9. En “Eficiencia del Mercado Laboral”, en “Aprestamiento Tecnológico” y en “Sofisticación de Negocios”, se perdieron 8 escalones en cada uno.
Visto el informe por renglones, el país ocupa el mejor, número 1 en el mundo, por su baja inflación, y el 2 por el bajo impacto de la malaria en los negocios. También excelente en costo del terrorismo, ubicado en el escalón 15, incidencia de la malaria en el 26, y en deuda pública en el 36, pese al incremento sostenido de la misma en los últimos años.
En otros renglones del informe donde RD tiene buena valoración, entre los escalones 38 y 48, se cuentan la calidad de la infraestructura portuaria y aérea, intensidad de competencia local, en predominio de la inversión extranjera, y en impacto de la tuberculosis. Regulación de los intercambios y calidad de los servicios financieros se sitúan bien, por debajo del escalón 70.
Corrupción y la política
El pilar que hunde al país, en la posición 129 de los 137 evaluados, es el referente a “Instituciones”, en tres de cuyos renglones aparece como segundo líder mundial, posición 136, en “Confianza en Políticos”, solo superado por Brasil en la 137, y en los referentes a corrupción que lidera Venezuela en el escalón 137. En favoritismo de los funcionarios 136, en desvío de fondos públicos 135, en efectividad de políticas antimonopolios la 133, y en la 131 en eficiencia del gasto público.
Si los anteriores renglones justifican el clamor nacional contra la corrupción, hay otros dos que avalan la lucha contra la impunidad, la confiabilidad de la Policía, en el escalón 132 y en el 130 la independencia judicial. Pero debe observarse que el sector privado no queda tampoco bien parado, ya que en comportamiento ético empresarial el país está en el escalón 132, lo que quiere decir que solo 5 países están peor.
Es notable que la mayor inversión en educación, desde el año 2012, no se refleja aún en apreciación de la calidad de la educación, que cayó del escalón 124 al 128, la calidad de la educación primaria en el 124, y mucho peor en calidad en la enseñanza de ciencias y matemáticas, en el 133 de 137.
El lastre institucional
Tras conocerse el descenso dominicano en el Indice de Competitividad Global, el director ejecutivo del estatal Consejo Nacional de Competitividad reaccionó positivamente aceptando los desafíos que implica, anunciando que el Gobierno se ha trazado nuevas pautas, incluyendo iniciativas legales para mejorar el funcionamiento del Estado. Rafael Paz refirió propósitos de mejorar el entorno competitivo para potenciar las capacidades de los sectores productivos, especialmente el aletargado industrial.
Sin embargo, los más graves problemas que lastran la competitividad y el desarrollo nacional son de orden institucional, como queda reflejado en el ICG y lo han diagnosticado desde hace años informes como el de Jacques Attalí y el Banco Mundial. Entre ellos resaltan la corrupción, las actividades monopólicas, el tráfico de influencia y la inoperancia de la justicia que garantiza impunidad.
Muchos de los problemas institucionales se derivan de la forma de hacer política y la constante histórica de que los que llegan al poder optan como prioridad su prolongación indefinida para lo cual abusan de los poderes del Estado y enriquecen a sus personeros. Así mismo, subordinan las medidas de fondo, generalmente conflictivas, que implican la resolución de los más graves atavismos para el desarrollo integral. La corrupción es no solo gubernamental, sino social y relevantemente empresarial. Se corrompe abajo con el clientelismo, al medio con la distribución de puestos y privilegios y arriba con el rentismo.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.