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Manejo de aguas transfronterizas fue firmado por RD y Haití en 2021.
Santo Domingo.-Fue paralizada luego del asesinato del presidente Jovenel Moise en el 2021 la construcción del canal para desviar agua del río Dajabón o Masacre.
En el documento, ambas naciones acordaron seguir “compartiendo informaciones relativas a todas las obras en materia hídrica realizadas y a realizarse en la zona fronteriza”.
Asimismo, se acordó crear una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza “en el marco de la subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de esta Comisión Mixta Bilateral, con miras a la conformación de la Mesa Hídrica Binacional”.
De igual modo se elaboraría un protocolo técnico para el manejo coordinado de todas las cuencas hidrográficas transfronterizas, y así garantizar la gestión de los recursos de manera conjunta, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de 1929 y a las normas de Derecho Internacional.
Se estableció además gestionar, de ser necesario, asistencia técnica internacional en la materia. Esto por si en algún punto ambas partes no lograban un acuerdo.
Uno de los considerandos de esta declaración conjunta citaba el Tratado de Paz, Amistad perpetua y Arbitraje firmado el día 20 de febrero del 1929 entre el gobierno de la República Dominicana y la República de Haití, donde se establece el derecho que tienen ambas naciones de utilizar las aguas de los ríos que se encuentran en la zona fronteriza de manera justa y equitativa.
¿QUÉ PASÓ DESPUÉS?
A pesar del acuerdo, la situación continuó generando desaprobación entre algunos sectores de República Dominicana, quienes se oponían a la construcción del canal ubicado en Pierré, entre Fort Liberté y Ouanaminthe.
“A mí me sorprenden las opiniones de algunos medios de la prensa y de algunas personas que opinan sobre una aprobación o no… lo único que se aprobó en esa comisión fue crear una mesa técnica, una mesa técnica que va a discutir todos los recursos hídricos de la frontera” dijo en una inauguración en Jarabacoa.
En ese momento, Abinader anunció que iba a “presentar” la construcción de la presa Artibonito.
“Yo voy a presentar en esa mesa técnica la construcción de la presa Artibonito, de la cual ya está prácticamente todo el diseño, y podríamos empezar el próximo año”, agregó al tiempo de indicar que se haría todo lo necesario en términos de recursos hídricos para que no haya conflictos “hoy, mañana ni después”.
Los equipos utilizados en la construcción de la obra iniciada en abril de ese año, fueron retirados tras el asesinato de Jovenel Moise.
La construcción reinició este mes y de acuerdo a una declaración de la cancillería dominicana, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, indicó que la misma no es gubernamental y responde a intereses privados.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.