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Empresas acusadas en expediente de operación Coral deberán pagar RD$40 millones tras acuerdo con Ministerio Público.
Santo Domingo.-Arribaron a un acuerdo el Ministerio Público (MP) con los representantes de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., acusadas en el expediente por corrupción administrativa de la Operación Coral, y cada una deberá pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.
Asimismo, logró que, mediante un procedimiento penal abreviado, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenara la disolución de las empresas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre.
El fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Jonathan Pérez Fulcar, detalló que los representantes de ambas empresas sirvieron como “prestanombres” al coronel Rafael Núñez de Aza y a la madre de sus hijos, la primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, quienes son los dueños reales de las sociedades comerciales y están acusados en el expediente.
“Pusieron a dos personas que no tienen un perfil económico acorde. Uno de ellos es pintor de Santo Domingo Oeste y, la otra, una joven estudiante que trabajaba en la casa de la acusada Jehohanan Lucía Rodríguez, a la cual puso a firmar un documento para colocarle como dueña, a pesar de no tener el perfil ni conocimiento de las operaciones”, señaló Pérez Fulcar a su salida de la audiencia.
El abogado del Estado dominicano, José Alberto Ortiz, detalló que los gerentes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L. se sumarán como testigos de la acusación del MP y de la demanda civil que representa.
Las sociedades comerciales Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L., son dos de las cuatro empresas que fueron separadas del expediente de la Operación Coral el año pasado, mediante las cuales desfalcaron al Estado dominicano con un aproximado de RD$360 millones, a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Por su parte, la jueza Yanibet Rivas Méndez declaró en rebeldía a las empresas S. S. A. Corporation SRL y S.O.S Carretera SRL, tras no comparecer ante la audiencia de este martes, pese a que sus representantes fueron citados.
El proceso
Los acusados de la Operación Coral y Coral 5G movieron más de RD$4,500 millones y adquirieron bienes por más de RD$2 mil millones, mediante un entramado de corrupción de al menos 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, entre los años 2012 y 2020. Además, sustrajeron los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados están, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Julio Camilo de los Santos Viola; Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez De Aza, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
De igual manera, al general Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y José Manuel Rosario Pirón, así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.
El inicio del juicio ha presentado contratiempos debido a la ausencia de acusados y representantes legales de estos, por lo que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pauta la audiencia para el jueves 6 de junio, a las 9:00 de la mañana.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.