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Red de César “el Abusador” usó tres modos para lavar dinero, dicen fiscales

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Santo Domingo, RD.-Las investigaciones de los Estados Unidos, llevadas a cabo por largos años, han revelado que César Emilio Peralta fue el líder de una organización criminal trasnacional que operaba desde Santo Domingo y que tenía el siguiente modo de operación: su organización criminal operaba desde República Dominicana y recibdía múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia.

Esa droga luego era enviada a Puerto Rico y a los Estados Unidos.

De ahí es que surge el interés de investigarlo hasta descubrir el entramado de corrupción y lavado de activos que construyó.

Las autoridades señalan que producto de esas negociaciones ilícitas se coordinaban operaciones de lavado de dinero a gran escala y que, como resultado de las ganancias ilícitas de las ventas de estupefacientes, ese dinero regresaba a República Dominicana y a Colombia.

Las autoridades dominicanas señalan que César Peralta ha estado desde 1997, aproximadamente, operando en el mundo de las drogas y que, su organización criminal, generó millones de dólares del tráfico de estupefacientes.

La acusación que se le hizo en Puerto Rico señala que, desde el 2007 y hasta junio de 2017, supuestamente se asoció, conspiró y acordó con otras personas conocidas y no conocidas por el gran jurado para importar narcóticos hacia territorio Estados Unidos

César Emilio Peralta construyó una carrera en el mundo del narcotráfico basado en el pago de sobornos a oficiales para no ser detenido ni se le decomisaran grandes cargamentos de cocaína.

Mientras se manejaba en las sombras, las autoridades construyeron un perfil suyo que les ayudó a imaginar cómo era el hombre que controlaba el tráfico de estupefacientes en República Dominicana y que transportaba cada semanas decenas de kilogramos de cocaína a Puerto Rico y a Miami, en los Estados Unidos.

Ese perfil es más o menos el siguiente: “un ciudadano dominicano que nació el 30 de enero de 1975. Descrito por sus informantes como un hombre hispano de ojos marrones y pelo negros, que mide cinco pies y cinco pulgadas de altura. Su peso aproximado es de unas 140 libras”.

Las agencias de investigaciones de República Dominicana indican que llevaban años dando seguimiento a Peralta, “realizando amplias tareas de inteligencia, vigilancia, seguimiento físico y electrónico, entrevistas a informantes y documentación de fuentes”, que le habría permitido al Ministerio Público determinar que la estructura criminal que ha estado utilizando diversos negocios de entretenimiento nocturno para lavar el dinero de las drogas.

Las autoridades dominicanas dicen que César Peralta y su organización se basaron en tres mecanismos principales de lavado de activos:

La adquisición de bienes muebles e inmuebles de lujo registrados a nombre de testaferros y prestanombres.

La apertura de centros de entretenimiento nocturno y de expendio de bebidas alcohólicas administrados a través de sociedades comerciales de los colaboradores y asesores de la estructura criminal para dar licitud aparente de los activos ilícitos y presentarse ante la sociedad como “hombres de negocios”

Y la tercera la realización y utilización de transacciones ilícitas realizadas en agencias de cambio de divisas que operan de manera clandestina como parte de la estructura, las cuales no se encuentran registradas ni autorizadas para operar en el sistema financiero nacional.

El perfil

Su nombre es César Emilio Peralta para las autoridades dominicanas. Para las de Puerto Rico es César Emilio Peralta Adamez. En su haber en el mundo del narco se le han puesto varios apodos. Dos han destacado por encima de todos: “El Abusador”, su seudónimo más conocido y “El Pesao”.

Las autoridades de Puerto Rico dicen que comenzó su carrera en el mundo del narcotráfico en el año 1997. También indican que ha sido detenido en tres ocasiones: 2000, 2008 y 2015. No se conoce hasta el momento que tenga condena alguna por esos casos y resalta su segunda detención, donde fue liberado porque la orden de arresto fue ejecutada dos días después de haber vencido.

Esa carrera como narcotraficante lo trilló, en primer término, como asistente o lugarteniente de los capos más visibles de la historia dominicana: Rolando Florian Félix, Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto.

Comenzó en el mundo de las drogas cuando apenas tenía 22 años. Ahora se encuentra detenido en Colombia, a la espera de extradición a los Estados Unidos.

listindiario.com

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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio

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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.

Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.

Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.

Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Centro Kogland fue clausurado

El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.

La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.

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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.

En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.

La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.

Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.

La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.

Motivos para la prórroga

Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.

Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.

Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.

El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».

La acusación sostiene que  Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.

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