Santo Domingo.-El secretario general del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, aseguró ayer que la implementación del sistema de primarias abiertas y simultáneas para la elección de candidaturas a cargos electivos en nada violenta la Constitución, como afirmara el expresidente Leonel Fernández y presidente de la organización política.Nacionales
Reinaldo contradice a Leonel por primarias
PRESIDENTE SENADO Y SECRETARIO GENERAL PLD DICE NO SON INCONSTITUCIONALES
Santo Domingo.-El secretario general del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, aseguró ayer que la implementación del sistema de primarias abiertas y simultáneas para la elección de candidaturas a cargos electivos en nada violenta la Constitución, como afirmara el expresidente Leonel Fernández y presidente de la organización política.Pared Pérez explicó que la inclusión del artículo 277 en la Carta Magna para prohibir que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia sean revisadas solo fue para el Tribunal Constitucional, y no hace mención a otros poderes del Estado.
Recordó que en su condición de presidente de la Asamblea Nacional presidió los trabajos de revisión de la Constitución que posibilitó el texto vigente, y refirió que el Congreso Nacional es un Poder del Estado independiente, y está facultado para aprobar las leyes, en este caso la de Partidos y Agrupaciones Políticas, con la modalidad de elecciones que considere.
Pared Pérez adelantó que el bloque de senadores del PLD, a través de su vocero, Rubén Darío Cruz, se referirá hoy a las acusaciones que hicieron diputados de la tendencia de Fernández están recibiendo “sobrecitos” para aprobar las primarias abiertas y simultáneas.
“Cada quien tiene su derecho, en democracia, a fijar su posición. Yo tengo una posición contraria”, refirió el presidente del Senado, en relación a la posición que externó el expresidente Fernández a través de un artículo publicado el lunes en el Listín Diario. “Yo tengo otra interpretación del artículo 277 de la que le da el presidente del PLD, y recuerden que ese artículo y todo el contenido de la Constitución del 2010 y todos los trabajos de esa reforma, quien lo dirigió es quien está dirigiendo la palabra”, agregó Pared Pérez.
El senador peledeísta dijo que conoce la procedencia y por qué se incluyó ese artículo 277 que no estaba en el texto original, tras recordar que la Constitución es de interpretación estricta.
Dijo que continúa pendiente la reunión del Comité Político del PLD y por tanto el informe que deberá de rendir la comisión de abogados constitucionalistas para decidir si proceden o no las primarias abiertas. “En las cosas importantes la celeridad no es buena consejera. Hay que hacer las cosas a su tiempo”, dijo.
Refirió que si hay algo que caracteriza al PLD es que tiene una dirección “madura, sensata y sobre todo muy experimentada”.
(+)
GARCÍA PROPONE TREGUA NAVIDAD A PELEDEÍSTAS
El ministro de Turismo, y miembro del Comité Político del PLD, Francisco Javier García, propuso a los dirigentes de esa organización hacer una pausa hasta el próximo año, de sus opiniones acerca de las primarias abiertas o cerradas.
Dijo que la época navideña de que disfruta el pueblo dominicano favorece manifestaciones de amor y de solidaridad, no de discusión política.
García observó que diciembre representa el mes de mayor simbolismo para el PLD, porque el día 15, del año 1973, fue que Juan Bosch, junto a un reducido número de dirigentes que abandonó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fundó la organización.
Además, que el PLD tiene la responsabilidad social y política de garantizar la unidad partidaria, para continuar llevando bienestar al pueblo y apoyar la gestión del presidente Danilo Medina.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
En segundo lugar, se produce una burocracia parlamentaria innecesaria. Las comisiones deben volver a estudiar los mismos proyectos, emitir informes que ya habían hecho, realizar nuevas vistas públicas sobre textos que ya fueron conocidos. El Pleno del Senado o de la Cámara de Diputados debe volver a leer, discutir y votar los mismos artículos. Todo ese tiempo y esfuerzo se desperdicia, y mientras tanto otros temas, nuevos y urgentes, quedan rezagados.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
Ante esta realidad, la solución es clara: reformar el Reglamento del Senado y el artículo 104 de la Constitución para permitir que los proyectos de ley mantengan su vigencia durante todo el cuatrienio constitucional, no apenas por un año. Que los esfuerzos legislativos no se pierdan por formalismos, sino que avancen hasta ser aprobados o rechazados de forma expresa. Que el Congreso legisle con seriedad, sin premura artificial ni dilaciones forzadas.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.