Santo Domingo.-De manera sorpresiva e inesperada, personal de la fiscalía del Distrito Nacional inició ayer el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, en medio de las expectativas de que en cualquier momento la Procuraduria General de la República podría solicitar a un juez la prisión preventiva de los implicados en el caso de los sobornos admitidos por la Constructora Odebrecht.Nacionales
Remozan cárcel del Palacio de Justicia
RUMORAN QUE A ESE PRESIDIO SERÁN LLEVADOS LOS DEL CASO ODEBRECHT
Santo Domingo.-De manera sorpresiva e inesperada, personal de la fiscalía del Distrito Nacional inició ayer el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, en medio de las expectativas de que en cualquier momento la Procuraduria General de la República podría solicitar a un juez la prisión preventiva de los implicados en el caso de los sobornos admitidos por la Constructora Odebrecht.El personal de mantenimiento limpia, pinta y adecúa el recinto carcelario que alberga de manera provisional a los imputados en espera de medida de coerción, o con juicio pendiente de conocimiento en esa jurisdicción.
Los empleados pintan de blanco las paredes del pasillo, ubicado en la cuarta planta del edificio, así como la corrección de los sistemas eléctricos y sanitarios.
El equipo que realiza los trabajos de remozamiento no quiso opinar al respecto, aunque los rumores sobre las razones de la limpieza se esparcieron por todo el edificio.
Aunque ninguna autoridad del Palacio de Justicia lo confirmó, las reparaciones se hacen en momentos en que se esperan detenciones de personas involucradas en el expediente Odebrecht.
“Se la están poniendo nuevecita a los próximos que serán detenidos”, expresó detrás de los barrotes unos detenidos alojados en una de las celdas contiguas a donde se realizan los trabajos. Trascendió que desde la Procuraduría General de la República fueron llevadas camas nuevas al recinto carcelario, ubicado en la calle Fabio Fiallo esquina Beller, de Ciudad Nueva, que alberga alrededor de 100 reclusos.
“Están pintando; están remodelando, parece que viene alguien grande para acá”, dijo a la salida del Palacio de Justicia un abogado cuando visitaba a su cliente detenido en una celda.
Los movimientos se producen justamente en momento en que la Procuraduría de la República se apresta a solicitar medida de coerción en contra de los implicados en el caso Odebrecht.
Todos los tribunales de la ciudad de Santo Domingo que operaban durante la opresión de los gobiernos de Rafael Leonidas Trujillo Molina estuvieron alojados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta el año 1959.
En un solo edificio, el militar despótico concentró las diversas instancias de los tribunales hasta llegar a la corte de casación.
Allí estaban la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia junto a las cortes de casación. Los tribunales de primera instancia, en cámaras penales y civiles; los juzgados de instrucción, el Tribunal Superior de Tierras, el Registro de Títulos de Propiedad y la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.
El 25 de octubre de 1944 se abrieron las puertas del reconstruido Palacio de Justicia, borrando las huellas del incendio que sufrió el 11 de diciembre de 1925, el que algunos achacaron a Trujillo, para eliminar documentos que lo incriminaban en delitos.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.