La Consejería de Salud de Madrid recibió cartas de renuncia de 322 profesionales de 137 centros, entre ellos 120 directores, quienes decidieron abandonar sus funciones para evitar se concrete la privatización de seis hospitales y 27 centros de atención primaria.
Sector sanitario ha realizado múltiples protestas en los últimos dos meses (Foto: EFE)
Más de 300 trabajadores y profesionales de la salud en Madrid, capital española, enviaron este martes sus respectivas cartas de renuncia a las máximas autoridades sanitarias, como medida de protesta contra la privatización del sector que pretenden imponer actualmente los gobiernos central y regional.
En total, la Consejería de Salud de Madrid recibió cartas de renuncia de 322 profesionales de 137 centros, entre ellos 120 directores, quienes decidieron abandonar sus funciones para evitar que se lleve a cabo la privatización de seis hospitales y 27 centros de atención primaria.
De igual manera, otros tres mil trabajadores manifestaron por escrito su disposición de renunciar a las comisiones de gestión de los centros de salud que se dejarán en manos privadas, una acción que, de concretarse, podría causar un «colapso» en la atención y la organización de los hospitales, según medios españoles.
Las renuncias se harán efectivas una vez se concreten las privatizaciones anunciadas el pasado 1 de noviembre y aprobadas el 27 de diciembre, pese a una ola de paros y movilizaciones protagonizadas por los trabajadores del sector.
Desde el anuncio de la medida se han realizado cinco marchas multitudinarias -con el apoyo de otros sectores laborales-, seis paros parciales y hasta una huelga por tiempo indefinido, que luego se levantó cuando la Asamblea de Madrid aprobó la medida.
Según el gobernador de Madrid, Ignacio González, del Partido Popular (PP), la privatización permitirá a la Comunidad ahorrar 533 millones de euros (casi 700 millones de dólares) del presupuesto y cumplir con los objetivos de déficit que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a las 17 regiones del país.
Los trabajadores de la Salud tampoco descartaron presentar acciones legales en caso de que se lleve a cabo la privatización, si consideran que esa iniciativa no se ajusta a la legalidad.
Un comunicado del sector destacó que «como trabajadores de la sanidad pública» se ven obligados «a no colaborar en su desmantelamiento como ejecutores pasivos de medidas que perjudican a profesionales y pacientes», informó el diario digital español Público.
Asimismo, los directivos que renunciaron denunciaron que “se entregarán los recursos públicos a manos privadas con la ilusión de un menor costo, ignorando la acreditada capacidad de los profesionales para llevarla a cabo».
España atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una economía en recesión y un desempleo en constante ascenso, que ya llega al 26,6 por ciento, según datos difundidos este martes por la oficina de estadísticas europea Eurostat.