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Reenvían juicio de fondo por muerte de adolescente
Santo Domingo, R.D.- El juicio de fondo del caso de la menor de 16 años, Esmeralda Richiez Martínez, fue reenviado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia para el 6 de febrero a las 9:00 de la mañana, el cual estaba programado originalmente para este lunes.
El 13 de febrero de 2023, la menor fue encontrada muerta en su habitación en la comunidad de Vista Alegre, municipio Higüey, provincia La Altagracia.
El maestro de matemáticas de Esmeralda, Jhon Kelly Martínez, está siendo imputado por el caso y se encuentra en prisión en el CCR-14 Anamuya, acusado de provocarle la muerte a la adolescente.
«Se pospuso para darle la oportunidad de recuperarse, ya que ella es quien preside el tribunal y lleva el control de la audiencia», explicó Rodríguez.
Los días previstos para llevar a cabo el proceso son el 1 y 6 de febrero próximos.
Rodríguez destacó que en esta etapa se presentarán los testigos fundamentales, especialmente los peritos forenses, quienes sustentarán sus peritajes y acreditarán sus hallazgos ante el tribunal.
«Es una etapa importantísima porque se les puede interrogar, dan sus opiniones y edifican al tribunal sobre lo que encontraron», agregó.
El abogado también señaló que los informes de los peritos se centran en los hallazgos y no mencionan la presencia de semen o espermatozoides en la vagina de Esmeralda. Según él, si no se menciona este tema es porque no se encontraron pruebas al respecto.
En relación al hecho de que el imputado compró una pastilla para el día después, Rodríguez cuestionó su relevancia, ya que no se ha encontrado evidencia científica de que él haya eyaculado dentro de Esmeralda.
La estudiante de 16 años falleció, según el Ministerio Público, como resultado de una relación «sexual violenta» con el profesor, lo que provocó un desgarro vaginal, hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte.
Presuntamente, ambos salieron con un grupo de amigos a la playa de Macao la noche del domingo 12 de febrero. Cuando la joven regresó a su residencia, presentaba sangrado. Fue encontrada muerta al día siguiente por su padre, quien fue a despertarla para que fuera a la escuela ubicada en el distrito municipal de La Otra Banda, en la provincia mencionada.
El 14 de febrero, el Ministerio Público arrestó al profesor para investigarlo por la muerte de Esmeralda Richiez. Dos días después, se solicitó prisión preventiva contra Jhon Kelly Martínez.
El 15 de febrero, la familia y compañeros de estudio de la joven le dieron el último adiós en el cementerio local. La describieron como una joven bondadosa, alegre y siempre preocupada por el bienestar de sus compañeros. Ese mismo día, el Ministerio de Educación anunció la suspensión del docente implicado en el incidente.
El 17 de febrero, la familia de la joven cuestionó los resultados de la autopsia, considerando que las informaciones ofrecidas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) solo representan el 10% de los resultados dados a conocer.
El 20 de febrero, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia dictó un año de prisión preventiva contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez, de 16 años.
El 23 de febrero se conoció la noticia de que el automóvil en el que se transportaban los jóvenes fue vendido al día siguiente del incidente por RD$850,000.
El 28 de febrero, el Ministerio Público también arrestó a la esposa del profesor, pero fue puesta en libertad el 1 de marzo al no encontrarse vínculos con el caso.
Desde la vinculación del docente con la menor, hasta mayo de 2023 se han registrado 269 casos de acoso sexual en las escuelas del país. Desde enero de 2022, 18 docentes han sido suspendidos por esta causa.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.