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República Dominicana empeora en ranking sobre estado de derecho
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8 años agoon
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LA REDACCIÓNSANTO DOMINGO, República Dominicana.- La República Dominicana se posicionó en el lugar 90 en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que mide el Estado de Derecho en 113 países con base en más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos.
El ranking evalúa varios temas relacionados al estado de derecho como lo es la Ausencia de Corrupción, en el que la República Dominicana se posicionó en el lugar 88 de 113, siendo 113 el peor.
La República Dominicana obtuvo su peor nota en el ámbito de Justicia penal, donde se posiciona en el lugar 100 de 113.
En cuanto al renglón “cumplimento de normativa” el país ocupó el lugar número 99, y 94 en orden y seguridad.
En los renglones “justicia civil” y “restricciones a los poderes del Gobierno”, la República Dominicana ocupa el lugar 88, mientras que obtuvo los lugares 50 y 54 respectivamente en “Gobierno abierto” y “derechos fundamentales” .
De manera general, Venezuela ocupo en estos momentos el lugar 113 resultando este, el país con peor situación en cuanto a estado de derecho se refiere.
Con datos primarios, el Índice de Estado de Derecho del WJP mide el desempeño de los países en cuanto a Estado de Derecho utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.
Desde la publicación del último Índice de Estado de Derecho en octubre de 2016, la mayoría de los países en el mundo vio un deterioro en las puntuaciones de temas de derechos humanos, límites al poder gubernamental, justicia civil, y justicia penal. El mayor deterioro se observó en el Factor 4, Derechos Fundamentales, donde 71 de 113 países empeoraron.
Este factor mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y la seguridad, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación, y derechos laborales.
El segundo deterioro ocurrió en el Factor 1, Límites al Poder Gubernamental (que mide si los gobernantes están sujetos a la ley), donde 64 de 113 países vieron una disminución en sus puntuaciones. Adicionalmente, 34% de los países vieron deterioros en sus puntuaciones, frente a 29% que tuvieron mejoras, tomando como referencia el Índice de 2016 –lo cual es una tendencia preocupante.
Por su parte, 37% de los países incluidos en el Índice mantuvieron una puntuación constante. “Somos testigos de un deterioro a nivel global en aspectos fundamentales para el Estado de Derecho”, dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP.
“Una reducción en la adherencia al Estado de Derecho en cualquier lugar es una amenaza para el desarrollo en todas partes”. El país que experimentó el cambio más marcado en esta edición del Índice (tomando como referencia el Índice de 2016) fue Filipinas, que cayó 18 posiciones, para ubicarse en el puesto 88 de 113 países en el mundo, y en el lugar 13 de los 15 países que componen la región de Asia Oriental y el Pacífico.
Las disminuciones más significativas ocurrieron en Límites al Poder Gubernamental, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, y Justicia Penal.
Los tres primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 son Dinamarca (1), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113). Los tres primeros lugares y los tres últimos no han cambiado desde la edición de 2016. Los líderes en cada región son: Nepal (Asia del Sur); Georgia (Europa Oriental y Asia Central); Ghana (África Subsahariana); Uruguay (América Latina y el Caribe); Emiratos Árabes Unidos (Medio Oriente y 2 Norte de África); Nueva Zelanda (Asia Oriental y el Pacífico); y Dinamarca (Europa Occidental y América del Norte).
El Índice de Estado de Derecho del WJP es la principal fuente de datos originales sobre el Estado de Derecho en el mundo. El Índice se basa en más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.
El Índice evalúa el desempeño de los países utilizando 44 indicadores organizados en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal. Las puntuaciones se pueden comparar a nivel global, regional, y por nivel de ingreso.
“El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.
Principales hallazgos a nivel regional: • A nivel mundial, los países ubicados en la región de Europa Occidental y América del Norte continúan en las primeras posiciones del Índice de Estado de Derecho del WJP, seguidos de los países de Asia Oriental y el Pacífico.
ACERCA DEL WORLD JUSTICE PROJECT: El World Justice Project (WJP) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias.
El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.
acento.com.do
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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas
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1 día agoon
enero 11, 2026
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
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1 día agoon
enero 11, 2026
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía
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2 días agoon
enero 10, 2026
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
