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República Dominicana empeora en ranking sobre estado de derecho

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La República Dominicana se posicionó en el lugar 90 en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que mide el Estado de Derecho en 113 países con base en más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos.

El ranking evalúa varios temas relacionados al estado de derecho como lo es la Ausencia de Corrupción, en el que la República Dominicana se posicionó en el lugar 88 de 113, siendo 113 el peor.

La República Dominicana obtuvo su peor nota en el ámbito de  Justicia penal, donde se posiciona en el lugar 100 de 113.

En cuanto al renglón “cumplimento de normativa” el país ocupó el lugar número 99, y  94 en orden y seguridad.

En los renglones “justicia civil” y “restricciones a los poderes del Gobierno”, la República Dominicana ocupa el lugar 88, mientras que obtuvo los lugares 50 y 54 respectivamente  en “Gobierno abierto” y “derechos fundamentales” .

De manera general, Venezuela ocupo en estos momentos el lugar 113 resultando este, el país con peor situación en cuanto a estado de derecho se refiere.

Con datos primarios, el Índice de Estado de Derecho del WJP mide el desempeño de los países en cuanto a Estado de Derecho utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.

Desde la publicación del último Índice de Estado de Derecho en octubre de 2016, la mayoría de los países en el mundo vio un deterioro en las puntuaciones de temas de derechos humanos, límites al poder gubernamental, justicia civil, y justicia penal. El mayor deterioro se observó en el Factor 4, Derechos Fundamentales, donde 71 de 113 países empeoraron.

Este factor mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y la seguridad, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación, y derechos laborales.

El segundo deterioro ocurrió en el Factor 1, Límites al Poder Gubernamental (que mide si los gobernantes están sujetos a la ley), donde 64 de 113 países vieron una disminución en sus puntuaciones. Adicionalmente, 34% de los países vieron deterioros en sus puntuaciones, frente a 29% que tuvieron mejoras, tomando como referencia el Índice de 2016 –lo cual es una tendencia preocupante.

Por su parte, 37% de los países incluidos en el Índice mantuvieron una puntuación constante. “Somos testigos de un deterioro a nivel global en aspectos fundamentales para el Estado de Derecho”, dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP.

“Una reducción en la adherencia al Estado de Derecho en cualquier lugar es una amenaza para el desarrollo en todas partes”. El país que experimentó el cambio más marcado en esta edición del Índice (tomando como referencia el Índice de 2016) fue Filipinas, que cayó 18 posiciones, para ubicarse en el puesto 88 de 113 países en el mundo, y en el lugar 13 de los 15 países que componen la región de Asia Oriental y el Pacífico.

Las disminuciones más significativas ocurrieron en Límites al Poder Gubernamental, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, y Justicia Penal.

Los tres primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 son Dinamarca (1), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113). Los tres primeros lugares y los tres últimos no han cambiado desde la edición de 2016. Los líderes en cada región son: Nepal (Asia del Sur); Georgia (Europa Oriental y Asia Central); Ghana (África Subsahariana); Uruguay (América Latina y el Caribe); Emiratos Árabes Unidos (Medio Oriente y 2 Norte de África); Nueva Zelanda (Asia Oriental y el Pacífico); y Dinamarca (Europa Occidental y América del Norte).

El Índice de Estado de Derecho del WJP es la principal fuente de datos originales sobre el Estado de Derecho en el mundo. El Índice se basa en más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.

El Índice evalúa el desempeño de los países utilizando 44 indicadores organizados en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal. Las puntuaciones se pueden comparar a nivel global, regional, y por nivel de ingreso.

“El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

Principales hallazgos a nivel regional: • A nivel mundial, los países ubicados en la región de Europa Occidental y América del Norte continúan en las primeras posiciones del Índice de Estado de Derecho del WJP, seguidos de los países de Asia Oriental y el Pacífico.

ACERCA DEL WORLD JUSTICE PROJECT: El World Justice Project (WJP) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias.

El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

acento.com.do

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Poder Ejecutivo deposita en el Senado proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, que crea la DNI

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Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader despositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la ley número 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según informó la Presidencia de la República en un comunicado.

La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.

El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.

«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.

También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».

De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.

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MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.

A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP aseguró que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas; ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública, iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos y recursos humanos.

“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.

El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.

“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.

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Raquel Peña dirigirá otro gabinete; Abinader la designa como presidenta del Gabinete de Educación

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Santo Domingo, R.D.-La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación, en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.

El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.

En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.

En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.

Joel Santos

En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.

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