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Aumenta significativamente negocio con deportación de haitianos en el país.
Santo Domingo, R.D.-En la medida en que aumenta el apresamiento de haitianos indocumentados en la República Dominicana y que son deportados toma cuerpo el negocio que estos operativos implican en beneficio de clanes militares y civiles, cuya cifra reportada en los últimos horas alcanza a 250.741 nativos del vecino pais, según la Dirección General de Migración (DGM).
El organismo refirió en un documento que en agosto fueron repatriados a Haití 35.276 ciudadanos de ese país, dando continuidad a la política de deportación «masiva» que el Gobierno dominicano comenzó en octubre del año pasado.
Las repatriaciones son realizadas luego de un trato individual en los centros de procesamiento que la DGM tiene en diferentes demarcaciones territoriales y donde a cada persona se le toman los datos biométricos y huellas dactilares, además de que se investiga el real estatus y la condición de cada uno.
Las estadísticas de la DGM muestran que las deportaciones de agosto constituyen la cantidad más alta procesada en un mes durante este año.
En ese orden, aseguró que en enero fueron deportados 31.221 ciudadanos haitianos; en febrero 26.659; en marzo 28.534, en abril 32.540; en mayo 34.290; en junio 30.759, y en julio 31.462.
La política de repatriación que ejecuta República Dominicana ha sido criticada por organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido al aumento de casos de personas vulnerables, incluyendo embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a una situación humanitaria cada vez más precaria en Haití, que atraviesa una grave crisis de seguridad y precariedad en todos los órdenes.
Amnistía Internacional (AI) ha señalado que las políticas migratorias en República Dominicana están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.