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República Dominicana investigará con Venezuela caso avión con drogas en que murieron dos personas
En relación a la salida del país de la aeronave, Twin Comander, Modelo Aircraft LLC 500, matrícula dominicana número Hl 560, propiedad de la compañía Inter Alia, S.A., se estableció que la operación de salida se realizó desde el Aeropuerto Internacional de La Romana (este) el pasado 25 de septiembre, a las 17.31.
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El Ministerio de Defensa dominicano instruyó a la comisión investigadora de accidentes aéreos para que establezca con las autoridades de Venezuela las circunstancias en las que un avión con destino a ese país se accidentó al aterrizar causando la muerte de dos personas, y en cuyo interior había residuos de drogas.
En un comunicado de prensa se detalla que la comisión investigadora también deberá dilucidar el paradero de los tripulantes del vuelo, que despegó desde la República Dominicana, tal como indican las normativas internacionales de aviación civil para estos casos.
En las investigaciones que han hecho las autoridades dominicanas sobre las aeronaves, que salieron del país de forma regular, participaron la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección Nacional de control de Drogas (DNCD), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el Centro Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Civil (CESAC).
En relación a la salida del país de la aeronave, Twin Comander, Modelo Aircraft LLC 500, matrícula dominicana número Hl 560, propiedad de la compañía Inter Alia, S.A., se estableció que la operación de salida se realizó desde el Aeropuerto Internacional de La Romana (este) el pasado 25 de septiembre, a las 17.31.
“Esta cumplió todos los parámetros establecidos en las regulaciones nacionales e internacionales sobre seguridad operacional y seguridad de la aviación civil, para una operación aérea de aviación general privada”, precisa el comunicado.
Indica que la tripulación de esa aeronave estaba compuesta por el piloto, Avelino Astacio Santana, de nacionalidad dominicana, y el copiloto, Diego Armando León Rivera, de nacionalidad colombiana, y que no hubo ilícito alguno en dicha operación.
En relación a otra aeronave, PA31 Modelo Piper y con matrícula estadounidense, se estableció que salió del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas de Santo Domingo el 12 de agosto, cumpliendo también todos los parámetros establecidos en las regulaciones nacionales e internacionales sobre seguridad operacional y seguridad de la aviación civil.
El destino de esa aeronave era el Aeropuerto Internacional Reyna Beatrix de Aruba, y era pilotada por su propietario, Máximo Gómez Peña, y su copiloto, Francisco Ortiz, ambos dominicanos, y quienes retornaron al país ese mismo día en un vuelo comercial, de modo que la aeronave permaneció en Aruba, desde donde hizo otras operaciones de vuelos durante veintitrés días.
De acuerdo con el comunicado del MIDE, el 4 de septiembre esa aeronave realizó una operación de vuelo desde Aruba a la ciudad de Santa Bárbara del Estado de Zulia, Venezuela, con cuatro personas a bordo (ninguno dominicano), y envuelta en un caso de tráfico ilícito de narcóticos.
La investigación interinstitucional determinó que en el caso referido no se ha violado la legislación dominicana. No obstante, las autoridades seguirán trabajando y aunando esfuerzos para evitar que se use el país para preparar aeronaves que luego se destinan a actividades ilícitas en el ámbito internacional. EFE
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.