Más Noticias
El pais ocupa el segundo lugar con mas visas de EE.UU.
Santo Domingo.- El pais se consolida en la segunda posición con ciudadanos que obtienen visas de inmigrante hacia los Estados Unidos, según datos del Bureau of Consular Affairs del Departamento de Estado, ya que en 2024 más de 53,000 criollos lograron acceder a este tipo de de privilegio, ubicándonse sólo detrás de México con un 9 por ciento del total mundial.
Gráfico que muestra los países que reciben la mayor cantidad de visas de inmigrante hacia Estados Unidos entre 2019 y 2024, destacando a México, República Dominicana, Afganistán, Filipinas, Vietnam, India, China y Cuba.
Evolución del número anual de visas de inmigrante emitidas por Estados Unidos según país de origen, entre 2019 y 2024. México lidera la lista con más de 72,000 visas emitidas en 2024, seguido por República Dominicana con más de 53,000.
El aumento en la emisión de visas de inmigrante a dominicanos refleja un fenómeno constante de movilidad humana. En la última década, el flujo migratorio hacia Estados Unidos se ha mantenido estable. Este movimiento está impulsado por la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar y el acceso a servicios educativos.
En 2024, el gobierno estadounidense emitió 612,258 visas de inmigrante, un 9 % más que en 2023. Dentro de esa cifra, la participación dominicana demuestra la fuerte conexión entre ambos países. También resalta la relevancia de la comunidad dominicana en el exterior, que supera los dos millones de personas solo en territorio estadounidense.
La reactivación del sistema consular tras la pandemia y la digitalización de los procesos migratorios agilizaron los trámites. Gracias a ello, miles de solicitudes acumuladas fueron finalmente aprobadas.
Los factores económicos siguen siendo el principal motor de la emigración. Aunque la República Dominicana mantiene un crecimiento sólido (superior al promedio regional), muchos ciudadanos buscan mayor estabilidad e ingresos en el mercado laboral estadounidense.
Otro elemento clave es la reunificación familiar, una de las categorías más utilizadas por los dominicanos. Según analistas migratorios, más del 70 % de las solicitudes aprobadas corresponden a familiares directos de residentes o ciudadanos estadounidenses.
El interés educativo también ha ganado fuerza. Cada vez más dominicanos emigran con planes de formación profesional y universitaria, aprovechando los programas de residencia que facilitan la transición a la ciudadanía estadounidense.
Además, el cambio generacional marca una nueva tendencia. Los jóvenes de entre 18 y 30 años representan una proporción creciente de los solicitantes. Esto sugiere una migración más planificada, con metas de desarrollo profesional y financiero a largo plazo.
La República Dominicana figura de forma constante entre los países latinoamericanos con más inmigrantes en Estados Unidos, junto con México, Cuba y El Salvador. En 2024, América del Norte recibió más de 201,000 inmigrantes, incluidos miles de dominicanos que se establecieron principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Florida y Massachusetts.
La presencia de la comunidad dominicana tiene un fuerte impacto demográfico, económico y cultural. Según el Migration Policy Institute, las remesas enviadas por dominicanos en el exterior superan los 10,000 millones de dólares anuales. Este flujo de dinero es crucial para la economía nacional y alimenta el consumo interno y la inversión familiar.
Te puede interesar: Remesas RD 2025: ingresos récord y proyecciones optimistas
En el contexto global, la República Dominicana destaca por su migración estructurada y sostenible. El vínculo entre quienes emigran y quienes permanecen en el país genera un círculo económico positivo. Además, el crecimiento de la clase media dominicana en EE. UU. impulsa nuevos emprendimientos binacionales, el turismo de raíces y proyectos inmobiliarios de retorno.
Con información de MERCADO
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.