Santo Domingo, R.D.-Fue definida este lunes por la comisión bicameral del Congreso Nacional  la metodología a seguir para el estudio del proyecto del Código Penal, en la que se estableció la agenda de trabajo, la unificación de las iniciativas y la convocatoria a vistas públicas.

En esta primera fase, la delegación compuesta por 11 senadores y 21 diputados unificará las cinco propuestas del Código Penal y a partir del próximo lunes comenzará su análisis, según expresó Santiago Zorrilla, miembro de la Cámara Alta y que coordina los trabajos.

Más adelante, recibirán a las organizaciones y particulares que deseen plantear sus puntos de vistas.

Asimismo, convocará a vistas públicas para que la población se exprese, pero con la condición de que los inscritos no solo deben exponer sus pareceres, sino que también deben traer las propuestas escritas. Además, no deben lanzar ofensas a los grupos opuestos.

Todos los legisladores consultados han expresado que esta vez la República Dominicana tendrá un nuevo Código Penal.

Zorrilla dijo que los legisladores están «empoderados». Tampoco hay presión internacional, expresaron otros, como Eugenio Cedeño, diputado de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El grupo acordó reunirse el próximo lunes 7 de abril a las 2:00 de la tarde en el Congreso, confirmó el senador Zorrilla.

Los miembros de la comisión, por el Senado, además de Zorrilla, son Pedro Catrain, Antonio Taveras, Omar Fernández, Rafael Barón Duluc, Aracelis Villanueva, Franklin Romero, Félix Bautista, Ramón Rogelio Genao, Lía Díaz y Cristóbal Venerado Castillo.

Por la Cámara de Diputados, están: Wendy Batista, Soraya Suárez, Selinée Méndez, Carolin Mercedes de la Cruz, Carlos Sánchez, Sadoky Duarte, Braulio Espinal, Dorina Rodríguez, Dellys Féliz, Luis Báez, José Miguel Ferreiras, Carmen Williams, Charles Mariotti, Carlos de Pérez, Jorge Tavárez, Mélido Castillo, Pedro Martínez, Kenia Bidó, Eugenio Cedeño, Ramón Martínez, Elías Wessin Chávez y Rogelio Alfonso Genao.

• En 2021, muchos de estos legisladores se alojaron en un hotel de Bayahíbe, La Altagracia, donde completaron el estudio del Código Penal, pero no lo aprobaron.

Observaciones

Una comisión del Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados Dominicano (Conexpcard) planteó este lunes observaciones en varios artículos. Una es que piden llevar la condena a 15 años de prisión para la persona que provocó el accidente de tránsito si la persona ha estado bajo los efectos de las drogas, exceso de velocidad o reincidentes en violar las normas de tránsito.

Además, piden endurecer las penas si los acusados de asociación de malhechores son pertenecientes a comunidades extranjeras asentadas en República Dominicana con antecedentes de crimen organizado, según explicó Miguel de la Rosa, vocero del Conexpcard.

Para el consejo, un delincuente que enfrenta solo dos o tres años de prisión tiene un incentivo para continuar delinquiendo, considerando que el tiempo en prisión podría ser reducido por beneficios procesales.

En ese sentido, solicitan endurecer las penas alineándolas con la gravedad del fenómeno criminal y con las estrategias internacionales de lucha contra el crimen organizado.

Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Ministerio Público continuará la presentación de sus conclusiones en el juicio de fondo del caso de corrupción administrativa denominado Operación Antipulpo y se espera que el mismo finalice su exposición y diga cuántos años solicita para cada uno de los imputados, incluyendo a Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado del entramado.

Las solicitudes de condena serán presentadas ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.

El Ministerio Público ha explicado en su acusación inicial que 27 personas y 21 empresas están involucradas en la supuesta red de corrupción, que habría causado una estafa superior a los 4,500 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano.

Durante las conclusiones, se presentaron pruebas contra Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez y la empresa R & T Construcciones e Inversiones SRL, destacando el papel de Juan Alexis Medina Sánchez como nexo principal del supuesto esquema delictivo.

Los imputados enfrentan cargos por:

La audiencia fue recesada hasta el próximo miércoles 2 de abril, cuando el Ministerio Público continuará con la presentación de sus exposiciones.

Otras conclusiones presentadas

En su exposición contra Rigoberto Alcántara, el fiscal Ernesto Guzmán afirmó que el Ministerio Público demostró que el imputado actuó como «testaferro» dentro del entramado de corrupción.

Los acusados desde el inicio del caso

Según el expediente acusatorio, Juan Alexis Medina Sánchez, principal implicado, creó un entramado societario «mediante tráfico de influencias» aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República. A través de esta estructura, presuntamente realizó maniobras fraudulentas en colaboración con funcionarios.

Entre los acusados también figura su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Otros imputados incluyen a María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Lewyn Ariel, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, Paola Mercedes Molina Suazo, Wacal Bernabé Méndez y José Dolores Santana.

Algunos imputados, como Francisco Pagán y Suriel Suazo, fueron condenados a cinco años de prisión en 2023.

En el caso de Lewyn Ariel Castillo, exanalista de Compras de la Gerencia de Abastecimiento de Edeeste, el juez le concedió una suspensión condicional del proceso. Asimismo, Domingo Antonio Santiago Muñoz recibió un criterio de oportunidad, lo que resultó en la extinción de la acción penal en su contra.

Santo Domingo, R.D.-El trafico aéreo entre República Dominicana y Haití se mantendrá cerrado debido a los altos niveles de inseguridad e inestabilidad que vive la vecina nación, advirtió el presidente Luis Abinader.

El mandatario fue cuestionado durante LA Semanal luego de que el presidente del Consejo de Transición Presidencial de Haití, Fritz Alphonse Jean, manifestara su deseo de que el espacio aéreo, al menos entre Cabo Haitiano y las ciudades fronterizas, sea abierto.

Sin embargo el mandatario señaló que aún no existen las condiciones para dar esa apertura.

«Agradecemos esas declaraciones. No vamos a abrir el espacio aéreo, aun sea por Cabo Haitiano que sería la única posibilidad por la situación de Puerto Príncipe«, dijo Abinader durante La Semanal.

Fritz Alphonse Jean, presidente del consejo de Haití, habló en exclusiva con Listín Diario en una amplia entrevista donde hizo la solicitud de reapertura del espacio aéreo y de reestablecer el diálogo a traves de la comisión mixta

El tráfico aéreo de entre ambos países se encuentra cerrado desde el cinco de marzo del pasado 2024, cuando se emitió mediante la resolución número 46-2024, en medio de una oleada de violencia en Haití en que los disturbios protagonizados por las bandas armadas se extendían hasta el aeropuerto de la capital haitiana, afectando las aeronaves y operatividad de los vuelos.

Sobre la petición de retomar el diálogo a través de la Comisión Mixta Bilateral, el presidente dominicano dijo que agradecía la declaración y que la misma debía ser estudiada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El mandatario manifestó que justo este lunes que la situación de Haití de seguridad se ha agravado, ya que la comunidad llamada Mire-Vale cayó en manos de las bandas.

Abinader manifestó que esa situación “acelera” la implementación de una serie de “mecanismos y acciones” que han sido dialogados con varios sectores.