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Sobornos millonarios son revelados en EDESUR vinculados a operación Lobo.
Santo Domingo. – Un esquema de corrupción ha sido destapado mediante un entramado de lavado de activos que involucra a funcionarios de la Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), según una investigación del Ministerio Público, en la que hay personas que habrían recibido sobornos hasta por 15 millones de pesos dominicanos de parte de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE).
De acuerdo con la medida de coerción, las transferencias realizadas carecían de justificación contractual y coincidían con los períodos de supervisión o pagos de facturas sometidas por la empresa investigada.
El documento explica que las evidencias apuntan a un sistema estructurado de pagos ilícitos que operó entre los años 2012 y 2020.
La medida de coerción dice que entre los implicados figura el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien, en su calidad de director de Seguridad de EDESUR, habría exigido sobornos al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de SENASE. Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo, con el fin de evitar la fiscalización del cumplimiento de los contratos de seguridad.
Además, explica que durante su gestión, Robles Díaz habría contratado de forma irregular los servicios de la empresa SEGUINSA, presuntamente vinculada a un cuñado suyo, sobre la cual también tenía responsabilidad de supervisión directa.
El Ministerio Público dijo que Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, quien, sin ocupar cargo alguno en EDESUR ni en otras instituciones contratantes, actuaba como intermediario para facilitar la entrega de sobornos y agilizar pagos a favor de SENASE. En 2022, Aybar recibió transferencias directas por un total de DOP2,598,216.04 sin respaldo de relación comercial alguna.
Durante la Operación Lobo se realizaron 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago, logrando el arresto de una red integrada por militares y civiles vinculados al esquema delictivo.
Entre los detenidos, además de Robles Díaz y Rodríguez González, figuran los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Elías Camaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.