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Reabren caso Odebrecht de Andrés Dauhajre por decisión de tribunal de Instrucción del Distrito Nacional.

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Santo Domingo, 21 mayo.-El economista Andrés Dauhajre tendrá que enfrentarse a la justicia por supuestamente ser de los sobornados de la empresa Odebrecht tras un tribunal de Instrucción del Distrito Nacional revocar el archivo definitivo de la acusación hecha en su contra  de que recibió dinero de la constructora brasileña por concepto de asesoría.

El archivo del caso se produjo durante la gestión de Jean Alain Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2016 y 2020, decisión que ahora queda sin validez, según informó el dirigente político Guido Gómez Mazara, quien cuestionó en los tribunales la decisión de la Fiscalía.

«Agradezco a Dios y a todos los que creyeron que era posible: el 4to Juzgado de Instrucción acaba de revertir en todas sus partes el archivo definitivo dado durante PGR/ Jean Alain a favor de Andrés Dauhajre referente al dinero recibido de Odebrecht», dijo Gómez Mazara en Twitter.

La PGR confirmó a Efe que se revocó el archivo de la causa contra Dauhajre, aunque aún no se ha notificado oficialmente al Ministerio Público.

La decisión de la PGR había sido objetada por Gómez Mazara y el abogado Domingo Rojas en enero del 2020, «por presuntas operaciones, actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora Odebrecht».

Según dijo entonces el político, Dauhajre, bajo la condición de asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), jugó un papel «sospechoso» durante el proceso y el archivo de esa investigación «dejó al descubierto la intención del poder político de proteger todo un escándalo de corrupción».

En concreto, por un contrato entre la CDEEE y Andrés Dauhajre por valor de 750,000 dólares y en el que la compañía Baker Street Financial, propiedad del economista, aparece como receptora de «montos millonarios» procedentes de Fincastle Enterprises Limited, empresa offshore creada por la brasileña.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dirime desde septiembre de 2020 el caso de los sobornos por valor de 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado para hacerse con contratos de obras públicas, el proceso por corrupción más importante destapado en la historia reciente del país.

Los acusados son los exsenadores Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez Hernández, el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el abogado Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en la República Dominicana.EFE

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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