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Desmantelan red en Santo Domingo Este que robaba retrovisores en la madrugada y los vendían como nuevo..
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público desmanteló en Santo Domingo Este una red delictiva dedicada al robo y comercialización de retrovisores de vehículos, tras una investigación que reveló el modo en que tres hombres operaban en distintos puntos del municipio Los Alcarrizos y otras zonas del Gran Santo Domingo, donde en un solo día se llegaron a registrar hasta cinco denuncias por el mismo tipo de hurto.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, Carlos José Frías Acevedo (a) El Gordo era quien encabezaba las incursiones nocturnas. A bordo de un vehículo Hyundai Sonata —que alternaba entre los colores blanco y gris para no levantar sospechas—, ingresaba en zonas residenciales durante la madrugada y desmontaba con destreza los retrovisores y caperuzas de distintos modelos de automóviles.
Las piezas sustraídas eran vendidas posteriormente a Ismael Abraham Ángeles Benítez, quien fungía como intermediario y acopiaba los artículos en su vivienda ubicada en Los Tres Brazos, donde durante un allanamiento fueron encontrados 15 retrovisores y 13 caperuzas escondidos en gavetas y fundas plásticas, además de dinero en efectivo y un teléfono móvil.
En ese establecimiento, los retrovisores eran almacenados en cajas de cartón y revendidos, dándoles una apariencia de legalidad. En el allanamiento del local se ocuparon más de 150 retrovisores y decenas de caperuzas de diferentes colores, además de un DVR de cámaras de seguridad y otros indicios materiales.
El Ministerio Público señaló que los tres imputados actuaban de manera coordinada y sostenida, conformando una asociación de malhechores dedicada al robo agravado y al lavado de activos, al transformar los bienes sustraídos en mercancía aparentemente legítima.
Las autoridades destacaron que el principal ejecutor, Frías Acevedo, contaba con 11 registros penales activos por delitos similares en distintas jurisdicciones del país, mientras que los otros dos imputados también tenían antecedentes por hechos relacionados.
Por el caso ayer, la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, impuso tres meses de prisión preventiva a los acusados, quienes cumplirán la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
- Además, la magistrada declaró el caso como complejo, atendiendo a la magnitud de los hechos y la estructura organizada de la red.
El expediente evidencia cómo un delito aparentemente menor —el robo de retrovisores— se había convertido en un negocio rentable y sistemático, con ramificaciones que afectaban la seguridad ciudadana y la economía de decenas de conductores en Santo Domingo Oeste y zonas aledañas.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.