Nacionales
Roberto Rosario dice fallo del TC no niega derecho a hijos de extranjeros
El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, consideró este viernes que se está haciendo una “mala interpretación” de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional con relación a la nacionalidad de hijos de ilegales en el país.
Aclaró que a una persona que se encuentre en el país en estado de irregularidad, es decir indocumentado, no se le está negando el derecho a la nacionalidad dominicana, sino, que el fallo lo que está es estableciendo el procedimiento para éste acceder al “disfrute” de la nacionalidad y a la garantía de esa condición a través de un plan de regularización que se definió en la Ley de Migración.
“La sentencia no está negando derecho, la sentencia está encausando y está diciendo todo el quiera se debe basar a eso”, apuntó.
Rosario dijo que los ciudadanos extranjeros, sin importar su nacionalidad, tienen derecho a optar por la nacionalidad dominicana, sean extranjeros regulares –documentados- o irregulares- indocumentados.
Entrevistado en el programa “Enfoque Matinal”, explicó que el artículo 21 de la Constitución dominicana establece que a los 18 años se tiene derecho a obtener una cédula de indetidad y electoral y a ejercer el derecho de ciudadanía.
Ante la pregunta de que cómo se entrega la cédula de identidad a las personas de padres extranjeros nacidos en República Dominicana, Rosario dijo sí se les entregan ya que existen dos tipos de ese documento: las de identidad y electoral y las de identidad de extranjero.
“Cada cédula tiene un portador que se corresponde a un concepto jurídico”, sostuvo.
El funcionario subrayó, además, que el acta de nacimiento “no es un instrumento para otorgar o negar la nacionalidad”, sino un documento declarativo, cuyo propósito es garantizar el derecho al nombre y a la personalidad de todas las personas nacidas en la República Dominicana sean o no extranjeras.
Sobre Juliana Deguis Pierre
El caso de Juliana Deguis Pierre fue objeto de una sentencia por el Tribunal Constitucional que sienta el precedente de que a los hijos de las personas que están ilegales en el país desde el 1929 no les corresponde la nacionalidad dominicana.
El titular de la Junta Central Electoral (JCE) dijo que la declaración de nacimiento de Deguis Pierre establece que sus padres dicen ser nacionales haitianos, “indocumentados desde el punto de vista de los papeles requeridos para la nacionalidad dominicana”, portaban una ficha que era otorgada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en aquel entonces. Eran braceros contratados para trabajar en el país, según ellos declaran.
“Si usted revisa la ley 659, la ley 6125, usted verá que el caso específico de la 6125 establece que todos los jornaleros o braceros al momento de ingresar a la República Dominicana, en el primer pueblo que ingresaran estaban obligados a hacerse de una cédula de extranjeros y que hasta que no tuvieran ese documento su estadía en la República no era regular; explicó el funcionario.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.