Nacionales
Rosado justifica la ausencia de la DNCD en operativo del DNI
La exclusión de la DNCD del operativo contra la red generó sospechas. (Carlos Mejía)
El presidente de la DNCD insinuó ayer que manejar más recursos permitió al DNI desarticular la organización que movía hasta US$12.5 millones mensualmente.Este decomiso se anunció al país el pasado día 13, pero llamó poderosamente la atención que en vez de ser la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la institución que descubriera esta banda mafiosa lo hiciera el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).
Rolando Rosado Mateo volvió a repetir que la DNCD tenía conocimiento de las operaciones que durante cinco años desarrolló esta organización del narcotráfico internacional, pero dijo que no actuaron en consecuencia respetando la iniciativa que en este caso había tomado el DNI.
“El DNI maneja tanto o quizás hasta más recursos que nosotros, porque es la inteligencia del Estado dominicano”, sostuvo Rosado Mateo.
“Tiene y maneja más recursos que la DNCD y cuando se integra de esa manera lo que tenemos todos nosotros es que felicitarnos, porque eso indica que hay un impulso mucho mayor en contra de estas redes”, dijo el presidente del organismo antinarcóticos justificando la acción.
El decomiso de bienes realizado por el DNI figura como el golpe más certero propinado al narcotráfico en las últimas décadas en territorio dominicano, puesto que no existen precedentes de que una organización dedicada a esta actividad haya movido tales sumas de dinero.
Esto provocó una ola de especulaciones que tuvieron como punto de partida la ausencia de la DNCD en un operativo de tanta relevancia como este. Incluso, el día en que el DNI anunció los resultados de esta nueva estocada al narcotráfico, no estuvo presente ningún miembro de la DNCD.
“Vuelvo y lo reitero de nuevo, nosotros teníamos conocimiento de que se estaba llevando a cabo la investigación. Pero, obviamente, cuando hay otras agencias que se integran a la lucha contra las drogas, como es el DNI en este caso, nosotros no tenemos más que aplaudir”, sostuvo Rosado Mateo.
Fue luego de este operativo que, por orden del procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, la DNCD fue integrada a las investigaciones en curso para desmembrar por completo la banda de narcotraficantes y lavadores de activos integrada por colombianos, dominicanos y venezolanos, enviados a prisión como coerción.
Rosado dijo que “el personal de la DNCD ha habido que integrarlo a las investigaciones, a solicitud del Ministerio Público”.
Atribuye al morbo agitar división de organismos
Rosado Mateo asegura que el rumor que habla de la supuesta exclusión de la DNCD en este operativo responde “al morbo” de quienes apuestan a la división de los organismos responsables combatir el crimen organizado.
“La lucha no es entre las agencias (de seguridad), como algunos han pretendido imponer, pensando que hay diferencias. Es todo lo contrario, estamos conscientes de que la lucha es contra el narcotráfico”, expuso Rosado Mateo.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.