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Organizaciones consideran desigual sentencia del TC-168-13 que despojó a miles de descendientes inmigrantes de su nacionalidad.
Santo Domingo, (EFE).- La Plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) advirtió que la desigualdad se ha profundizado en la República Dominicana al conmemorarse este 23 de septiembre doce años de la sentencia TC 168-13, que «despojó» a miles de dominicanos descendientes de migrantes del pleno reconocimiento de su nacionalidad.
Las organizaciones reunidas en la plataforma entienden que la medida emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre de 2013 ha profundizado una brecha que, a pesar de las promesas, la actual gestión de gobierno no ha logrado reducir en ningún aspecto.
PERSISTEN ESQUEMAS OBSOLETOS Y DISCRIMINATORIOS
La plataforma indicó, en una nota, que «la persistencia de esquemas obsoletos y discriminatorios en la administración pública, basados en el origen y condición social de los dominicanos, niega oportunidades de progreso a las personas, sus familias y comunidades y crea no solo ciudadanos, sino provincias de segunda categoría, donde la solución a los problemas no llega».
Los datos de pobreza monetaria que recogen los boletines e informes del antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) respaldan esta afirmación, mostrando que las provincias con mayor número de afectados por la sentencia figuran consistentemente entre las más pobres del país.
Aseguró la ONG que el desempleo, la falta de servicios básicos y el bajo nivel educativo son más pronunciados en estas zonas, generando capas de vulnerabilidad para estas personas.
FALTA DE UNA CEDULA PRINCIPAL INSTRUMENTO BASE DE EXCLUSION
“La falta de una cédula de identidad, principal instrumento de reconocimiento civil, es la base de una extensa cadena de exclusión. Sin este documento, los afectados no pueden acceder a empleos formales, afiliarse al Sistema Dominicano de Seguridad Social, abrir cuentas bancarias o recibir atención médica de calidad, limitando así su desarrollo personal y el de sus comunidades”, dijeron las organizaciones.
La plataforma denunció que en 2024 se han «intensificado» los operativos de detención, creando un clima de incertidumbre y amenaza constante.
«Estos despliegues, que a menudo se basan en el perfil racial, ponen en riesgo a dominicanos que cuentan con sus documentos de identidad, obligándolos a pasar por engorrosos procesos de depuración», denuncó la plataforma.
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.