Primera Plana
Rosario defiende actuación de JCE ante querella de descendientes de haitianos
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), junto a dos miembros de ese organismo, entregó al Procurador General de la Republica un escrito de respuesta a una querella incoada en su contra y de dos oficiales del Registro Civil, por representantes de dominicanos de ascendencia haitiana.
Roberto Rosario Márquez, Rosario Altagracia Graciano y César Francisco Féliz Féliz entregaron al procurador Francisco Domínguez Brito la instancia con las explicaciones y reparos en torno a las imputaciones interpuestas en su contra y de funcionarios del Registro Civil de San Pedro de Macorís y Ramón Santana.
Dijo que las actuaciones de la JCE respecto a las personas a las que negó duplicados de actas de nacimiento fueron validadas en 2011 por una sentencia de la Suprema Corte de Justica.
Rosario Márquez explicó que también el Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia 168-13, juzgó la actuación de la JCE.
Aclaró que el organismo que preside nunca ha anulado actas de nacimiento, porque esa facultad corresponde a los jueces de la jurisdicción ordinaria, al referirse al sometimiento presentado por organizaciones que defienden los derechos de los hijos de inmigrantes haitianos que estaban asentados en Registro Civil.
“Lo que sí hemos hecho es suspender actas con vicios de irregularidad, para fines de investigación, tal y como lo consagra la Ley 659-14 sobre Actos de Estado Civil», acotó el presidente de la JCE.
Tras recibir el documento, Domínguez Brito dijo que el procurador adjunto responsable del Departamento de Dictámenes y Litigios, Víctor Robustiano, maneja la querella de los hijos de descendientes de haitianos.
Empero, dijo que dará acuse de recibo del documento, para que el procurador adjunto tome todas las anotaciones de lugar, ponderando tanto la querella y el escrito de defensa de conformidad con la ley, para luego tomar las decisiones de lugar.
«Nosotros nos comprometemos a que la decisión que adopte el procurador adjunto sea una decisión objetiva acorde a los principios de derecho y a la norma constitucionales que rigen al país», acotó Domínguez Brito.
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