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Ante serie de violaciones a Ley 200-04 disponen su cumplimiento.
El Ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, dispuso tras una serie de violaciones que los titulares de las instituciones del Gobierno central cumplan los plazos establecidos en el articulo 8 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
La misiva, fechada el pasado martes, fue enviada a los responsables de las instituciones del Estado, a fin de cumplir con la normativa legal sin tener que esperar una sentencia del Tribunal Superior Administrativo.
Durante su intervención en LA Semanal con la Prensa el pasado lunes, el presidente Abinader dijo: “cualquier información que la prensa requiera tiene que ser entregada inmediatamente”, al responder a una periodista que lo abordó sobre ese respecto, tras indicar que algunos funcionarios obstruyen el libre acceso a la información en las instituciones que dirigen.
En ese sentido, Santos Echavarría precisó en la misiva: “es imperativo que cada institución pública garantice el cumplimiento estricto de los plazos establecidos por la Ley 200-04 para la entrega de información pública, implemente procedimientos internos para asegurar la pronta y eficiente respuesta a las solicitudes de información y capacite al personal responsable en materia de acceso a la información pública y manejo de las solicitudes”.
El mandatario agregó que el acceso a la información es un derecho fundamental que contribuye al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana; es por esto que, el cumplimiento de estos plazos no solo es una obligación legal; sino, también, un cumplimiento con la transparencia en esta gestión de Gobierno.
Santos Echavarría reiteró que la Ley 200-04 estipula que las solicitudes de acceso a la información pública deben ser respondidas dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, de manera eficaz y oportuna, contados a partir de la recepción de la solicitud; y que, en casos excepcionales, este plazo puede ser extendido por 10 días hábiles adicionales, previa notificación y justificación por escrito al solicitante.
Reporte de la Digeig
Sobre este respecto, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch, reportó que de enero 2020 a noviembre de 2023 se habían recibido, a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), 53,931 pedidos de información de datos a las instituciones del Estado, de las cuales 48,196 fueron respondidas dentro del plazo que estable la Ley General No.200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que representó el 91% completadas.
De 236 portales de transparencia, 224 cumplieron todos los requerimientos en el 2023. Entre tanto que, el resultado de las evaluaciones de transparencia en el primer trimestre del 2024, el 83 % de las instituciones obtuvo sobre los 90 puntos (sobre 100), lo que implica importantes mejoras en términos de respuesta a la población.
El informe precisa, además, que durante la presente administración de Gobierno se han abierto 79 nuevas OAI, para totalizar 314 oficinas de servicio, además de que 954 empleados que laboran en esas dependencias tuvieron acceso a 387 capacitaciones, con la finalidad de ofrecer el servicio de rapidez y calidad que demandan los solicitantes.
Precisa que el SAIP cuenta con 25,212 ciudadanos registrados, los cuales realizaron solicitudes recurrentes y que interactuaron con el sistema.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.