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SCJ conoce hoy apelación acusados caso Odebrecht
Procurador afirma que deben seguir en prisión
SANTO DOMINGO. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá este jueves los recursos de apelación que interpusieron los acusados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht y que están bajo medidas de coerción.
La Segunda Sala Penal de la SCJ, constituida en Corte de Apelación, decidirá si mantiene o varía la decisión del juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, quien impuso medidas de coerción a 13 implicados en el caso Odebrecht.
El tribunal que conocerá los recursos depositados por diez de los imputados está compuesto por los magistrados Miriam Germán Brito, quien lo preside; Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohíto Reyes, Frank Soto y Alejandro Moscoso Segarra.
Los imputados que presentaron recursos de apelación a la decisión del magistrado Ortega Polanco son Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo De Óleo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Ángel Rondón, César Sánchez y el diputado Alfredo Pacheco.
En tanto que los senadores oficialistas Julio César Valentín (Santiago) y Tommy Galán (San Cristóbal), no apelaron, igual que Roberto Rodríguez, a quien le impusieron prisión domiciliaria.
El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió este miércoles que sería un obstáculo para la continuación y profundización de las investigaciones, dejar en libertad o sin ninguna medida de coerción a los 10 imputados que apelaron la sentencia que les impuso diferentes medidas coercitivas por su presunta participación en los sobornos de Odebrecht.
Rodríguez destacó que este riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la sentencia de medidas de coerción que dictó el pasado 7 de junio, a tal punto que a los 13 imputados presentes, sin excepción, le impuso algún tipo de medida coercitiva, incluida la prisión preventiva para 8, el arresto domiciliario para 2, así como también garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados.
“Está en manos de los jueces decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra riesgo”, dijo.
La Policía Internacional fue notificada de la orden de captura que pesa contra Bernardo Castellanos de Moya, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), por su vinculación al caso Odebrecht.
Castellanos, supuestamente se encontraba en Panamá cuando el Ministerio Público presentó acusación contra los que presuntamente recibieron soborno de parte de la constructora brasileña.
La orden, marcada con el número 2017/165235, dice que el acusado pudiera estar en Estados Unidos. Se recuerda que Castellanos dijo que terminaría unos trabajos para luego venir al país a defenderse.
La jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, declaró irrecibible el recurso de Hábeas Corpus que interpuso Andrés Bautista, por prisión ilegal, por entender que obtuvo la libertad de pleno derecho. Almonte explicó en su resolución que existe otra vía procesal, la Suprema Corte de Justicia, tribunal apoderado del caso, para la tutela del derecho fundamental que se entiende trastocado.
SANTO DOMINGO. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá este jueves los recursos de apelación que interpusieron los acusados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht y que están bajo medidas de coerción. La Segunda Sala Penal de la SCJ, constituida en Corte de Apelación, decidirá si mantiene o varía la decisión del juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, quien impuso medidas de coerción a 13 implicados en el caso Odebrecht. El tribunal que conocerá los recursos depositados por diez de los imputados está compuesto por los magistrados Miriam Germán Brito, quien lo preside; Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohíto Reyes, Frank Soto y Alejandro Moscoso Segarra. Los imputados que presentaron recursos de apelación a la decisión del magistrado Ortega Polanco son Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo De Óleo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Ángel Rondón, César Sánchez y el diputado Alfredo Pacheco. En tanto que los senadores oficialistas Julio César Valentín (Santiago) y Tommy Galán (San Cristóbal), no apelaron, igual que Roberto Rodríguez, a quien le impusieron prisión domiciliaria. Advertencia El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió este miércoles que sería un obstáculo para la continuación y profundización de las investigaciones, dejar en libertad o sin ninguna medida de coerción a los 10 imputados que apelaron la sentencia que les impuso diferentes medidas coercitivas por su presunta participación en los sobornos de Odebrecht. Rodríguez destacó que este riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la sentencia de medidas de coerción que dictó el pasado 7 de junio, a tal punto que a los 13 imputados presentes, sin excepción, le impuso algún tipo de medida coercitiva, incluida la prisión preventiva para 8, el arresto domiciliario para 2, así como también garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados. “Está en manos de los jueces decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra riesgo”, dijo. Captura internacional La Policía Internacional fue notificada de la orden de captura que pesa contra Bernardo Castellanos de Moya, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), por su vinculación al caso Odebrecht. Castellanos, supuestamente se encontraba en Panamá cuando el Ministerio Público presentó acusación contra los que presuntamente recibieron soborno de parte de la constructora brasileña. La orden, marcada con el número 2017/165235, dice que el acusado pudiera estar en Estados Unidos. Se recuerda que Castellanos dijo que terminaría unos trabajos para luego venir al país a defenderse. Hábeas Corpus La jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, declaró irrecibible el recurso de Hábeas Corpus que interpuso Andrés Bautista, por prisión ilegal, por entender que obtuvo la libertad de pleno derecho. Almonte explicó en su resolución que existe otra vía procesal, la Suprema Corte de Justicia, tribunal apoderado del caso, para la tutela del derecho fundamental que se entiende trastocado.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.